Hace
muy pocos días nos despertamos con un nuevo incendio en el asentamiento de
infraviviendas de Los Grillos, en Níjar. Otro más. Hablar de chabolismo en la
provincia de Almería no es hablar de una anomalía puntual ni de una situación
coyuntural, es hablar de un problema estructural, cronificado durante décadas,
íntimamente ligado al modelo de agricultura intensiva que sostiene buena parte
de nuestra economía provincial.
Un
modelo que genera riqueza, exportaciones y beneficios, pero que ha sido incapaz
—o ha renunciado— a garantizar condiciones de vida dignas para miles de las
personas migrantes que lo hacen posible con su trabajo diario.
Cuando
hablamos de chabolismo solemos pensar en asentamientos visibles, pero esa es
solo la parte más conocida del problema. Existe otra realidad mucho más extensa
y silenciada: la infravivienda rural dispersa, formada por cortijos
abandonados, casetas de aperos, almacenes agrícolas o construcciones fuera de
normativa, ocultas entre los invernaderos y alejadas de los núcleos urbanos.
Según
el informe La infravivienda invisibilizada. Aproximación al chabolismo disperso
en los diseminados del campo de Níjar, elaborado por el Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM)-Almería, en el campo nijareño -uno de los municipios más
afectados- existen en torno a 470 infraviviendas rurales dispersas, en las que
viven entre 1.250 y 1.400 personas, de las cuales al menos 275 son menores de
14 años, cifra que podría superar las 480 personas menores de edad si se amplía
el rango hasta los 18 años.
Estos
datos desmienten cualquier intento de minimizar el problema. No estamos ante
situaciones excepcionales, sino ante una forma estructural de exclusión
residencial. En el municipio de Níjar, cerca del 20% de la población reside en
diseminados, un porcentaje muy superior al de otros municipios agrícolas de la
provincia y que revela hasta qué punto la segregación residencial se ha
normalizado.
Las
condiciones de vida en estas infraviviendas vulneran de forma sistemática los
derechos humanos más básicos: ausencia de agua potable, cortes continuos de
electricidad o falta total de suministro, hacinamiento, humedades, mala
ventilación, aislamiento geográfico extremo y riesgos constantes de incendio o
inundación. A la inmensa mayoría de estas personas el gobierno de PP y VOX les
niega el empadronamiento municipal (a pesar de lo establecido por la Ley), lo
que les impide acceder con normalidad a la sanidad, la educación, los servicios
sociales o la regularización administrativa. Viven y trabajan aquí, pero
permanecen obligatoriamente y contra su voluntad fuera del sistema.
Pero
esta realidad no es fruto del azar. Es consecuencia de décadas de inacción
política, de un mercado del alquiler profundamente discriminatorio y, sobre
todo, de un modelo productivo que ha externalizado los costes sociales de la
agricultura intensiva. El sector agroalimentario de Almería necesita mano de
obra barata, disponible y flexible, pero no asume la responsabilidad de
garantizar condiciones de vida dignas para quienes sostienen sus empresas.
El
chabolismo no es solo un problema social: es una fractura democrática.
Normalizar que miles de personas vivan “bajo el plástico” supone aceptar una
desigualdad estructural incompatible con cualquier idea seria de justicia
social y de desarrollo sostenible.
Propuestas
para una solución corresponsable
Erradicar
el chabolismo en Almería es posible, pero exige una corresponsabilidad real de
todos los implicados:
• Las empresas agroalimentarias deben
asumir compromisos obligatorios en la creación y financiación de alojamientos
dignos vinculados al empleo agrícola. Los beneficios no pueden seguir siendo
privados mientras los costes sociales recaen sólo en lo público.
• Los ayuntamientos deben impulsar
planes locales integrales que combinen realojos, rehabilitación, regularización
urbanística y empadronamiento, evitando procesos de desalojo sin alternativa
habitacional. Además, mientras estas alternativas no sean una realidad, deben
garantizar el acceso a los servicios básicos (limpieza, electricidad, agua…) a
esta parte de su población y -por supuesto- deben facilitar su empadronamiento.
• La Diputación Provincial de Almería
debe asumir su liderazgo en la coordinación supramunicipal, aportando recursos
técnicos y económicos a los municipios con menor capacidad.
• Por fin, la Junta de Andalucía debe
aportar una dotación presupuestaria suficiente y ampliación real del Plan para
la Erradicación de Asentamientos Irregulares, incorporando de forma clara la
infravivienda rural dispersa.
En
todo este proceso, deben ocupar un papel central las entidades sociales con una
larga trayectoria en la atención a los migrantes y un profundo conocimiento del
territorio, como CEPAIM, Almería Acoge y el Servicio Jesuita de Migración,
fundamentales para la gestión de alternativas habitacionales dignas y el
acompañamiento social.
Erradicar
el chabolismo no es una concesión ni una utopía: es una obligación ética,
social y política. La dignidad no puede depender del origen ni del tipo de
contrato. Garantizar vivienda digna para quienes hacen posible el campo
almeriense es una cuestión de justicia social y de futuro para nuestra
provincia.
