Las portadas de los tres periódicos de Almería
La antigua ciudad fenicia de Baria
Hay decisiones políticas que definen el modelo de sociedad que queremos construir. Y pocas resultan tan reveladoras como la forma en la que una administración trata su patrimonio histórico. Porque proteger un yacimiento arqueológico no consiste únicamente en conservar unas piedras antiguas; significa respetar nuestra memoria colectiva, preservar un legado irrepetible y entender que la historia no puede sacrificarse en beneficio de particulares intereses urbanísticos.
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| Juan Grima, de Unidos por Baria / Loa |
Lo que está ocurriendo con la antigua ciudad fenicia de Baria constituye, probablemente, uno de los ejemplos más preocupantes de la política patrimonial que viene desarrollando la Junta de Andalucía en los últimos años.
Baria no es un yacimiento cualquiera. Fundada en el siglo VII AC, fue uno de los principales enclaves comerciales fenicios del Mediterráneo occidental. Sus restos documentan siglos de presencia fenicia, púnica y romana, con una extraordinaria riqueza arqueológica que ha convertido este enclave en una referencia internacional desde que Luis Siret iniciara sus investigaciones a finales del siglo XIX. Su necrópolis, con más de dos mil enterramientos documentados, sus instalaciones portuarias y su papel en las rutas comerciales del Mediterráneo hacen de Baria un patrimonio excepcional.
Precisamente por ese valor resulta incomprensible que hoy el debate no sea cómo ampliar su protección, sino cómo compatibilizarla con nuevas promociones urbanísticas.
La inclusión de Baria en la Lista Roja de Hispania Nostra debería haber provocado una reacción inmediata de la Junta de Andalucía. Sin embargo, lejos de convertirse en un punto de inflexión, parece haber sido recibida con una preocupante normalidad institucional. Hispania Nostra no incorpora un bien a esta lista de manera arbitraria. Lo hace cuando aprecia un riesgo real de desaparición, alteración o deterioro irreversible. Y en el caso de Baria identifica expresamente la presión urbanística como una de las principales amenazas para su conservación.
La situación resulta todavía más preocupante si recordamos que Andalucía acumula ya 226 bienes patrimoniales incluidos en esa Lista Roja, siendo la segunda comunidad autónoma española con mayor número de elementos en riesgo. Solo la provincia de Almería suma 19 bienes en esta relación. Son cifras oficiales que deberían avergonzar a cualquier administración que afirme situar la cultura entre sus prioridades.
La opacidad pone de manifiesto los verdaderos intereses que defiende la Junta
La asociación Unidos por Baria ha denunciado durante años la falta de transparencia de la Administración autonómica. Resulta especialmente significativo que haya sido necesaria una resolución judicial para que la Junta entregara la memoria arqueológica preliminar de la parcela donde se proyecta la construcción de 24 viviendas, un documento que llevaba años en su poder y cuya entrega fue denegada reiteradamente alegando la propiedad intelectual de su autora.
Cuando hablamos de un patrimonio que pertenece a toda la sociedad, la transparencia debería ser irrenunciable. Sin embargo, la Junta obligó a una asociación ciudadana a acudir a los tribunales para acceder a una información esencial para la defensa de Baria. Una actitud que transmite la imagen de una Administración más preocupada por proteger operaciones ligadas al ladrillo que por salvaguardar el patrimonio histórico.
Mientras expertos y asociaciones reclaman reforzar la protección de Baria, la Junta sigue apostando por compatibilizar su conservación con nuevos desarrollos urbanísticos. Pero el patrimonio arqueológico no admite términos medios: cada estructura destruida o cada estrato alterado supone una pérdida irreversible de nuestra historia.
La protección del patrimonio exige decisiones valientes, mayor inversión en conservación, equipos técnicos suficientes y una gestión transparente. Sin embargo, la política de la Junta parece orientarse en sentido contrario, priorizando demasiadas veces el desarrollo urbanístico frente a la preservación de bienes que son únicos e irrepetibles.
La verdadera riqueza de Baria no está en el suelo que puede edificarse, sino en la historia que permanece bajo él. Esa historia pertenece a todos los almerienses y no puede quedar subordinada a intereses especulativos.
Desde Movimiento Sumar Almería
seguiremos defendiendo que proteger el patrimonio cultural no es un freno al
desarrollo, sino una inversión de futuro.
La historia de Almería necesita administraciones que comprendan que proteger nuestro patrimonio nunca puede ser un obstáculo para el desarrollo, sino la mejor inversión para nuestro futuro.
Mi último Mundial
Hay una edad en la que dejas
de contar el tiempo hacia adelante y empiezas a contarlo hacia atrás. Lo
entendí este verano, con el mando del televisor en la mano y la sensación de
que cada Mundial es un cumpleaños que no elegimos. Ya no mido mi vida por la
próxima Nations League ni por la siguiente Eurocopa; la mido por los Mundiales
que me quedan.
Soy de los que olvidan el
fútbol durante cuatro años y, cuando juega España, me convierto en un hooligan
de sofá, incapaz de romper un vaso pero dispuesto a romperme por dentro si
pierden. No sé por qué sigo necesitando que once tipos corran detrás de un
balón para sentir que el tiempo avanza.
Con los años he descubierto
que ya no espero solo los Mundiales. Me ilusiona cualquier competición en la
que España se mida al mundo, porque en esas tardes todos llevamos el mismo
apellido y, de repente, el país cabe en un salón. Aún recuerdo dónde vi el gol
de Iniesta, con quién celebré el de Puyol a Alemania, qué hija me llamó en la
prórroga contra Rusia. Quizá porque entre un Mundial y otro descubro cuánto he
vivido.
Los Mundiales se repiten. El
que nunca vuelve a ser el mismo es quien se sienta delante del televisor. Entre
uno y otro cambian los lugares, los años y, sobre todo, las personas con las
que uno sueña compartir el siguiente. Y cuando España cae, para mí el Mundial
también termina, como si alguien hubiera apagado la luz de la casa un poco
antes de tiempo.
Entre un Mundial y otro la
vida hace su trabajo silencioso. Nos enamoramos o nos despedimos, nacen hijos,
llegan nietos, perdemos amigos, aprendemos a vivir con las ausencias y seguimos
creyendo que aún queda tiempo para hacer todo lo que aplazamos. Hasta que otro
Mundial aparece en el calendario y comprendemos que han pasado cuatro años más.
El Mundial de 2030 ha dejado
de ser una cita remota para convertirse en una pregunta incómoda: ¿quién de los
que hoy celebramos estará ahí? Quiero llegar para celebrar con mi mujer y mis
hijas cada aniversario, ver crecer a mi nieto, escuchar sus preguntas y
explicarle por qué en esos días todos nos llamamos España. Quizá porque entre
un Mundial y otro descubro cuánto he vivido.
Ojalá me alcance el próximo Mundial para sentarme con mi nieto delante del televisor. Tendrá la edad de creer que siempre habrá otro Mundial y contará los años hacia adelante. A mí me bastará con estar allí, sabiendo que quizá ese sea mi último Mundial.
Las portadas de las cinco revistas semanales
El Banco de España multa a BCC-Cajamar por contabilizar mal la retribución de sus administradores
Serán finalmente los tribunales de justicia quienes dictaminen si las retribuciones variables del Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), el banco cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, se contabilizaron de forma adecuada. El Banco de España considera que no y por ello ha impuesto una sanción al propio banco y a todos y cada uno de los perceptores de esas retribuciones (o responsables vinculados a la política de remuneraciones).
La resolución del supervisor, de fecha 24 de febrero de 2025 y publicada el 24 de julio de 2026, tipifica una infracción grave consistente en incumplimientos relacionados con las políticas de remuneraciones. En concreto, por no haber considerado al menos el 15 % de los compromisos por pensiones del colectivo identificado como retribución variable.
El Banco de España señala que
dichos incumplimientos no son especialmente significativos a la vista de la
importancia de las normas infringidas o de la situación económico-financiera de
la entidad. Las sanciones son firmes en vía administrativa, pero han sido
recurridas judicialmente ante la Audiencia Nacional y, por tanto, no son firmes
en sede jurisdiccional. Las multas impuestas son las siguientes:
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.: 2.000.000 euros.
Manuel Yebra Sola (consejero delegado): 75.000 euros.
Bernabé Sánchez Minguet (consejero): 55.000 euros.
Luis Rodríguez González (consejero): 55.000 euros.
Marta de Castro Aparicio (consejera): 50.000 euros.
Joan Bautista Mir Piqueras (consejero): 50.000 euros.
María Teresa Vázquez Calo (consejera): 50.000 euros.
Antonio Cantón Góngora (consejero): 48.000 euros.
Juan Carlos Rico Mateo (consejero): 45.000 euros.
Antonio José Carranceja López Ochoa (consejero): 42.000 euros.
Ana Núñez Álvarez (consejera): 40.000 euros.
Luis Francisco Fernández-Revuelta Pérez (consejero): 40.000 euros.
Rafael García Cruz (consejero): 40.000 euros.
José Antonio García Pérez (consejero): 38.000 euros.
Carlos Pedro de la Higuera Pérez (consejero): 30.000 euros.
Hilario Hernández Marqués (consejero): 30.000 euros.
María Amparo Ribera Mataix (consejera): 25.000 euros.
María López Fernández (consejera): 15.000 euros.
Antonio de Parellada Durán (consejero): 15.000 euros.
Francisco Javier Rodríguez Jurado (director general de Recursos Humanos):
30.000 euros.
El importe total de las sanciones asciende a unos 2,77 millones de euros. Tanto BCC como todos los miembros del consejo y el director de Recursos Humanos han recurrido la decisión. La entidad ha afirmado que el consejo de administración ha actuado siempre desde la base de una interpretación correcta de la norma, avalada por expertos independientes en política de remuneraciones.
La cuestión queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá determinar si la interpretación y la contabilización de esas retribuciones variables se ajustaron o no a la normativa aplicable.













