Los carteles presentados por Vox al inicio de la campaña electoral en El Ejido no son simples mensajes de propaganda política: constituyen una apelación directa a la discriminación y un evidente discurso de odio. Cada cartel plantea preguntas aparentemente legítimas y con clara carga social: “¿Te da miedo volver sola a casa de noche?”, “¿No tienes plaza en la guardería pública?”, “¿Cita sanitaria en seis meses?”, “¿Ya no reconoces tu barrio?”. Pero todas concluyen con la misma respuesta: “La inmigración masiva tiene consecuencias”.
El mensaje implícito es inequívoco: los inmigrantes son responsables de la inseguridad, del deterioro de los servicios públicos, de la precariedad laboral o de la degradación de los barrios. Se construye así un relato basado en el señalamiento colectivo, en el miedo y en la búsqueda de un chivo expiatorio sobre el que descargar problemas complejos que tienen causas económicas, políticas y sociales mucho más profundas.
La historia europea ya conoce demasiado bien las consecuencias de este tipo de estrategias. En los años treinta, el odio también se disfrazó de mensajes simples, emocionales y aparentemente dirigidos a “proteger” a la “población nacional”. Cambian los colectivos señalados, pero el mecanismo es el mismo: convertir a un colectivo social en el culpable de todos los problemas de nuestra sociedad.
Lo más preocupante quizá no sea únicamente la campaña de Vox, sino el escaso rechazo político, social y mediático que ha generado. Parece que una parte de la sociedad empieza a asumir estos mensajes como una propuesta electoral más, normalizando discursos que hace apenas unos años habrían provocado una respuesta democrática mucho más contundente. Hasta el momento, solo el Ministerio de Igualdad ha trasladado una denuncia a la Fiscalía para estudiar si estos mensajes pudieran vulnerar la legislación vigente.
Del discurso al delito de odio
Y no se trata de un debate menor. El discurso de odio no consiste únicamente en insultos o amenazas explícitas. También incluye mensajes que promueven prejuicios, estigmatizan colectivos o los presentan como peligrosos y responsables de problemas sociales por razón de su origen, religión o condición. Su finalidad es generar miedo, rechazo y hostilidad.
La libertad de expresión ampara el debate político y la crítica ideológica, pero no protege la incitación a la discriminación, ni los ataques a la dignidad de las personas. Por eso, tanto las instituciones democráticas como los organismos internacionales consideran el discurso de odio una amenaza para la convivencia y la cohesión social, además de la antesala de muchos delitos de odio.
El Código Penal español castiga a quienes fomenten o inciten públicamente al odio, la discriminación o la violencia contra colectivos por motivos racistas, xenófobos o discriminatorios. Por ello, corresponde a la Fiscalía y a los tribunales determinar si los mensajes difundidos por Vox pueden encajar en ese marco penal. Pero, más allá de la valoración jurídica, existe una responsabilidad política y democrática evidente.
Los discursos xenófobos y racistas no deberían encontrar acomodo en una sociedad democrática avanzada. Minimizar o tolerar estos mensajes supone normalizar la discriminación, alimentar la polarización y debilitar los principios básicos de convivencia. Cuando se señala constantemente a colectivos vulnerables como responsables de los problemas sociales, el odio deja de ser únicamente un mensaje y empieza a convertirse en un clima social que abre la puerta al acoso, la exclusión e incluso la violencia.
Por eso resulta imprescindible que la respuesta democrática sea firme y colectiva, porque este no debería ser un problema de izquierdas o derechas. No basta con condenar las agresiones cuando ya se producen; hay que combatir también los discursos que las alimentan. Defender la convivencia no es censurar opiniones, sino proteger la dignidad humana y los valores constitucionales frente a quienes pretenden enfrentar a la sociedad utilizando el miedo y la desinformación como herramienta política.
