En política, como en la vida,
hay decisiones que retratan con nitidez a quien las toma. En Andalucía, y muy
especialmente en la provincia de Almería, llevamos años comprobando las
consecuencias de un modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Moreno Bonilla
que ha situado la privatización y el recorte como ejes de su gestión.
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| Hospital La Inmaculada, de Huércal-Overa / Movimiento Sumar |
El resultado está a la vista:
hospitales desmantelados, atención primaria asfixiada, profesionales exhaustos
y ciudadanos que, si pueden permitírselo, se ven empujados a pagar de su
bolsillo para recibir una atención que debería estar garantizada.
El caso del hospital de La
Inmaculada de Huércal-Overa es el espejo más crudo de esta realidad. Un centro
que da cobertura a más de 150.000 personas en las comarcas del Levante,
Almanzora y Los Vélez funciona hoy con plantillas claramente insuficientes: un
solo especialista en áreas tan sensibles como Neumología o Urología, ausencia
de Dermatología y, recientemente, sin Hematología por no haberse sustituido al
único facultativo durante su permiso. Las consecuencias son devastadoras:
pacientes oncológicos sin atención, pruebas diagnósticas que se retrasan,
cirugías que se posponen y listas de espera que no solo desesperan, sino que
ponen en riesgo vidas.
A esta situación se suma un
transporte sanitario colapsado —con una sola ambulancia para el retorno de
pacientes dados de alta— y una atención primaria debilitada, con recortes de
días y horas de consulta en numerosos municipios y pedanías. Cuando se desmantela
la puerta de entrada al sistema, las urgencias se saturan y las dolencias se
agravan. Es un círculo vicioso perfectamente conocido… y perfectamente
evitable.
Nada de esto es fruto del
azar. Desde 2019, la Junta de Andalucía ha desviado más de 4.500 millones de
euros a la sanidad privada mientras empeoraban las condiciones laborales en la
pública. Así se expulsa a profesionales, se vacían hospitales y se construye,
de forma deliberada, un sistema dual: quien puede pagar, se atiende; quien no,
espera.
La alternativa del Gobierno
Progresista
Frente a este modelo de
abandono, el Gobierno Progresista está demostrando que existe otra forma de
entender la sanidad: como un derecho, no como un negocio. La reciente
aprobación del Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud
es una prueba clara de ello. Una norma que blinda la universalidad, recupera la
cartera común de servicios única, impide nuevos copagos y amplía el derecho a
la asistencia sanitaria a colectivos que habían quedado fuera o en situación de
vulnerabilidad.
Esta ley garantiza atención en
igualdad de condiciones a personas españolas residentes en el exterior cuando
se desplacen temporalmente, a familiares reagrupados a cargo, a solicitantes de
protección internacional, a víctimas de trata y a personas en situación
administrativa irregular, evitando que nadie quede sin atención por su origen o
su estatus. Además, incorpora a estos colectivos al sistema de prestación
farmacéutica para que no tengan que asumir el 100% del coste de los
medicamentos.
Hablamos de un enfoque
radicalmente distinto: fortalecer lo común, proteger a los más vulnerables y
reforzar un sistema público que sea capaz de dar respuesta con calidad, equidad
y cercanía.
Desde Movimiento Sumar Almería
lo decimos con claridad: la sanidad pública andaluza no necesita más parches,
necesita un cambio de rumbo. Necesita inversiones reales, plantillas
suficientes, estabilidad para los profesionales y una apuesta inequívoca por lo
público. La provincia de Almería no puede seguir siendo territorio de segunda
en derechos sanitarios.
Hoy tenemos dos modelos sobre
la mesa. El de Moreno Bonilla, que debilita lo público para abrir espacio al
negocio privado. Y el del Gobierno progresista, que blinda derechos y refuerza
el Sistema Nacional de Salud. Nuestra elección es clara. Defender la sanidad
pública es defender la vida, la igualdad y la dignidad de nuestra gente.
