Las costas del Levante almeriense han vivido en las últimas semanas uno de esos episodios que recuerdan hasta qué punto la actividad pesquera sigue dependiendo de la naturaleza. El reciente temporal no solo obligó a amarrar barcos durante días; también dejó daños en los caladeros, residuos en los fondos marinos y una reducción evidente de capturas en especies habituales como el pulpo o el salmonete.
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| Barco pesquero en Garrucha / Loa |
Ante una situación así, lo razonable sería esperar que las administraciones públicas respondieran con sensibilidad y con criterios que reflejen la realidad del territorio. Sin embargo, la decisión del Gobierno de excluir a los puertos de Almería —entre ellos Garrucha— del paquete de ayudas aprobado para paliar los efectos de los temporales ha generado una profunda preocupación en el sector.
El argumento oficial se basa en que la provincia no alcanza el umbral del 40 % de pérdidas establecido para acceder a las compensaciones. Pero el problema es precisamente ese: aplicar un criterio estadístico por provincias no refleja la realidad concreta de cada puerto, ni tampoco de cada flota. Las artes menores, tan importantes en el litoral almeriense, han sufrido semanas de paralización y daños en los aparejos provocados por los restos arrastrados por el temporal.
Cuando las políticas públicas se diseñan lejos del territorio, corren el riesgo de volverse injustas. Garrucha no es una estadística: es un puerto con historia, con familias que viven del mar y con una economía local profundamente vinculada a la pesca. En muchos casos hablamos de pequeñas embarcaciones y tripulaciones que dependen directamente de cada jornada de trabajo.
Por eso, desde Movimiento Sumar creemos que esta situación debe revisarse. No se trata de entrar en confrontaciones ni de alimentar discursos simplistas. Se trata de aplicar un principio básico de justicia territorial: las ayudas deben responder al daño real sufrido por el sector, no a un cálculo administrativo que ignora las particularidades de cada puerto.
España ha movilizado recursos importantes para afrontar los efectos de los temporales y apoyar a los sectores afectados. Precisamente por eso resulta difícil explicar que una flota como la de Garrucha quede fuera del reparto cuando los propios profesionales están alertando de la pérdida de ingresos y del deterioro de los caladeros.
El sector pesquero forma parte del tejido económico y cultural del Levante almeriense. Defenderlo no es solo una cuestión económica: es también una forma de proteger nuestra identidad y nuestro modo de vida.
Por eso pedimos al Gobierno que reconsidere los criterios aplicados y que abra un diálogo real con las cofradías y con las organizaciones del sector. La política pública debe ser capaz de escuchar y corregir cuando los mecanismos diseñados no responden a la realidad.
Garrucha no pide privilegios. Pide algo mucho más sencillo: que se reconozca el daño sufrido y que se actúe con la misma sensibilidad que se ha mostrado con otros puertos andaluces. Porque apoyar a quienes viven del mar no es un gesto político; es una responsabilidad con nuestro territorio.
