Hay una contradicción que resulta cada vez más difícil de justificar en Níjar. Miles de personas migrantes trabajan cada día en los invernaderos que han convertido al municipio en una potencia agrícola de referencia internacional. Su esfuerzo sostiene una parte esencial de la economía local, genera riqueza y permite que los productos agrícolas de Níjar lleguen a los mercados de toda Europa. Sin embargo, muchas de estas personas encuentran enormes obstáculos cuando intentan acceder a uno de los derechos administrativos más básicos: el empadronamiento.
El informe "Vivir sin existir. Barreras de acceso al padrón en el municipio de Níjar", elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes, dibuja una realidad preocupante que debería provocar una profunda reflexión social e institucional. El estudio analiza cientos de expedientes de empadronamiento tramitados entre 2023 y 2025 y concluye que una parte significativa de las solicitudes encuentra obstáculos, retrasos o denegaciones que dificultan el acceso a derechos fundamentales.
Los datos son contundentes. De los 417 expedientes analizados en detalle por la entidad, el 50% terminó con una resolución denegatoria y otro 10% quedó sin resolver dentro de los plazos legalmente establecidos. El informe también documenta situaciones en las que se exigen requisitos adicionales no contemplados en la normativa estatal, inspecciones domiciliarias que dificultan la acreditación de la residencia efectiva y retrasos administrativos que generan una situación de indefensión para quienes solicitan el alta en el padrón municipal.
En este sentido, conviene recordar que el padrón no es una concesión graciable de los ayuntamientos. Es un registro administrativo regulado por la Ley de Bases de Régimen Local y por las instrucciones técnicas aprobadas por el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. La normativa es clara: toda persona que reside habitualmente en un municipio tiene el derecho y la obligación de empadronarse con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o características de la vivienda en la que reside.
La propia Federación Española de Municipios y Provincias ha reiterado en
numerosas ocasiones que las personas que viven en asentamientos, infraviviendas
o alojamientos precarios también deben ser empadronadas cuando acreditan su
residencia efectiva. El padrón no certifica la legalidad urbanística de una
vivienda ni la situación administrativa de quien la ocupa. Su función consiste
simplemente en reflejar una realidad poblacional.
Por eso resultan especialmente preocupantes las situaciones descritas en el informe de una entidad tan poco sospechosa como el Servicio Jesuita a Migrantes. Cuando una administración exige requisitos no previstos en la normativa o retrasa injustificadamente procedimientos que afectan al acceso a derechos básicos, deja de actuar como garante del interés general para convertirse en un obstáculo para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
La gravedad de esta situación va mucho más allá de una cuestión burocrática. Sin empadronamiento se dificulta el acceso a la atención sanitaria, a los servicios sociales, a la escolarización, a programas de formación y, en muchos casos, a los procedimientos de regularización administrativa previstos por la legislación española. En la práctica, impedir o dificultar el acceso al padrón significa condenar a miles de personas a una existencia administrativa invisible. ¿Esa es la política de “prioridad nacional” que defiende VOX y es asumida por el Partido Popular?
Resulta difícil no percibir una enorme dosis de cinismo político en esta realidad. El mismo municipio que presume de liderazgo agrícola, exportaciones récord y capacidad productiva parece mostrar una preocupante falta de voluntad para reconocer plenamente a quienes hacen posible ese éxito económico. Los trabajadores y trabajadoras migrantes son esenciales cuando llega el momento de sembrar, cuidar y recoger las cosechas. Sin embargo, cuando reclaman el reconocimiento administrativo de una realidad evidente, aparecen trabas, obstáculos y dilaciones.
Níjar no puede construir su prosperidad sobre una ciudadanía de segunda categoría. Una economía moderna, competitiva y socialmente responsable exige el respeto escrupuloso de los derechos de todas las personas que viven y trabajan en el municipio.
El empadronamiento no es un privilegio. Es un derecho reconocido por la legislación vigente. También es una obligación para las administraciones públicas. Quienes sostienen con su trabajo la principal riqueza de Níjar merecen algo más que discursos sobre integración. Merecen respeto institucional, seguridad jurídica y acceso efectivo a los derechos que les reconoce la ley.
Ninguna sociedad democrática puede aceptar que haya personas imprescindibles para la economía y, al mismo tiempo, invisibles para la administración.
