El Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral en el conocido como Caso Sálvame (también denominado Operación Deluxe u Operación Luna) y ha remitido la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento. El auto, fechado el 25 de junio y firmado por el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias, mantiene la libertad provisional de los acusados, impone fianzas de hasta 426.000 euros y deja definitivamente fuera del procedimiento a Alberto Díaz Martínez.
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Según informa El Confidencial Digital, el procedimiento continuará contra nueve acusados. Los hechos se enjuiciarán por los delitos recogidos en los escritos de acusación, fundamentalmente descubrimiento y revelación de secretos, junto con otros ilícitos como posibles cohechos. La Fiscalía ya determinó en fases anteriores que, de todos los delitos inicialmente investigados, el caso se ha reducido prácticamente a un delito de revelación de secretos, algo habitual en el ejercicio de la profesión periodística cuando se trata de la difusión de información.
Situación especial de David Valldeperas
La posición procesal de David Valldeperas es distinta al resto. El Ministerio Fiscal solicitó durante la instrucción el archivo de la causa contra él al considerar que no existían indicios suficientes para sostener una acusación penal. Por ello, su juicio oral se celebrará únicamente por las acusaciones particulares que han decidido mantener las acciones contra el exdirector y presentador de Sálvame.
Quién queda fuera
El juez ha acordado que no procede la apertura de juicio oral contra Alberto Díaz Martínez, al haber quedado firme el archivo de las actuaciones respecto a él. Esta decisión cierra definitivamente la vía penal contra el que fuera otro de los rostros clave en la dirección del programa.
Figuran como posibles responsables civiles subsidiarios La Fábrica de la Tele S.L., Mediaset España Comunicación S.A. y Revista Rumore-Zoom Ediciones S.L.U.
Medidas cautelares y fianzas
Todos los acusados mantienen la libertad provisional. Deberán comparecer cuando sean requeridos y comunicar cualquier cambio de domicilio. Las fianzas más altas para garantizar posibles responsabilidades civiles son para el policía Ángel Jesús Fernández Hita (426.000 euros) y el paparazzi Gustavo González González y La Fábrica de la Tele S.L. (ahora, en manos de Telecinco), 381.000 euros cada uno. Del resto de investigados, uno tendrá que depositar una fianza de 12.000 euros, y los demás, 9.000 euros cada uno.
Historia del caso
El 'Caso Sálvame' tiene su origen en abril de 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detectó que el programa Sálvame (producido por La Fábrica de la Tele para Telecinco) difundía información confidencial extraída de atestados policiales y bases de datos restringidas.
La investigación, conocida inicialmente como Operación Deluxe (u Operación Luna), reveló una presunta trama en la que el exagente Ángel Jesús Fernández Hita habría facilitado datos privados a Gustavo González González, colaborador y paparazzi vinculado al programa. Estos datos, según la acusación, llegaban después al equipo de redacción para su difusión en antena, afectando a la intimidad de más de 180 personas famosas y relacionadas con el mundo del corazón.
A lo largo de casi una década de instrucción, el caso se ha ido estrechando. La Fiscalía ha descartado gran parte de los delitos iniciales y ha solicitado el archivo para varios investigados, entre ellos David Valldeperas en abril de 2026, por falta de pruebas suficientes contra ellos.
Próximos pasos
La Audiencia Provincial de Madrid será ahora la encargada de celebrar el juicio. Los acusados disponen de tres días para designar abogado y procurador (si no lo tienen ya) y de diez días para presentar sus escritos de defensa, en los que podrán mostrar conformidad o disconformidad con las acusaciones y proponer pruebas.
Contra la decisión de abrir juicio oral no cabe recurso, aunque sí es posible recurrir en lo relativo a la situación personal de los acusados.
Con este auto concluye la fase de instrucción del 'Caso Sálvame' y da comienzo la fase de enjuiciamiento ante la Audiencia Provincial de Madrid, uno de los procedimientos judiciales más mediáticos de los últimos años vinculados al mundo de la televisión del corazón.
No ha podido hacer capicúa con su saco de años; se ha ido José Antonio
Torres a menos de un mes de cumplir los 101 años. No ha habido ningún otro
primer edil en la historia de España que haya llegado al centenario con la vara
de mando en la mano y la cabeza en su sitio. Él lo achacaba, jocoso, al buen
aire que corría en su Chercos Viejo del alma donde nació en 1925,
cuando gobernaba España un tal Miguel Primo de Rivera y no había un kilómetro
de asfalto en toda la provincia; no había más que esparto, legañas y petates
para emigrar a La Argentina.
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| José Antonio Torres / Diputación de Almería |
Chercos, un pueblito almeriense de 300 habitantes donde el aire huele a
hierba fresca y a mermelada, ha sido la cuna del primer alcalde en la historia
de España que llega al siglo de vida en sus cabales y con la vara de mando en
la mano. José Antonio Torres soplaba el 22 de julio de 2025 cien velas en su
pueblo natal firmando edictos y dirigiendo el pleno municipal, aunque fuese ya
en una silla de ruedas. José Antonio Torres, Leo en el zodiaco, aunque no creía
en el horóscopo, era un correcaminos, un corredor de fondo de la política y de
la vida. Su voz sonaba hace un año, desde el salón de su casa cherquera,
aún briosa, aunque el oído le fallara. “Estoy bien, con un poco de parálisis en
las piernas, pero aún voy a mi despacho a hacer las tareas del día” decía
entonces. No sabía el primer edil más longevo de España y del mundo -mientras
no se demuestre lo contrario (solo se sabe que en EEUU hubo un alcalde de 100
años, Vito Perillo, que gobernó en el pueblo de Tintin Fall)- si lo
felicitaría mucha gente o no; lo que sí sabía es que tiene un hijo de 70 años
en Sevilla que no pudor ir a llevarle un regalo porque se encontraba
enfermo.
De sus cien años de vida ha invertido 30 en ser alcalde. “Cuanto entré con
70 años en el Ayuntamiento decían que era viejo y mire usted, aquí sigo”,
decía. José Antonio enterró a todos sus amigos, a toda su generación, es lo que
tiene vadear la centuria con la cabeza en condiciones y el corazón en su
sitio. “Yo quiero a la gente que tiene buen corazón, por eso me alegro de que
te hayas acordado de mí, aunque seas periodista”, decía hace un año desde su
casa.
José Antonio nació en una cortijada que se llamaba La Viñilla y con 18 años se fue a recorrer mundo. Se hizo guardia civil y vivió los años del plomo -sufrió un atentado- recorriendo cuarteles de Bilbao, Lérida, Sevilla y Albacete. Y al jubilarse volvió a su pueblo que ya era Chercos Nuevo, fruto del trabajo de un pariente que le precedió como alcalde, Antonio Sáez, que construyó 14 casas de yeso, que fueron como las primeras casas de Macondo hechas de barro y cañabrava. “Gracia a él, Chercos es hoy lo que es”, explicaba con generosidad. José Antonio ha conseguido mantener en pie este pueblo al que quería con toda su alma y que siguió gobernando tras rivalizar por el mando municipal con un sobrino. Ha acumulado ocho legislaturas y ha mantenido en pie a su pueblo, con un bar, una fábrica de mermeladas, un tanatorio, una iglesia, con becas para jóvenes y mucho amor propio. “Y sin subir los impuestos”, sentenciaba el que ha sido el alcalde más longevo de España (quizá del mundo). Tuvo la satisfacción de recibir en vida el Escudo de Oro de la provincia de Almería, su provincia. Descanse en paz José Antonio, hasta ahora el patriarca de los alcaldes.
Cada vez que Felipe González
habla, el PSOE contiene la respiración. No por lo que dice, sino por quién lo
dice. Un expresidente no opina desde una tertulia: opina desde el peso de la
historia. Y cuando ese peso se usa para exigir dimisiones sin pisar una urna,
la democracia empieza a escuchar ecos que creía superados.
Los dos planos
Qué extraño protagonismo el de
Felipe González. Como militante, tiene todo el derecho a pedir la dimisión de
su secretario general, Pedro Sánchez. Faltaría más. La crítica interna es
oxígeno democrático.
Nadie con memoria puede negar
su papel en la Transición, la OTAN, la UE y la modernización de España.
Precisamente por ese capital político inmenso, su palabra se mide con un rasero
distinto al de cualquier otro militante.
Quizá sea por eso que una
parte del país sigue buscando en la voz
de González un faro de certidumbre en mitad del oleaje actual. Para
muchos de quienes vivieron la modernización de los ochenta, su palabra evoca un
tiempo de consensos rotos hoy. No le piden análisis: le piden memoria. Y esa
memoria, con sus luces y sus sombras, sigue teniendo crédito para una España
que desconfía de sus nuevos dirigentes.
Lo que no tiene es derecho a
confundir los planos. Una cosa es Ferraz y otra La Moncloa. Exigir la dimisión
del presidente del Gobierno desde la tribuna de exjefe del Ejecutivo es
saltarse la línea que separa al militante del hombre de Estado. Sánchez es
presidente por la investidura del Congreso.
Un expresidente no pierde su
libertad de expresión, pero adquiere una responsabilidad añadida. Sus palabras
pesan en la historia de este país. Por eso, reclamar la dimisión de un gobierno
legítimo exige coherencia con su propia hemeroteca. Que nadie se confunda: no
se pide silencio a González. Se pide coherencia. Pedir la cabeza del presidente
no es una opinión más cuando la hace quien ocupó ese despacho durante catorce
años.
La hemeroteca
Si reclama coherencia moral,
tiene hemeroteca para empezar. En 1998 acudió a la cárcel de Guadalajara para
abrazar a José Barrionuevo, condenado por el secuestro de Segundo Marey. Fue el
Caso GAL, un caso de terrorismo de Estado y fondos reservados. Un atentado a
los valores de un gobierno democrático. Aquel abrazo quedó en la memoria como
un gesto de lealtad personal frente a una condena que golpeó el corazón mismo
del Estado.
No se trata de equiparar casos
judiciales. El GAL fue terrorismo de Estado; el caso Koldo destapó mordidas. Se
comparan gestos políticos. La foto que un expresidente elige hacerse ante la
Justicia es un mensaje institucional. Y los mensajes de un expresidente nunca
son inocentes.
Pedro Sánchez no ha pisado
ninguna prisión ni buscado una foto junto a José Luis Ábalos, exministro
condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y 3 meses de prisión en la trama de
las mascarillas por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y
tráfico de influencias. Lo expulsó del partido, lo apartó del grupo y dejó
actuar a la justicia sin amparo público. Entre un abrazo en 1998 y esta
distancia hay una forma distinta de entender la política y la responsabilidad
ante la ley.
Tampoco ayuda a esa autoridad
moral que, tras abandonar La Moncloa, ocupara un sillón en el consejo de Gas
Natural Fenosa, hoy Naturgy, con 126.500 euros anuales hasta 2015. Todo legal.
Pero la ejemplaridad política rara vez se agota en la legalidad.
La influencia de un
expresidente no se mide en votos ni en escaños. Se mide en la capacidad de
marcar el debate público desde la autoridad acumulada durante años de gobierno.
Por eso, cuando reclama ejemplaridad a otros, resulta inevitable contrastar sus
palabras con su propia trayectoria. Un expresidente tiene un capital inmenso:
la palabra.
Por eso debe medirla más que
nadie y rendir respuestas que nunca llegaron. No asumió responsabilidades
políticas por los GAL más allá de decir que se enteró por la prensa. Tampoco ha
hecho una reflexión pública de fondo sobre decisiones que contribuyeron a
erosionar la confianza de muchos ciudadanos en sus dirigentes. Y hoy reclama
una ejemplaridad que su etapa no siempre practicó. Son hechos, no preguntas. En
democracia, los hechos pesan más que los abrazos.
La democracia española no necesita tutores. Necesita memoria. Y la memoria exige coherencia. Si no, lo que queda es ruido. Y de ruido, en España, vamos sobrados. Porque cuando Felipe González habla, no habla solo un militante socialista. Habla un expresidente del Gobierno. Y precisamente por eso importa lo que dice. Y pesa más lo que calló.
