En tiempos donde la desinformación se ha convertido en un ruido de fondo constante, cabría pensar que la aparición de un bulo más apenas merece ya atención. Desgraciadamente, hemos normalizado que las redes sociales sean terreno fértil para cifras infladas, relatos interesados y conclusiones sin sustento. Lo verdaderamente inquietante no es, por tanto, la existencia del bulo, sino quién lo amplifica, quién lo legitima y, sobre todo, quién lo defiende.
La reciente polémica en Málaga a raíz de la interrupción del AVE en Semana Santa ilustra con claridad este problema. La difusión de una cifra de 1.300 millones de euros como supuesto impacto económico negativo no solo resulta desproporcionada, sino directamente inverosímil. Más aún cuando contrasta de manera frontal con estimaciones oficiales que sitúan el impacto económico de la Semana Santa en toda Andalucía en torno a los 500 millones de euros.
Pero el problema no es únicamente la cifra, sino la ausencia de un respaldo técnico o institucional que la sostenga. No hay informe, no hay metodología conocida, no hay base verificable. Solo una cifra impactante, diseñada para circular, para generar alarma y para asentarse en la conversación pública como si de un dato contrastado se tratase.
Frente a esto, los cálculos más prudentes y transparentes apuntan a una realidad muy distinta. Si se estima que unos 50.000 viajeros podrían verse afectados, con un gasto medio diario de 170 euros y una estancia media de tres días, el impacto económico difícilmente superaría unas pocas decenas de millones de euros. La simple aritmética desmonta el relato: para alcanzar los 1.300 millones, cada visitante debería gastar más de 25.000 euros en apenas tres días. Una hipótesis que no resiste el más mínimo análisis.
Sin embargo, lo más preocupante no es el error, ni siquiera la exageración. Lo verdaderamente grave es el respaldo institucional que ha recibido esta información. Que una asociación profesional como la Asociación de la Prensa de Málaga salga en defensa del autor de esta cifra y, al mismo tiempo, critique a quien la desmiente con datos verificables, supone un ejercicio de corporativismo difícilmente justificable.
La función de las asociaciones de prensa no es proteger a ultranza a sus miembros, sino velar por el rigor, la ética y la credibilidad del oficio. Defender lo indefendible no fortalece al periodismo; lo debilita. Y cuestionar a quien aporta datos verificables, en lugar de exigir pruebas a quien lanza cifras desorbitadas, invierte peligrosamente el orden de las responsabilidades.
En este contexto, resultan especialmente pertinentes las palabras del periodista Pepe Fernández: “Aquí no hay 1.300 millones. Hay, en el mejor de los casos, varias decenas. Pero sobre todo hay una maquinaria política y mediática capaz de convertir una cifra insostenible en verdad social. Y eso ya no es un error: es un problema democrático”.
Ahí reside el verdadero núcleo de la cuestión. Cuando una cifra falsa deja de ser cuestionada y comienza a ser defendida, cuando el debate se desplaza desde la veracidad hacia la protección corporativa, el problema deja de ser informativo para convertirse en estructural.
Los medios serios —y lo son, o deben serlo, quienes participan en la construcción de la opinión pública— no pueden permitirse el lujo de amplificar lo inasumible. Y mucho menos las organizaciones que representan a los periodistas pueden avalar actitudes que erosionan la confianza ciudadana en la información.
Porque, al final, no se trata solo de una cifra inflada. Se trata de la credibilidad de todo un sistema informativo. Y esa, a diferencia de los bulos, sí tiene un coste incalculable.
