El Gobierno considera equiparable a todas las víctimas, incluidas las del
Caso Almería, cuyos familiares piden que no haya discriminación. La norma
establece el derecho a recibir una indemnización de 250.000 euros por cada
víctima fallecida, que podrá ser percibida por hijos, cónyuge o personas que
convivieran con la víctima en una relación de afectividad análoga.
 |
| Los padres de Juan Mañas Morales / A. Torres |
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que preside el exalcalde de
Almería y catedrático Fernando Martínez López, considera equiparable todas las
víctimas de la violación de los derechos humanos. “La Ley de Memoria
Democrática estableció una disposición adicional XVI en la que se planteaba que
se estudiara la vulneración de los Derechos Humanos entre 1979, después de la
aprobación de la Constitución, hasta el año 1980. Esa comisión ha venido
trabajando en los dos últimos años y ha emitido un informe que se hará público
en unas semanas. Entre las recomendaciones que plantea esa comisión,
independiente al Gobierno de España, es que todas las víctimas son iguales,
tanto las víctimas de vulneración de derechos humanos como las víctimas que
están en el marco de la Ley hasta 1978, marco espacial de la Ley, pero habrá
una actualización. Por tanto, si todas las víctimas se equiparan, evidentemente se buscará la fórmula de que todas estén al mismo nivel".
Sobre las víctimas del Caso Almería, Fernando Martínez es optimista, pero
muy prudente, me dijo ayer en la despedida de su amigo y compañero Pedro Molina
con el que formó parte de un amplio equipo para que la Universidad
de Almería fuera una realidad: “Ahora mismo, las víctimas del Caso Almería no
están incluidas lógicamente hasta que el informe, ya elaborado, se haga público
en los próximos días. Si el informe plantea que todas las víctimas son iguales,
unas y otras, pues las víctimas del Caso Almería tendrán la misma apreciación”.
“Ha habido y habrá una actualización de la indemnización en función del coste
vida desde el año siete hasta el año 26, incluso los que han recibido las
indemnizaciones con antigüedad”.
.jpeg) |
| Fernando Martínez López, secretado de Estado de Memoria Democrática / A. Torres |
La familia de García Caparrós recibirá 250.000 euros, tras el Real/Decreto
del Gobierno. La familia malagueña no solicitó ayuda en su momento y ahora el
Gobierno de España ha estado atento y sensible para hacerle justicia, tras
tanto sufrimiento. Se espera que ocurra igual con las familias del Caso
Almería. La vicepresidenta María Jesús Montero afirmó que la decisión era
“la fórmula más adecuada para dar una respuesta justa y necesaria para
dignificar la figura del joven malagueño”. Hubo medios de
comunicación que dieron por hecho que las familias de Juan Mañas Morales de 24
años, natural de Pechina, y sus compañeros de Santander Luis Montero García y
Luis Cobo Mier, las tres víctimas del caso Almería, recibirían una
indemnización y que el tema se iba a tratar en el último Consejo de Ministros.
El dolor de todas las víctimas del terrorismo es para
siempre. Francisco Javier Mañas, hermano de Juan, felicita a la
familia de Manuel José García Caparrós. “Esperamos la empatía para que las familias
del Caso Almería descansemos de alguna manera, al margen de reconocer que este
Gobierno fue el primero en pedir perdón a las familias en el acto de la
Subdelegación del Gobierno con asistencia de nuestra madre María que a los
pocos meses falleció”. Desde Santander, Javier
Diego Montero, sobrino de Luis Montero, una de las víctimas, ha manifestado: “Confiamos en la
comisión y haga su trabajo, aunque con retraso, nos ilusiona que en los
próximos días se cumpla lo que se nos dijo en la Subdelegación del Gobierno en
Almería, en enero de 2023”.
La primera reacción política, tras el Consejo de Ministros del pasado
martes, fue de la coordinadora provincial de Izquierda Unida (IU), María Jesús
Amate, quien lamentó que la reforma dejara fuera a las víctimas del Caso
Almería. “Estamos profundamente decepcionados. Seguiremos peleando desde IU y
desde el grupo Sumar como le explicamos al Gobierno”. También, el coordinador
federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de
Andalucía, Antonio Maillo, ha reclamado que el nuevo marco legal reconozca a
las víctimas de la represión hasta el 1 de enero de 1983 y a los jóvenes del
Caso Almería, “asesinados vilmente por agentes de la Guardia Civil y que sus
familias tienen que ser reconocidos también como víctimas de terrorismo de
Estado”. La exsenadora Martirio Tesoro, que ha colaborado con las familias de
las víctimas, ha manifestado: “No es solo por cuestión de dinero, sino que nuestro estilo es
evitar discriminación y desigualdades”.
Recordamos que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un
decreto-ley que reconoce como víctimas a las familias de quienes fallecieron o
sufrieron lesiones incapacitantes en defensa y reivindicación de las libertades
y derechos democráticos. Se explicó que el marco temporal anterior, establecido
por la Ley de Memoria Democrática de 2007, comprendía desde el 1 de enero de
1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. Se extiende este reconocimiento
hasta el momento de la instauración de la Constitución, incorporando así a
quienes quedaron fuera del periodo inicialmente previsto. La norma establece el
derecho a recibir una indemnización de 250.000 euros por cada víctima
fallecida, que podrá ser percibida por hijos, cónyuge o personas que
convivieran con la víctima en una relación análoga. Se busca equiparar las
compensaciones a las otorgadas a las víctimas del terrorismo y garantizar la
reparación integral de quienes defendieron la democracia. García Caparrós,
joven malagueño de 18 años, murió por un disparo de un policía durante una
manifestación en apoyo a la autonomía de Andalucía, el histórico 4 de diciembre
de 1977.
El Gobierno de Zapatero contempló en la Ley 52/2007 el destino de 135.000
euros para la familia de cada víctima. En Almería pudo acogerse la familia del
estudiante de Biología, Javier Verdejo Lucas (Almería, 1958-1976), quien
intentó pintar el lema “Pan, Trabajo y Libertad” y acabó tiroteado por un
guardia civil “sobre las 24 horas del día 13 de agosto de 1977…), según la nota
oficial de aquellos días. No hubo detenidos, ni procesados. El periodista
Miguel Ángel Blanco denunció que su compañero, Manuel Gómez Cardeña, fue
detenido por cubrir una de las manifestaciones que se produjeron por la muerte
de Verdejo que estremeció a Almería. No terminó de hacer la pintada, cayendo
herido de muerte.
.jpeg)
