Hay decisiones políticas que definen el modelo de sociedad que queremos construir. Y pocas resultan tan reveladoras como la forma en la que una administración trata su patrimonio histórico. Porque proteger un yacimiento arqueológico no consiste únicamente en conservar unas piedras antiguas; significa respetar nuestra memoria colectiva, preservar un legado irrepetible y entender que la historia no puede sacrificarse en beneficio de particulares intereses urbanísticos.
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| Juan Grima, de Unidos por Baria / Loa |
Lo que está ocurriendo con la antigua ciudad fenicia de Baria constituye, probablemente, uno de los ejemplos más preocupantes de la política patrimonial que viene desarrollando la Junta de Andalucía en los últimos años.
Baria no es un yacimiento cualquiera. Fundada en el siglo VII AC, fue uno de los principales enclaves comerciales fenicios del Mediterráneo occidental. Sus restos documentan siglos de presencia fenicia, púnica y romana, con una extraordinaria riqueza arqueológica que ha convertido este enclave en una referencia internacional desde que Luis Siret iniciara sus investigaciones a finales del siglo XIX. Su necrópolis, con más de dos mil enterramientos documentados, sus instalaciones portuarias y su papel en las rutas comerciales del Mediterráneo hacen de Baria un patrimonio excepcional.
Precisamente por ese valor resulta incomprensible que hoy el debate no sea cómo ampliar su protección, sino cómo compatibilizarla con nuevas promociones urbanísticas.
La inclusión de Baria en la Lista Roja de Hispania Nostra debería haber provocado una reacción inmediata de la Junta de Andalucía. Sin embargo, lejos de convertirse en un punto de inflexión, parece haber sido recibida con una preocupante normalidad institucional. Hispania Nostra no incorpora un bien a esta lista de manera arbitraria. Lo hace cuando aprecia un riesgo real de desaparición, alteración o deterioro irreversible. Y en el caso de Baria identifica expresamente la presión urbanística como una de las principales amenazas para su conservación.
La situación resulta todavía más preocupante si recordamos que Andalucía acumula ya 226 bienes patrimoniales incluidos en esa Lista Roja, siendo la segunda comunidad autónoma española con mayor número de elementos en riesgo. Solo la provincia de Almería suma 19 bienes en esta relación. Son cifras oficiales que deberían avergonzar a cualquier administración que afirme situar la cultura entre sus prioridades.
La opacidad pone de manifiesto los verdaderos intereses que defiende la Junta
La asociación Unidos por Baria ha denunciado durante años la falta de transparencia de la Administración autonómica. Resulta especialmente significativo que haya sido necesaria una resolución judicial para que la Junta entregara la memoria arqueológica preliminar de la parcela donde se proyecta la construcción de 24 viviendas, un documento que llevaba años en su poder y cuya entrega fue denegada reiteradamente alegando la propiedad intelectual de su autora.
Cuando hablamos de un patrimonio que pertenece a toda la sociedad, la transparencia debería ser irrenunciable. Sin embargo, la Junta obligó a una asociación ciudadana a acudir a los tribunales para acceder a una información esencial para la defensa de Baria. Una actitud que transmite la imagen de una Administración más preocupada por proteger operaciones ligadas al ladrillo que por salvaguardar el patrimonio histórico.
Mientras expertos y asociaciones reclaman reforzar la protección de Baria, la Junta sigue apostando por compatibilizar su conservación con nuevos desarrollos urbanísticos. Pero el patrimonio arqueológico no admite términos medios: cada estructura destruida o cada estrato alterado supone una pérdida irreversible de nuestra historia.
La protección del patrimonio exige decisiones valientes, mayor inversión en conservación, equipos técnicos suficientes y una gestión transparente. Sin embargo, la política de la Junta parece orientarse en sentido contrario, priorizando demasiadas veces el desarrollo urbanístico frente a la preservación de bienes que son únicos e irrepetibles.
La verdadera riqueza de Baria no está en el suelo que puede edificarse, sino en la historia que permanece bajo él. Esa historia pertenece a todos los almerienses y no puede quedar subordinada a intereses especulativos.
Desde Movimiento Sumar Almería
seguiremos defendiendo que proteger el patrimonio cultural no es un freno al
desarrollo, sino una inversión de futuro.
La historia de Almería necesita administraciones que comprendan que proteger nuestro patrimonio nunca puede ser un obstáculo para el desarrollo, sino la mejor inversión para nuestro futuro.
