El
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es uno de los espacios naturales más valiosos
del Mediterráneo. Su singular paisaje volcánico, sus playas y su biodiversidad
lo convierten en un destino turístico de primer orden. Sin embargo, el éxito
turístico también plantea retos importantes para la conservación del territorio
y para la calidad de vida de quienes habitan en sus pueblos. En este contexto,
el debate sobre la implantación de una tasa turística en este espacio resulta
cada vez más urgente.
La
tasa turística es un impuesto que abonan los visitantes durante su estancia en
un destino turístico. Habitualmente se aplica sobre el precio por noche en
hoteles, hostales, apartamentos, campings o cualquier otro tipo de alojamiento.
Su finalidad es sencilla: que una pequeña parte del gasto turístico contribuya
a financiar los servicios públicos, las infraestructuras y la conservación de
los espacios que hacen posible ese atractivo turístico.
Una
medida como esta, ni es una rareza, ni tampoco una ocurrencia de la izquierda.
En Europa se ha extendido ampliamente en los últimos años: Venecia fue la
pionera, pero hoya cerca de 140 ciudades de unos 20 países europeos aplican
tasas de este tipo. Destinos tan consolidados como Ámsterdam, Roma, París,
Viena o Lisboa cuentan con este instrumento para ayudar a gestionar la presión
turística. En ninguno de estos lugares la tasa ha supuesto una caída del
turismo; al contrario, la mayoría de estas ciudades han seguido incrementando
el número de sus visitantes.
España
avanza más lentamente en esta materia. Actualmente, la tasa turística solo se
aplica en Cataluña y Baleares. En este último caso, el denominado Impuesto de
Turismo Sostenible se implantó en 2016 y ha permitido recaudar cientos de
millones de euros destinados a proyectos de sostenibilidad, protección
ambiental y mejora de infraestructuras turísticas. Se trata, por tanto, de una
herramienta útil para reforzar el modelo turístico sin penalizar a los
visitantes.
En
Andalucía, sin embargo, el debate apenas comienza. La Junta ha descartado por
ahora su implantación, argumentando que es necesario estudiar sus posibles
efectos adversos. Mientras tanto, ciudades como Sevilla han abierto la puerta a
fórmulas similares para financiar la conservación de sus espacios más
emblemáticos.
Almería
y el Cabo de Gata-Níjar
En
la provincia de Almería, el debate surgió hace tiempo en el Ayuntamiento de la
capital, aunque sin una posición clara por parte del gobierno municipal. En el
caso del municipio de Níjar, donde se encuentra la mayor parte del Parque
Natural, ni el equipo de gobierno, ni el PSOE, han fijado todavía una postura.
Sin
embargo, los datos invitan a reflexionar. Según el Instituto Nacional de
Estadística, el municipio de Níjar registró más de 114.000 pernoctaciones
hoteleras entre los meses de junio y agosto de 2025. Aunque aún no se han
publicado los datos anuales definitivos, las estimaciones apuntan a que el
municipio podría haber superado por primera vez las 200.000 pernoctaciones en
todo el año, lo que representaría un crecimiento cercano al 20% sobre el año
anterior.
Este
aumento del turismo tiene consecuencias directas sobre los servicios
municipales. Los pueblos del Parque deben hacer frente a un mayor consumo de
agua, más generación de residuos, mayor uso de infraestructuras y una presión
creciente sobre los servicios públicos. Sin embargo, estos gastos se financian
fundamentalmente con los impuestos de los vecinos y vecinas.
La
situación resulta especialmente preocupante cuando observamos que muchos
núcleos costeros del parque arrastran serias deficiencias en servicios básicos,
mientras que el esfuerzo fiscal sobre la población residente continúa
aumentando, como ocurre con la subida de la tasa de basuras. Un municipio tan
extenso como Níjar, con numerosos núcleos de población dispersos, necesita
recursos adicionales para garantizar servicios de calidad y preservar su
entorno natural.
En
este contexto, una tasa turística bien diseñada podría representar una
importante fuente de financiación para el municipio. No se trata de penalizar
al visitante, sino de establecer una contribución mínima que permita mejorar
infraestructuras, reforzar la limpieza, proteger el patrimonio natural y
avanzar hacia un modelo de turismo sostenible.
Además,
la experiencia nacional e internacional demuestra que este tipo de medidas no
disuade al turismo. Quienes visitan destinos de alto valor ambiental como el
Cabo de Gata comprenden perfectamente que su conservación requiere de recursos
que -al menos en parte- también deben ser aportados por los viajeros.
El
reto consiste en diseñar una tasa justa, transparente y finalista, de modo que
los ingresos se destinen exclusivamente a mejorar el entorno y los servicios
vinculados al turismo. Invertir en sostenibilidad no solo beneficia a los
residentes, sino que también refuerza la calidad del destino turístico.
