Desde
el pasado lunes, Vivanta tiene cerradas todas sus clínicas dentales. El grupo
no pudo mantener la actividad una vez que la oferta de compra de Donte Group,
dueño de marcas de salud bucodental como Vitaldent, caducara el pasado 21 de octubre
a la espera de que la Comisión Europea se pronuncie sobre el rescate público de
40 millones de euros concedido en 2022.
La
empresa se encontraba buscando un plan económico para mantener viva la empresa
pero al quedar caducada la oferta se ha tenido que cerrar los establecimientos
con el objetivo de preservar la liquidez. En este sentido, el concurso de
acreedores se encuentra paralizado después de que la jueza que lo tramita
consultara a la Comisión Europea si la venta de la compañía tenía alguna implicación
legal con respecto a la ayuda pública de 40 millones que la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) le concedió en 2022 para evitar que cerrara
como consecuencia de la pandemia.
Aunque
la jueza dio un plazo de 10 días a la Comisión Europea para contestar, no se ha
producido la misma y pone la empresa en situación complicada y, con ello, a los
consumidores y trabajadores.
Esto
no implica que se haya entrado a fecha de hoy en una fase de liquidación y no se da por concluido el concurso de
acreedores hasta que no se sepa la resolución de Bruselas. También, una vez
expirado el plazo, habría que ver si el nuevo inversor sigue teniendo interés
en el supuesto de poder realizar la operación.
Por
todo ello, la Asociación Española de Consumidores pide celeridad a Bruselas a
la vez que pedimos que se tenga en cuenta la necesidad de abordar la operación
para evitar perjuicios a consumidores, con créditos pagándose o con servicios pagados
íntegramente. Pero también hay un grave problema de salud en tanto que no se
sabe qué va a pasar con los consumidores que tienen iniciados los tratamientos
y podría ocasionarles el cierre un problema en su salud.
Ante
el aumento de consultas por parte de las personas consumidoras afectadas, desde
la Asociación Española de Consumidores señalamos las siguientes
recomendaciones:
-Se
debe conservar toda la documentación relacionada con el tratamiento dental (contratos,
presupuestos, facturas, justificantes de pago, documentación de financiación y
cualquier otra información disponible), por resultar necesaria para acreditar
los servicios contratados, los realizados y, en su caso, los pendientes de
ejecución. Es esencial en el caso de acudir a concurso de acreedores.
-Si
el tratamiento se ha abonado, total o parcialmente por adelantado, la situación
actual es esperar para ver si se atiende a la petición de prórroga que ha realizado
la administración concursal a la juez.
-Si
existía financiación con un crédito, se debe solicitar la paralización del
mismo a la entidad financiera por ser un crédito vinculado a una prestación de
servicios que no se va a poder realizar.
Desde
la Asociación Española de Consumidores solicitamos además a la Administración
Concursal que garantice la integridad y existencia de las historias clínicas
por si se necesitasen para continuar los tratamientos en otras clínicas
dentales. Es esencial que se conserven para una correcta prestación de
servicios aparte de un derecho básico de los consumidores en materia sanitaria.
Los afectados pueden contactar con la Asociación Española de Consumidores para mayor información en el canal consultas@consumoenpositivo.es
