Hay ocasiones en las que la política se vuelve tan contradictoria que resulta imposible no señalar la incoherencia. Lo ocurrido estos días tras el devastador incendio de Los Gallardos, la mayor tragedia forestal de la historia de Almería, es una de ellas.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compareció junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre para lanzar un mensaje tan contundente como necesario: "La emergencia climática mata". Ambos coincidieron en que el cambio climático está agravando la intensidad y frecuencia de los grandes incendios forestales y defendieron la necesidad de reforzar la prevención y de impulsar un gran acuerdo entre administraciones para afrontar un fenómeno que ha dejado trece muertos en nuestra provincia.
Hasta ahí, difícilmente alguien podría discrepar. La realidad se impone con una crudeza insoportable. Los incendios son más virulentos, las olas de calor más largas y los fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes. La ciencia lleva años advirtiéndolo y los hechos, desgraciadamente, le dan la razón.
Lo sorprendente llega cuando se repasa el acuerdo de gobierno que el Partido Popular acaba de firmar con Vox para gobernar Andalucía. Porque ese documento propone derogar la Ley Andaluza de Cambio Climático; sustituirla por otra norma donde la mitigación de emisiones deja de ser una prioridad; cuestiona el Pacto Verde Europeo; plantea reducir o eliminar instrumentos fiscales de carácter ambiental y apuesta por revisar buena parte de la normativa de protección ambiental.
Resulta difícil encontrar coherencia entre ese programa político y el discurso pronunciado por Moreno apenas unos días después en Almería. ¿Cómo puede sostenerse, por un lado, que el cambio climático está detrás de incendios "cada vez más complejos, más dramáticos y que requieren despliegues extraordinarios" y, al mismo tiempo, pactar con un partido que pretende derogar la principal ley andaluza sobre cambio climático?
No se trata de discutir si determinadas políticas ambientales deben cambiarse o si algunas regulaciones europeas necesitan adaptarse a la realidad del campo andaluz. Ese debate es legítimo. Lo difícil de explicar es que se reconozca públicamente la gravedad de la emergencia climática mientras se firma un acuerdo que rebaja el alcance de las políticas destinadas a combatirla.
El propio Moreno reconoció que Andalucía lleva este verano una superficie quemada tres veces superior a la del mismo periodo del año anterior y defendió incluso incorporar la cultura de la prevención al sistema educativo. Todo ello encaja con un discurso de adaptación frente a un riesgo creciente.
La política exige negociar. También alcanzar acuerdos con quienes piensan distinto. Pero existe una diferencia entre negociar y renunciar a la coherencia. La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es la verdadera posición de su Gobierno. ¿La que figura en un documento firmado hace apenas unos días con Vox o la que expresó Moreno junto a Pedro Sánchez en el Puesto de Mando Avanzado de Turre?
El incendio de Los Gallardos ha dejado trece víctimas mortales, miles de hectáreas arrasadas y una profunda herida en nuestra provincia. Ante una tragedia de semejante magnitud, lo que se espera de los responsables públicos es claridad, liderazgo y coherencia.
Si realmente creemos que la emergencia climática mata, las políticas públicas deben actuar en consecuencia. Si, por el contrario, se considera que el problema se resuelve derogando leyes climáticas y flexibilizando la protección ambiental, entonces habría que explicar por qué se sostiene exactamente el discurso contrario cuando el humo aún no ha desaparecido del cielo de Almería.
No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Al menos, no sin que nos preguntemos cuál de las dos versiones responde realmente a las convicciones del presidente de la Junta.
