El incendio de Sierra de Bédar y Los
Gallardos ha dejado una cicatriz imborrable en nuestra provincia. Trece
personas perdieron la vida, miles de hectáreas quedaron reducidas a cenizas y
numerosos vecinos vieron desaparecer en pocas horas el trabajo y el patrimonio
de toda una vida. Ante una tragedia de semejante magnitud, la obligación de
cualquier Administración es hacer una autocrítica rigurosa y asumir
responsabilidades cuando existan errores. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha
optado por una estrategia muy distinta: cerrar filas, negar cualquier fallo y
refugiarse en el argumento de que todo se hizo correctamente. Con estas bases,
estamos condenados a repetir la historia.
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| Una triste imagen tras el incendio / Loa |
Sin embargo, los hechos empiezan a
dibujar un relato muy diferente. El informe pericial incorporado a la
investigación judicial sostiene que la activación de la Situación Operativa 1
del Plan Infoca se retrasó cerca de tres horas, pese a que ya existían
desalojos y un riesgo evidente para la población. La organización ciudadana
FACUA ha solicitado explicaciones por esa demora, al entender que resulta
incompatible con una gestión eficaz de una emergencia de esta magnitud.
Mientras tanto, continúan abiertas las investigaciones judiciales para
esclarecer qué ocurrió realmente durante aquellas primeras horas decisivas.
No se trata de buscar culpables
antes de tiempo. Se trata de algo mucho más elemental: conocer la verdad para
que no vuelva a repetirse una tragedia semejante. Porque la cuestión va mucho
más allá de la respuesta operativa durante un incendio. El auténtico problema
es qué se ha hecho -o, mejor dicho, qué no se ha hecho- durante los meses y los
años anteriores.
Gestionar incendios con
herramientas del siglo pasado
Los incendios forestales ya no son
episodios excepcionales. El cambio climático los está convirtiendo en un riesgo
estructural. Andalucía soporta temperaturas cada vez más extremas, periodos
prolongados de sequía, vegetación más seca y fenómenos meteorológicos capaces
de convertir un pequeño foco en un gran incendio en cuestión de minutos. Negar
esta realidad supone gestionar el siglo XXI con herramientas del siglo pasado.
Precisamente por eso sorprende que
la Junta continúe centrando buena parte del debate en los medios de extinción
cuando la experiencia científica lleva años insistiendo en que la mejor
inversión es la prevención.
Ecologistas en Acción lo ha
expresado con claridad tras el incendio de Bédar: Andalucía sigue arrastrando
importantes carencias en materia de gestión forestal preventiva. La limpieza de
montes, los tratamientos selvícolas, la recuperación del mosaico agroforestal,
el mantenimiento de cortafuegos, la gestión del combustible vegetal o el apoyo
a la actividad agrícola y ganadera tradicional son actuaciones que reducen
enormemente la intensidad de los incendios antes incluso de que aparezcan las
primeras llamas. No basta con disponer de helicópteros o aviones cuando el
fuego ya es incontrolable. La verdadera batalla contra los incendios se libra
durante todo el año.
La Junta reconoce en su Plan Anual
de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales que la estrategia
debe ser integral, permanente y basada tanto en la prevención como en la
extinción. El propio documento fija como objetivos la asignación estable de
medios profesionales, la ejecución de trabajos preventivos durante todo el año
y la planificación territorial frente al riesgo de incendios.
La pregunta, por tanto, es
inevitable: si esos principios forman parte de la planificación oficial, ¿por
qué seguimos encontrándonos con municipios sin planes locales de emergencia
plenamente desarrollados, zonas forestales insuficientemente gestionadas y
profesionales que llevan años reclamando más estabilidad laboral y un refuerzo
de las plantillas?
Los incendios no se gestionan
únicamente con tecnología. Se gestionan con personas. Con bomberos forestales,
agentes de medio ambiente, técnicos, retenes, operadores del 112, personal de
Protección Civil y especialistas que conocen el territorio palmo a palmo.
Durante demasiado tiempo se ha
tratado el gasto en prevención como un coste prescindible cuando, en realidad,
constituye una inversión en seguridad pública. Cada euro destinado a prevención
evita después millones en extinción, restauración ambiental e indemnizaciones.
Pero, sobre todo, puede salvar vidas.
Luchar contra el cambio climático
no es una opción política
En Movimiento Sumar defendemos que
la lucha contra el cambio climático no puede limitarse a declaraciones
institucionales o campañas de sensibilización. Debe convertirse en el eje
transversal de las políticas públicas. Significa adaptar la planificación territorial
a un clima distinto, reforzar los servicios públicos de emergencias, aumentar
las inversiones en prevención forestal y dotar de estabilidad a quienes
trabajan durante todo el año protegiendo nuestros montes. No podemos seguir reaccionando
únicamente cuando ya vemos las llamas por televisión.
Por respeto a esas víctimas,
Andalucía necesita una revisión profunda de su política forestal. Necesita
evaluar con transparencia qué ocurrió durante la emergencia, revisar los
protocolos de activación, reforzar la coordinación entre administraciones y, sobre
todo, incrementar de forma decidida la inversión en prevención y en recursos
humanos. Esa es la razón de que nuestro grupo parlamentario, Por Andalucía,
haya exigido la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento
Andaluz.
Pero, desgraciadamente, eso parece
muy difícil. Cuando Moreno Bonilla ha optado por aliarse con el negacionismo
más extremo, que considera el cambio climático un invento progresista y
renuncia a poner en marcha cualquier política pública que afronte un problema
que para Almería supone poco menos que su supervivencia. Parece que en las
pasadas elecciones autonómicas los almerienses hubiéramos optado por el
suicidio colectivo.
