Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez
Alcalde de Almería
Lo que al Estado le sirve para pagar debe servirle para cobrar. Por lo tanto, es absolutamente injusto que los ayuntamientos andaluces no puedan pagar su deuda al Estado con solares de titularidad municipal, pero deban aceptar solares de titularidad estatal en concepto de pago de la Deuda Histórica.
Devolver al Estado estas cantidades en dinero supondrá recortes para los ciudadanos y estas cantidades que ahora hay que devolver constituyen para muchos ayuntamientos una inasumible hipoteca generada por el propio sistema de financiación, y que las Corporaciones Locales y autonómicas tienen que afrontar a partir de enero de 2011 y durante los cinco años siguientes. Es evidente que ello redundará en nuevos recortes en el gasto, y en la cantidad y calidad de los servicios que Ayuntamientos y Comunidades prestan a los ciudadanos.
Por eso, desde el Partido Popular consideramos imprescindible que se flexibilicen las condiciones de devolución de estas cantidades por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales al Estado, y que se permita el pago en solares de titularidad municipal, para que esto no afecte en la prestación de servicios básicos para el bienestar de los ciudadanos.
El Gobierno sabe que la situación económica por la que atraviesan las Corporaciones Locales resulta verdaderamente preocupante, con una profunda crisis económica que ha venido a provocar, entre otras graves consecuencias, una disminución drástica de los ingresos municipales.
El Presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha criticado las constantes rectificaciones del gobierno en esta cuestión. Primero prohibió a los Ayuntamientos solicitar más créditos, después se lo permitió hasta final del presente año y, ahora, discrimina a las Corporaciones Locales al permitir endeudarse a unas sí y a otras no. Por ello es una irresponsabilidad intentar demonizar a los ayuntamientos y trasladarles el coste político de la crisis. Todos estos bandazos del Gobierno en materia de financiación son fruto del incumplimiento de Zapatero que se comprometió a impulsar una Ley de financiación Local que permitiera tener un sistema de financiación justo y equitativo para los Ayuntamientos. Y así, mientras el Estado sigue endeudándose de una manera irresponsable, impide a algunos ayuntamientos solicitar nuevos créditos. Es, a todas luces, una medida arbitraria e injusta.
Lo que el Estado acepta como medio de pago tiene que ser aceptado como medio de cobro. Sólo desde la incoherencia y la desvergüenza se puede estar en contra de esto.
Devolver al Estado estas cantidades en dinero supondrá recortes para los ciudadanos y estas cantidades que ahora hay que devolver constituyen para muchos ayuntamientos una inasumible hipoteca generada por el propio sistema de financiación, y que las Corporaciones Locales y autonómicas tienen que afrontar a partir de enero de 2011 y durante los cinco años siguientes. Es evidente que ello redundará en nuevos recortes en el gasto, y en la cantidad y calidad de los servicios que Ayuntamientos y Comunidades prestan a los ciudadanos.
Por eso, desde el Partido Popular consideramos imprescindible que se flexibilicen las condiciones de devolución de estas cantidades por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales al Estado, y que se permita el pago en solares de titularidad municipal, para que esto no afecte en la prestación de servicios básicos para el bienestar de los ciudadanos.
El Gobierno sabe que la situación económica por la que atraviesan las Corporaciones Locales resulta verdaderamente preocupante, con una profunda crisis económica que ha venido a provocar, entre otras graves consecuencias, una disminución drástica de los ingresos municipales.
El Presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha criticado las constantes rectificaciones del gobierno en esta cuestión. Primero prohibió a los Ayuntamientos solicitar más créditos, después se lo permitió hasta final del presente año y, ahora, discrimina a las Corporaciones Locales al permitir endeudarse a unas sí y a otras no. Por ello es una irresponsabilidad intentar demonizar a los ayuntamientos y trasladarles el coste político de la crisis. Todos estos bandazos del Gobierno en materia de financiación son fruto del incumplimiento de Zapatero que se comprometió a impulsar una Ley de financiación Local que permitiera tener un sistema de financiación justo y equitativo para los Ayuntamientos. Y así, mientras el Estado sigue endeudándose de una manera irresponsable, impide a algunos ayuntamientos solicitar nuevos créditos. Es, a todas luces, una medida arbitraria e injusta.
Lo que el Estado acepta como medio de pago tiene que ser aceptado como medio de cobro. Sólo desde la incoherencia y la desvergüenza se puede estar en contra de esto.
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