Diego Asensio
Secretario General del PSOE de Almería
En España sigue habiendo unos 150.000 desaparecidos desde la Guerra Civil. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional, España es el primer país con más víctimas de desaparición forzosa de toda Hispanoamérica y el segundo del mundo, tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot.
Asociaciones en defensa de la memoria histórica de toda España están empleando los mecanismos legales necesarios para conseguir la reparación de los daños causados a las víctimas de la dictadura franquista.
Andalucía es la Comunidad Autónoma que ha abierto paso en España para que las víctimas del franquismo sean reconocidas y se les haga justicia por parte de la administración pública.
Las primeras indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión en la dictadura franquista datan de 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador. Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses (inicialmente, sólo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las ayudas estatales fijadas en 1990). Desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan solo 85 son mujeres.
En estos días, de nuevo Andalucía se ha puesto a tirar de este tren de la justicia social con las víctimas del franquismo, en este caso con las mujeres que fueron “ajusticiadas” por este régimen dictatorial o durante la Guerra Civil. Para ello se ha aprobado esta semana en el Parlamento de Andalucía, a propuesta del Grupo Socialista, la concesión de una indemnización de 1.800 euros y el reconocimiento público del dolor y escarnio que padecieron como víctimas a manos del bando franquista durante la Guerra Civil y/o durante el régimen franquista.
En la filas del Partido Popular esta actuación ha escocido y molestado, pese a que su único fin ha sido precisamente el de cerrar algunas heridas que el Franquismo dejó en España y que seguían abiertas.
El PP dice precisamente lo contrario, que este tipo de medidas abren cicatrices del pasado. Hay que aclararles que no es así y que son ellos quienes alimentan el odio y la división de la ciudadanía con su actitud frente a las víctimas franquistas del bando republicano.
¿Qué problema tiene el PP con que a estas víctimas se les reconozca y se les repare el daño? La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha recordado que hay muchas mujeres que en la actualidad son objeto de violaciones y maltrato y no reciben esta indemnización. Estamos de acuerdo con ella, pero eso no significa que las mujeres víctimas del franquismo no merezcan esta gratificación pública.
La labor de un representante público de la ciudadanía debe estar encaminada, entre otras cosas, a evitar las injusticias sociales. Si el PP identifica a un colectivo que padece o ha padecido vejaciones causadas por parte de un ente público, lo que ha de hacer es trabajar para evitar estas situaciones y buscar medios de compensación para las víctimas, igual que hemos hecho y hacemos desde el Partido Socialista.
Los socialistas no tenemos complejos con las víctimas de la Guerra Civil, legislamos también para ellas, para sus familias, para sus hijos y para sus nietos. El PP dice que hay que pensar en sus hijos, desde el PSOE lo hacemos y precisamente por estos descendientes, además de por las víctimas, se llevan a cabo actuaciones para la reparación moral las mujeres que padecieron vejaciones por parte del bando franquista durante la Guerra Civil o el régimen dictatorial posterior.
Asociaciones en defensa de la memoria histórica de toda España están empleando los mecanismos legales necesarios para conseguir la reparación de los daños causados a las víctimas de la dictadura franquista.
Andalucía es la Comunidad Autónoma que ha abierto paso en España para que las víctimas del franquismo sean reconocidas y se les haga justicia por parte de la administración pública.
Las primeras indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión en la dictadura franquista datan de 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador. Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses (inicialmente, sólo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las ayudas estatales fijadas en 1990). Desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan solo 85 son mujeres.
En estos días, de nuevo Andalucía se ha puesto a tirar de este tren de la justicia social con las víctimas del franquismo, en este caso con las mujeres que fueron “ajusticiadas” por este régimen dictatorial o durante la Guerra Civil. Para ello se ha aprobado esta semana en el Parlamento de Andalucía, a propuesta del Grupo Socialista, la concesión de una indemnización de 1.800 euros y el reconocimiento público del dolor y escarnio que padecieron como víctimas a manos del bando franquista durante la Guerra Civil y/o durante el régimen franquista.
En la filas del Partido Popular esta actuación ha escocido y molestado, pese a que su único fin ha sido precisamente el de cerrar algunas heridas que el Franquismo dejó en España y que seguían abiertas.
El PP dice precisamente lo contrario, que este tipo de medidas abren cicatrices del pasado. Hay que aclararles que no es así y que son ellos quienes alimentan el odio y la división de la ciudadanía con su actitud frente a las víctimas franquistas del bando republicano.
¿Qué problema tiene el PP con que a estas víctimas se les reconozca y se les repare el daño? La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha recordado que hay muchas mujeres que en la actualidad son objeto de violaciones y maltrato y no reciben esta indemnización. Estamos de acuerdo con ella, pero eso no significa que las mujeres víctimas del franquismo no merezcan esta gratificación pública.
La labor de un representante público de la ciudadanía debe estar encaminada, entre otras cosas, a evitar las injusticias sociales. Si el PP identifica a un colectivo que padece o ha padecido vejaciones causadas por parte de un ente público, lo que ha de hacer es trabajar para evitar estas situaciones y buscar medios de compensación para las víctimas, igual que hemos hecho y hacemos desde el Partido Socialista.
Los socialistas no tenemos complejos con las víctimas de la Guerra Civil, legislamos también para ellas, para sus familias, para sus hijos y para sus nietos. El PP dice que hay que pensar en sus hijos, desde el PSOE lo hacemos y precisamente por estos descendientes, además de por las víctimas, se llevan a cabo actuaciones para la reparación moral las mujeres que padecieron vejaciones por parte del bando franquista durante la Guerra Civil o el régimen dictatorial posterior.
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