El precio injusto

Juan Antonio Segura Vizcaíno

Parlamentario andaluz del PSOE

 

Hubo un tiempo en que adivinar el precio justo de las cosas resultaba infinitamente más fácil que ahora. Era el tiempo en que, con el inolvidable 'a jugaaar' de Joaquín Prats como bienvenida, un señor de Santander podía acertar sin muchos problemas el precio de un televisor.

 

Lo milagroso era que el precio de aquel televisor coincidía con el que estaba expuesto en el escaparate de la tienda de la esquina: daba lo mismo que la esquina fuera de una calle de Santander o de Almería.

 

Cambiaron los tiempos, llegaron las grandes superficies merendándose al pequeño comercio, y el milagro de los precios justos se vino abajo. Hoy en día, ni el ama de casa más avezada podría adivinar a cuánto está el kilo de tomates. Y todo ello porque cualquier parecido con lo que deberían costar es pura coincidencia. La aparición de un enorme desfase entre lo que vale una cosa y lo que cuesta es grave, pero no lo sería tanto si no afectara también, y especialmente, a los productos de primera necesidad.

 

El asunto toma tintes dramáticos en el caso de las frutas y hortalizas. Los productores agrícolas de nuestra provincia llevan ya tiempo clamando al cielo por unos precios que son profundamente injustos. Primero para el ellos, que muchas veces no consiguen ni siquiera cubrir los costes de producción. Pero también para el consumidor, que encuentra en el hipermercado unos precios hasta tal punto prohibitivos, que muchas veces se ve obligado a moderar sus compras. ¿Y el beneficio para quién se queda?

 

El PSOE lleva tiempo reclamando una mayor protección para productores y consumidores frente a los distribuidores agroalimentarios. Esta misma semana, el Congreso de los Diputados aprobaba, mediante una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, una Proposición no de Ley que busca mejorar las relaciones entre los productores del sector alimentario y los distribuidores. En el texto se pide al Gobierno que estudie los desequilibrios entre los agentes de la cadena de distribución y su impacto en el mercado y en los consumidores. Además, también se insta al Gobierno a que impulse la elaboración de códigos de buenas prácticas entre los agentes de las cadenas de valor, con el objetivo de conseguir el equilibrio de las relaciones comerciales y la mejora de la competitividad.

 

Esta iniciativa se sumará a las que en los últimos tiempos ha venido impulsando el Ministerio de Industria para beneficiar al consumidor. Entre ellas destaca la Ley de Comercio Minorista, que incorporó el plazo de pago general de 60 días, sin posibilidad de pacto entre las partes, con el objeto de reducir los aplazamientos de pago de las grandes empresas respecto a sus proveedores, y de esta manera evitar prácticas abusivas.