Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
El anuncio de la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, de que el gobierno va a modificar el Decreto 8/2010, que prohíbe a los ayuntamientos pedir créditos el próximo año 2011, habrá cogida de sorpresa a mucha gente, pero no a este servidor. Y quien dude de ello, que ojee la edición de La Voz de Almería del pasado 15 de agosto. Con la misma firma de hoy se publicaba el artículo titulado “Ceremonia de la confusión”, cuyo último párrafo decía así: “Y puestos a hacer más rectificaciones, emplazo al lector a la próxima: el decreto de congelación de créditos de las entidades locales para 2011. Es el aliado perfecto del desempleo. Será suavizado o completamente derogado. Y si no, al tiempo”.
Han pasado cuatro meses desde que se adoptó la medida y menos de un mes desde que vaticiné su reforma, y ya tenemos aquí la rectificación. No hacía falta ser adivino para ver lo que iba a venir. Casi todos los ayuntamientos, tras la crisis del sector inmobiliario, que durante varios años ha sido su principal fuente de ingresos, están pasando por dificultades económicas, pero tomando medidas drásticas que afectan a todos penalizamos de igual forma a los alcaldes que han actuado de forma irresponsable y a quienes lo han hecho de forma responsable. Y eso no podía ser.
El ayuntamiento de Almería, con una deuda de 62,3 millones de euros para una población de 188.810 habitantes (38,2 % en relación con los ingresos), ha sido destacado por la ministra Salgado como ejemplo de buena gestión económica. Hay que felicitarle. Otro ayuntamiento almeriense, el de Alhabia, en cambio, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en deuda relativa. Debe casi 3,5 millones de euros para unos ingresos estipulados en algo más de un millón, lo que proporciona un porcentaje de deuda que supera el 300 %. No es para felicitarle, precisamente.
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