Indignación, cuanto menos. Eso es lo que algunos hemos sentido por los hechos bochornosos que están teniendo lugar en el país vecino. Para alguien de mi edad la palabra "deportación" nos remite automáticamente a los campos de exterminio nazis, y sin embargo hoy vuelven a los diarios nacionales. Ciertamente increíble.
Increíble que un ministro del interior de un país miembro de la Unión Europea -tal y como ha hecho el ministro del interior galo- ordene a la policía dar prioridad a la expulsión de romaníes rumanos de Francia (eso para mí es expulsión en masa, y no repatriaciones). Increíble me parece igualmente el trato condescendiente de la Comisión Europea durante todo este tiempo hacia Francia, y su cambio de postura cuando la cuestión pasaba de ser un rumor a una circular del gobierno galo con todas sus consecuencias; de ahí que celebre el anuncio del procedimiento sancionador contra Francia, que ojalá acabe en el tribunal de justicia de la UE de Luxemburgo, cuanto menos. Porque de lo que se trata no es precisamente del incumplimiento de la directiva sobre la circulación de personas (que, recordemos, garantiza "un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros"), sino de la deportación de personas, tal cual. Y claro está, cada rey bufón tiene su corte; la iniciativa de Nicolás Sarkozy la defienden únicamente Silvio Berlusconi -el que afirma que sus ministras son ex-prostitutas- y Mariano Rajoy -el que no llega a tanto pero en su día propuso aquello del contrato de integración-. Es decir, la división azul.
Y lo peor no es eso, sino que ya algunos las han puesto en marcha (caso del italiano Berlusconi, que emprendió su cruzada antigitana en abril del año 2008 cuando proclamó la necesidad de "devolver a los ciudadanos la seguridad perdida con el gobierno de centro-izquierda, echando del país a las "hordas de bárbaros" que configuraban los campamentos gitanos" y propuso el cierre de fronteras, la destrucción de los campamentos ilegales romaníes con arrestos y deportaciones y organizó un programa conjuntamente con la Camorra en Nápoles para censar a los "nómadas"). Tengan ustedes por seguro que Mariano Rajoy no lo ha hecho sencillamente porque no gobierna, ni gobernará.
La cuestión fundamental va mucho más allá de la acción emprendida por Francia; la cuestión es que no es la única acción del tipo que se pone en marcha en países de la Unión Europea, es decir, en el único territorio del mundo donde la libre circulación de ciudadanos de distintos países está incluso regulada. ¿Qué pasaría si ni siquiera existiera tal regulación?
Increíble que un ministro del interior de un país miembro de la Unión Europea -tal y como ha hecho el ministro del interior galo- ordene a la policía dar prioridad a la expulsión de romaníes rumanos de Francia (eso para mí es expulsión en masa, y no repatriaciones). Increíble me parece igualmente el trato condescendiente de la Comisión Europea durante todo este tiempo hacia Francia, y su cambio de postura cuando la cuestión pasaba de ser un rumor a una circular del gobierno galo con todas sus consecuencias; de ahí que celebre el anuncio del procedimiento sancionador contra Francia, que ojalá acabe en el tribunal de justicia de la UE de Luxemburgo, cuanto menos. Porque de lo que se trata no es precisamente del incumplimiento de la directiva sobre la circulación de personas (que, recordemos, garantiza "un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros"), sino de la deportación de personas, tal cual. Y claro está, cada rey bufón tiene su corte; la iniciativa de Nicolás Sarkozy la defienden únicamente Silvio Berlusconi -el que afirma que sus ministras son ex-prostitutas- y Mariano Rajoy -el que no llega a tanto pero en su día propuso aquello del contrato de integración-. Es decir, la división azul.
Y lo peor no es eso, sino que ya algunos las han puesto en marcha (caso del italiano Berlusconi, que emprendió su cruzada antigitana en abril del año 2008 cuando proclamó la necesidad de "devolver a los ciudadanos la seguridad perdida con el gobierno de centro-izquierda, echando del país a las "hordas de bárbaros" que configuraban los campamentos gitanos" y propuso el cierre de fronteras, la destrucción de los campamentos ilegales romaníes con arrestos y deportaciones y organizó un programa conjuntamente con la Camorra en Nápoles para censar a los "nómadas"). Tengan ustedes por seguro que Mariano Rajoy no lo ha hecho sencillamente porque no gobierna, ni gobernará.
La cuestión fundamental va mucho más allá de la acción emprendida por Francia; la cuestión es que no es la única acción del tipo que se pone en marcha en países de la Unión Europea, es decir, en el único territorio del mundo donde la libre circulación de ciudadanos de distintos países está incluso regulada. ¿Qué pasaría si ni siquiera existiera tal regulación?
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