Rosario Soto
Portavoz del PP de Andalucía
Al igual que una creciente mayoría de andaluces, los cargos de la Junta también perciben la inminencia del cambio político que se avecina nuestra Comunidad en cuanto los tengan las urnas a su alcance. Y como para otras cosas no, pero para lo que a ellos les interesa sí que son previsores, están preparando un escenario acorde a sus compromisos personales y políticos para cuando se produzca el cambio en el gobierno y Javier Arenas sea presidente de la Junta de Andalucía. Para ello, están dispuestos a ignorar las leyes para poder acomodar a un importante número de trabajadores escogidos por sus intereses, militancia o como devolución de favores personales, y convertirlos de un plumazo en funcionarios con los que habrá de encontrarse el próximo presidente de la Junta.
En este sentido, desde el Partido Popular hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de reordenación del sector público andaluz, que lo que pretende en realidad es colar en la Junta a los 25.000 trabajadores que integran la Administración paralela que han montado los Gobiernos socialistas en Andalucía y que nos cuesta anualmente 5.000 millones de euros.
Entendemos que esta maniobra política es inconstitucional porque vulnera el derecho a acceder, ejercer y permanecer en las funciones y los cargos públicos en condiciones de igualdad.
Así nos lo han transmitido varias organizaciones sindicales de funcionarios que se ven directamente afectados por una reordenación que les hace perder su condición de funcionarios, y lo mismo ocurre con el personal laboral que viene prestando sus servicios en la Administración General de la Junta y en los organismos autónomos y que han accedido a sus puestos de trabajo a través de los correspondientes procesos selectivos basados en los principios de mérito y capacidad, a los que el Decreto-ley pretende dar la misma consideración que a quienes han entrado en las empresas públicas de la Junta con una simple entrevista personal y por ser amigos de quienes son amigos.
Llevados de su interés partidista y personalista, los socialistas no reparan en que con este tipo de medidas se está trasladando a la sociedad andaluza un mensaje que, a mi juicio, resulta demoledor para nuestro futuro, pues no se puede hacer valer antes la amistad personal o el compadreo político que el esfuerzo, el estudio y la vocación de servir como funcionario público. Entiendo que resulta gravemente irresponsable solemnizar con este decreto el amiguismo, el clientelismo o la militancia como fórmulas más rápidas y fiables de acceso a un puesto de trabajo fijo.
En este sentido, desde el Partido Popular hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de reordenación del sector público andaluz, que lo que pretende en realidad es colar en la Junta a los 25.000 trabajadores que integran la Administración paralela que han montado los Gobiernos socialistas en Andalucía y que nos cuesta anualmente 5.000 millones de euros.
Entendemos que esta maniobra política es inconstitucional porque vulnera el derecho a acceder, ejercer y permanecer en las funciones y los cargos públicos en condiciones de igualdad.
Así nos lo han transmitido varias organizaciones sindicales de funcionarios que se ven directamente afectados por una reordenación que les hace perder su condición de funcionarios, y lo mismo ocurre con el personal laboral que viene prestando sus servicios en la Administración General de la Junta y en los organismos autónomos y que han accedido a sus puestos de trabajo a través de los correspondientes procesos selectivos basados en los principios de mérito y capacidad, a los que el Decreto-ley pretende dar la misma consideración que a quienes han entrado en las empresas públicas de la Junta con una simple entrevista personal y por ser amigos de quienes son amigos.
Llevados de su interés partidista y personalista, los socialistas no reparan en que con este tipo de medidas se está trasladando a la sociedad andaluza un mensaje que, a mi juicio, resulta demoledor para nuestro futuro, pues no se puede hacer valer antes la amistad personal o el compadreo político que el esfuerzo, el estudio y la vocación de servir como funcionario público. Entiendo que resulta gravemente irresponsable solemnizar con este decreto el amiguismo, el clientelismo o la militancia como fórmulas más rápidas y fiables de acceso a un puesto de trabajo fijo.
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