Dimisión de opiniones

Juan José Téllez

Articulista

Dimite doblemente Rafael Velasco en un país en el que nadie hace siquiera amago de dimitir. Y la pregunta que más circula por los mentideros habituales es la de por qué ha dimitido realmente, en lugar de preguntarnos por qué no dimiten los demás.

A Velasco le ha podido el prurito, el pundonor, sus afectos familiares o la impresión de que pueda haber incurrido en un patinazo aunque no exista ilegalidad formal en las subvenciones recibidas por una de esas factorías de cursos para desempleados en la que trabajaba su esposa. Lo haya hecho por lo que lo haya hecho, lo cierto es que ha cogido puerta, camino y mondeño en un territorio en que la imagen pública más habitual es la del Mariano de Forges aferrándose castizamente a su poltrona.

Quizá quepa afearle que al dimitir lo ha hecho con un sonado estrépito impropio de un tipo joven pero curtido en política: de no haber dimitido, tendrían tal vez que haberlo cesado por la mala gestión de su mutis por el foro, en una hoja de ruta que pareciera diseñada por su peor enemigo. Se despide en dos dosis, como las tv movies y los viejos folletines del continuará, propiciando dos días consecutivos de cinco columnas para los quintacolumnistas del apocalipsis. Y justamente la semana en la que el PSOE estaba sacando pecho por la elevación a los altares de Alfredo Pérez Rubalcaba como primo de Zumosol.

Pero dicho esto, ¿por qué no se derrama la misma cantidad de tinta en torno a los motivos que perpetúan a las tramas levantinas o madrileñas de los Gürtel, Brugal y otras marcas exóticas de la presunta corrupción política de este país? Claro que en materia de dimisiones, las opiniones se dividen. En el trincherismo que nos aflige, los hooligans de los grandes contendientes siempre quisieran que fuera el contrario y no el propio el que tira la toalla. Sin embargo, los números cantan: la cantidad de 700.000 euros en cuatro años como subvención legal que recibiera la empresa vinculada a la esposa de Rafael Velasco equivale a la suma que, según el sumario, se repartieron tres antiguos responsables del PP de Boadilla del Monte como soborno por la adjudicación a Constructora Hispana de una obra por valor de 29,6 millones de euros. Por no hablar de los 15.000 millones de euros correspondientes a 54 clientes que Arturo Fasana, el gestor de Francisco Correa, blanqueó a través de un banco suizo.

Como ha planteado el PP, se hace más que necesaria la investigación sobre posibles fraudes en los cursillos a parados, vengan de donde vengan. Pero en su legítima voluntad de transparencia, los conservadores tendrían que dar ejemplo, promocionando al menos la peculiar figura de la dimisión, aunque sea a cambio de una butaquita de platea en la FAES.