El Caso Poniente cumple un año

La Voz de Almería

El caso ´Poniente´, que investiga una presunta trama de corrupción municipal en El Ejido (Almería), alcanza hoy miércoles su primer año desde que las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción en 2007 desencadenasen la intervención policial del Ayuntamiento y la detención, junto a otras 19 personas, del alcalde, Juan Enciso (PAL), a quien se imputa la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad en documento público.

Doce meses después de la operación que derivó en la encarcelación de Enciso, quien permaneció en prisión incondicional durante ocho meses hasta su puesta en libertad tras el pago de una fianza de 300.000 euros, la juez instructora, Montserrat Peña, mantiene el secreto sobre la mayor parte de las actuaciones de las que sólo se han liberado el contenido de 22 tomos del sumario que recogen las escuchas telefónicas a los principales implicados, entre los que se encuentran, además del regidor, los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán y el ex interventor municipal, José Alemán.

En la presunta trama de corrupción municipal, que se articularía, según la investigación, en torno a estos cuatro clanes, se apunta como eje fundamental la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur). Los informes policiales señala a Enciso como "vinculado" a José Alemán y a una "infraestructura organizada" con el propio interventor a la cabeza y con "grupos de sociedades afines al mismo" que se caracterizó durante años por "procurarse favores de naturaleza mercantil, así como lucrarse de las subcontratas" de Elsur, "participada al 30 por ciento por el Ayuntamiento y en un 70 por ciento por ´Agua y Gestión´, perteneciente a Abengoa".

Ninguno de los arrestados sobre los que la juez dictó auto de ingreso en prisión, bien incondicional, bien bajo fianza, continúa encarcelado. La última salida de prisión se produjo el 29 de julio y la protagonizaron Amate y Alemán tras satisfacer 600.000 euros cada uno. El primer edil, quien ha anunciado que concurrirá a la reelección en 2011 y a quien sustituyó como alcalde accidental el concejal Ignacio Berenguel (PAL), también imputado, abandonaba la prisión de Albolote (Granada) un mes antes aunque con medidas cautelares.

A la espera de que la magistrada Montserrat Peña alce el secreto de sumario, cuya continuidad o no debe dirimir como cada mes la próxima semana, la defensa de Enciso, ejercida por el letrado Francisco Torres, ha basado su línea argumental en cuestionar la validez de la intervención en sus comunicaciones, ratificada por la Audiencia Provincial. La autorización judicial de las escuchas a Enciso llegó tras la intervención de los teléfonos de Galán, Amate y Alemán, además de los hermanos propietarios del Grupo Lirola, quienes eludían la prisión al pagar 150.000 euros de fianza tras ser arrestados en diciembre de 2009.

CONSECUENCIAS POLITICAS

La primera consecuencia política de la operación ´Poniente´ fue la inmediata ruptura del pacto de gobierno que el PSOE mantenía con el PAL en la Diputación Provincial desde los últimos comicios municipales. La dirección provincial socialista la anunciaba el 20 de octubre "ante la gravedad de las acusaciones" y el presidente de la institución, Juan Carlos Usero, cesaba a José Añez y Angel Díaz, ambos miembros de la coalición por el PAL como responsables de las áreas de Hacienda y Obras Públicas.

La gobernabilidad en el Consistorio ejidense durante el último año ha sido también objeto de debate en el Parlamento andaluz. La primera formación política que alzó la voz fue IULV-CA para pedir la constitución de un gestora aunque PSOE y PP rechazaron en los primeros días esta opción. En abril de 2010, el Pleno del Parlamento andaluz rechazó con los votos del PSOE, una proposición no de Ley del PP, que fue apoyada por IULV-CA, en la que se instaba a la Junta a solicitar al Consejo de Ministros el inicio del expediente preceptivo para la disolución. Una segunda iniciativa se saldó con el mismo resultado el pasado día 14.

El PAL, la formación vinculada estrechamente al alcalde ejidense, quien se escindió en 2005 del PP, ha experimentado en la última semana importantes bajas de militancia de cargos electos. Un total de seis ediles en el gobierno del Ayuntamiento de Dalías (Almería), encabezados por el alcalde, Jerónimo Robles, comunicaron a principios de octubre su cese por "diferencias políticas" con la dirección de la formación.

Antes, se daban de baja el primer edil de Olula de Castro, Guillermo Mesas, el ex diputado provincial Ginés Martínez Balastegui y el alcalde de Alboloduy, Antonio Matarín y su equipo de gobierno. Con estas bajas, el partido que preside Juan Enciso mantiene las alcaldías de El Ejido, Felix, y Urrácal y ha reducido a casi un tercio los 61 ediles conseguidos en las últimas elecciones.

CONFLICTO LABORAL

Otro derivado de la operación ´Poniente´ ha sido a la intensificación del conflicto que mantenían los empleados de la empresa mixta Elsur con la Gerencia de la propia entidad y el Ayuntamiento de El Ejido, propietaria del 30 por ciento de la compañía cuyos empleados han protagonizado durante el último año huelgas intermitentes, paros y manifestaciones por el centro de la localidad y la capital.

Elsur, que ya contaba con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 70 empleados cada seis meses antes de la intervención judicial del Ayuntamiento, ha tenido que asumir durante el último año a la plantilla que mantenían las empresas de las subcontratas --Maviroad y Arborimar, principalmente-- a través de procesos judiciales paralelos que terminaron por reconocer la subrogación de los empleados. No obstante, despidos posteriores, jubilaciones anticipadas, abandonos y hasta una muerte en carretera de uno de los empleados han dejado a la plantilla en la actualidad con 379 trabajadores.

ALTO ENDEUDAMIENTO

Este grueso también ha planteado de forma continua sus protestas ante los impagos acumulados dada las deudas de la empresa Elsur, que mantiene como principal fuente de ingresos el canon aportado por el Ayuntamiento de El Ejido, así como la facturación que realiza a este mismo ´cliente´ fuera de canon. Tal es así, que el Consistorio mantiene una deuda con Elsur de unos 97 millones de euros además de la de 222,7 millones a distintos proveedores, cifras reconocidas por el Plan de Saneamiento elaborado por el propio Consistorio.

La deuda reflejada en este plan económico financiero, que aún está a la espera de ser aprobado por la Junta de Andalucía después de haber sido presentado por segunda vez a la Administración andaluza, ha sido el principal achaque identificado por los sindicatos que apoyan a los trabajadores ante los impagos que han sufrido los operarios y que han llevado, incluso, a que Elsur fuese embargado en varias ocasiones por la Seguridad Social.

Asimismo, la vida en el municipio de El Ejido se ha visto afectado en múltiples ocasiones en una doble vertiente: por un lado, la falta de recursos económicos han llevado a los empleados de Elsur a no poder efectuar sus labores competentemente --aspecto criticado sobre todo por los miembros de la oposición política al gobierno local--, y por otro lado, las protestas protagonizadas por los operarios ha alterado el normal desarrollo de la cotidianidad.

Tal esa así, que durante las últimas reivindicaciones por el pago de sus nóminas en el mes de octubre, en el que el comité de empresa protagonizó un encierro en el Ayuntamiento y visitó el Parlamento de Andalucía en busca de soluciones; el equipo de gobierno a través de su recién nombrado portavoz, José Añez, acusó a los trabajadores de "sabotear" los servicios urbanos con cortes de alumbrado público, carreteras y agua corriente; si bien los sindicatos desligaron a los trabajadores de estos incidentes.