José Antonio Amate
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería
Todos y cada uno de los ocho mil y pico ayuntamientos españoles reciben cada año su parte de la recaudación de los tributos del Estado. Es decir, los municipios recuperan parte del dinero que sus propios vecinos han pagado como impuestos al Estado por distintos conceptos. Esto es así cada año y hasta ahora no había habido ninguna polémica política hasta que en 2008 las cosas cambiaron por mor de la crisis financiera mundial.
Los gobiernos vieron entonces cómo sus ingresos fiscales se reducían por la menor actividad económica. Sin embargo, el Estado transfirió a cuenta en 2008 a los municipios las cantidades previstas antes de ajustarlas a la nueva realidad. En consecuencia, toca ahora devolver parte del dinero recibido. En nuestro caso, 3,7 millones de euros.
¿Qué ocurre ahora, dos años después? Que los ayuntamientos, incluido el nuestro, han gastado ya esos dineros y en muchos casos no disponen de liquidez para devolver lo que les reclaman ahora. Como municipalista comparto la preocupación de los alcaldes y como socialista defiendo la ley y la negociación. Por su parte, el Partido Popular, como tantas otras veces, ha diseñado una estrategia de desgaste político que deja a un lado el marco legal para tirarse a la piscina de la demagogia.
En el pleno de este lunes, los populares proponían, sin rubor alguno, lo siguiente: “En vez de dinero, pagamos con suelo municipal y además con la condición de que el Estado los use para equipamientos públicos”. A quien esto le parezca bien, le diré lo siguiente: es ilegal y es injusto para los propios almerienses. Lo que el Estado entregó en 2008, como cada año, eran euros contantes y sonantes, no parcelas, carreteras o puentes. La ley dice que si hay que devolver algo, es dinero, no suelos ni edificios. Permite hacerlo por compensación fraccionada en cinco años a cuenta de entregas futuras porque el Gobierno es consciente del esfuerzo económico que todo esto supone para cualquier ayuntamiento.
El PP pretende ignorar una ley que se hizo con un gobierno de Aznar. Quiere hacer ahora, el pago con suelo, lo que ha recurrido por inconstitucional: el pago a Andalucía de la Deuda Histórica. No es lo mismo negociar la Deuda Histórica, recogida en la disposición adicional 2ª, que atender una deuda entre dos administraciones por un dinero que se da a cuenta de los ingresos del Estado y que dos años después se regulariza. Ya es difícil sorprenderse por las incongruencias de los populares, pero es que ofende al sentido común.
Lo que hay aquí es una batalla política en toda regla y no una defensa de los ayuntamientos. Quien sí los defiende, por ejemplo, es la Junta de Andalucía al tener ya una Ley de participación de los ayuntamientos en los tributos de la Comunidad Autónoma. ¿Por qué no ha hecho el PP lo mismo en las Comunidades que dirige? Sólo son los ayuntamientos andaluces gobernados por el PP lo que han solicitado esto porque están más pendientes e interesados en deteriorar a Zapatero y Griñán que de solucionar el problema financiero de las administraciones locales.
El suelo público es patrimonio de los ciudadanos, gestionado por el gobierno municipal de turno. La ley dice claramente qué se puede y qué no se puede hacer con él. Si nos desprendemos de él estamos descapitalizando a la ciudad porque es la garantía que tenemos para ir a un endeudamiento o a cualquier operación financiera o urbanística que sea beneficiosa para la ciudad.
Cuando se hace un Plan general, los suelos públicos municipales tienen definido un uso, generalmente de tipo residencial VPO o para equipamientos. Si nos quedamos sin ellos, se vería mermada la calidad de vida de los ciudadanos, que no podrían disfrutar de las instalaciones que podrían construirse.
El dinero constante se devalúa mientras que el patrimonio inmobiliario se ha revaluado pese a la crisis. Lo que plantea el PP es que en enero próximo, nuestro ayuntamiento le dé al Estado suelos urbanos, propiedad de todos los almerienses, por valor de 3,7 millones. Lo que proponemos nosotros es que esa cantidad se fraccione compense a los largo de los próximos cinco años y sin intereses a razón de 700.000 euros al año que se descontarían de la aportación anual. En 2016 habríamos liquidado el pago y seguiríamos teniendo nuestros suelos. Si para entonces, como cabe esperar, la situación económica es mejor, la compensación no habrá tenido una incidencia notable en la vida municipal.
Para el año que viene la Junta de Andalucía ha fijado que habrá 420 millones para los ayuntamientos y el Gobierno central aporta 1200 más. Con estas dos cantidades los ayuntamientos compensarían la deuda total o parcialmente. Y si, además, nuestro ayuntamiento recorta gastos superfluos en publicidad y autobombo, mejor.
Los gobiernos vieron entonces cómo sus ingresos fiscales se reducían por la menor actividad económica. Sin embargo, el Estado transfirió a cuenta en 2008 a los municipios las cantidades previstas antes de ajustarlas a la nueva realidad. En consecuencia, toca ahora devolver parte del dinero recibido. En nuestro caso, 3,7 millones de euros.
¿Qué ocurre ahora, dos años después? Que los ayuntamientos, incluido el nuestro, han gastado ya esos dineros y en muchos casos no disponen de liquidez para devolver lo que les reclaman ahora. Como municipalista comparto la preocupación de los alcaldes y como socialista defiendo la ley y la negociación. Por su parte, el Partido Popular, como tantas otras veces, ha diseñado una estrategia de desgaste político que deja a un lado el marco legal para tirarse a la piscina de la demagogia.
En el pleno de este lunes, los populares proponían, sin rubor alguno, lo siguiente: “En vez de dinero, pagamos con suelo municipal y además con la condición de que el Estado los use para equipamientos públicos”. A quien esto le parezca bien, le diré lo siguiente: es ilegal y es injusto para los propios almerienses. Lo que el Estado entregó en 2008, como cada año, eran euros contantes y sonantes, no parcelas, carreteras o puentes. La ley dice que si hay que devolver algo, es dinero, no suelos ni edificios. Permite hacerlo por compensación fraccionada en cinco años a cuenta de entregas futuras porque el Gobierno es consciente del esfuerzo económico que todo esto supone para cualquier ayuntamiento.
El PP pretende ignorar una ley que se hizo con un gobierno de Aznar. Quiere hacer ahora, el pago con suelo, lo que ha recurrido por inconstitucional: el pago a Andalucía de la Deuda Histórica. No es lo mismo negociar la Deuda Histórica, recogida en la disposición adicional 2ª, que atender una deuda entre dos administraciones por un dinero que se da a cuenta de los ingresos del Estado y que dos años después se regulariza. Ya es difícil sorprenderse por las incongruencias de los populares, pero es que ofende al sentido común.
Lo que hay aquí es una batalla política en toda regla y no una defensa de los ayuntamientos. Quien sí los defiende, por ejemplo, es la Junta de Andalucía al tener ya una Ley de participación de los ayuntamientos en los tributos de la Comunidad Autónoma. ¿Por qué no ha hecho el PP lo mismo en las Comunidades que dirige? Sólo son los ayuntamientos andaluces gobernados por el PP lo que han solicitado esto porque están más pendientes e interesados en deteriorar a Zapatero y Griñán que de solucionar el problema financiero de las administraciones locales.
El suelo público es patrimonio de los ciudadanos, gestionado por el gobierno municipal de turno. La ley dice claramente qué se puede y qué no se puede hacer con él. Si nos desprendemos de él estamos descapitalizando a la ciudad porque es la garantía que tenemos para ir a un endeudamiento o a cualquier operación financiera o urbanística que sea beneficiosa para la ciudad.
Cuando se hace un Plan general, los suelos públicos municipales tienen definido un uso, generalmente de tipo residencial VPO o para equipamientos. Si nos quedamos sin ellos, se vería mermada la calidad de vida de los ciudadanos, que no podrían disfrutar de las instalaciones que podrían construirse.
El dinero constante se devalúa mientras que el patrimonio inmobiliario se ha revaluado pese a la crisis. Lo que plantea el PP es que en enero próximo, nuestro ayuntamiento le dé al Estado suelos urbanos, propiedad de todos los almerienses, por valor de 3,7 millones. Lo que proponemos nosotros es que esa cantidad se fraccione compense a los largo de los próximos cinco años y sin intereses a razón de 700.000 euros al año que se descontarían de la aportación anual. En 2016 habríamos liquidado el pago y seguiríamos teniendo nuestros suelos. Si para entonces, como cabe esperar, la situación económica es mejor, la compensación no habrá tenido una incidencia notable en la vida municipal.
Para el año que viene la Junta de Andalucía ha fijado que habrá 420 millones para los ayuntamientos y el Gobierno central aporta 1200 más. Con estas dos cantidades los ayuntamientos compensarían la deuda total o parcialmente. Y si, además, nuestro ayuntamiento recorta gastos superfluos en publicidad y autobombo, mejor.
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