Erradicar la pena de muerte

Diego Asensio Martínez

Senador por Almería y secretario provincial del PSOE

De la iraní Sakineh Mohammadi Ashtiani conocemos una única fotografía, y sin duda ni su nombre ni su rostro hubieran llegado hasta nosotros de no ser porque su desesperada situación  logró filtrarse a los medios de todo el mundo y provocó una oleada de solidaridad. Acusada de haber mantenido “relaciones ilícitas” con dos hombres, las autoridades de su país la habían condenado a muerte por lapidación. El código penal de Irán es muy preciso al describir cómo ha de aplicarse este castigo, reservado para los casos de adulterio: hasta qué parte del cuerpo ha de ser enterrado el reo o cómo han de ser las piedras que se utilicen, “no tan grandes como para matar a la persona de uno o dos golpes, ni tan pequeñas como para no ser consideradas piedras”. Sorprendido por la reacción internacional, el régimen iraní cambió la acusación y dispuso que la condenada sería ahorcada. Sakineh espera, muy probablemente ajena al hecho de haberse convertido en símbolo de la lucha contra una aberración anacrónica: la pena capital.

Se trata de la negación más extrema de los derechos humanos, un triste residuo de tiempos oscuros que oscurece nuestro tiempo, “el triunfo de la venganza sobre la justicia”, tal y como quedó recogido en la Declaración del Primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Estrasburgo en 2001. Ahorcamiento, fusilamiento, electrocución, gaseamiento, lapidación, decapitación o aplicación de una inyección letal son los siete procedimientos  utilizados para arrebatarle la vida “legalmente” a un ser humano, mediante los cuales el Estado ejecuta exactamente el mismo acto que con más severidad castiga. Son siete conceptos que remiten a un horror insoportable si somos capaces de imaginar que detrás de cada uno de ellos hay un ser humano, cientos, miles, a quienes les son aplicados todos los años. Siete pecados capitales entre los cuales pueden elegir los cincuenta y ocho países donde aún una persona puede ser sentenciada a morir.

El Gobierno español decidió hace tiempo que la abolición de la pena de muerte en todo el mundo fuera una de sus prioridades en política exterior, y con tal fin ha impulsado la creación de una Comisión Internacional, anunciada por el presidente Rodríguez Zapatero a comienzos de año en la sede europea de la ONU, en Ginebra, y presentada al fin oficialmente en el Palacio de La Moncloa hace apenas unos días. Estará presidida por quien fuera director general de la UNESCO, el español Federico Mayor Zaragoza, y forman parte de ella otras diez personalidades internacionales, todas ellas de reconocido prestigio. Su primer objetivo será lograr que se declare una moratoria en su aplicación para el año 2015, y posteriormente erradicarla de los ordenamientos jurídicos de todos los países del mundo.

La abolición de la pena de muerte es una vieja aspiración de todo defensor a ultranza de los derechos humanos. Al impulsar esta Comisión Internacional, que actuará de forma independiente y contará con el apoyo y consejo de varios países, y reconocida ya su lucha a favor de la paz mundial y contra el hambre, pilares todos ellos de nuestra política exterior, el Gobierno de nuestro país quiere ofrecer al mundo la mejor cara de la España contemporánea. ¿Idealismo? Siempre, contra viento y marea. Desde luego, ni aun la mejor de las voluntades ni el más honorable de los propósitos logran por sí solos que las metas se alcancen, pero cada vez que así ha ocurrido, la Humanidad ha avanzado hacia la mejor y más deseable versión de sí misma.