Liberada información sonora y las comunicaciones digitales de la Operación Poniente

Pepe Fernández

Director regional de Onda Cero

Una bomba de relojería política acaba de ser activada dentro del procedimiento judicial que se sigue en torno a la Operación Poniente. Un paso procedimental, a petición de las partes, cargado, como intentaré explicar, de riesgos y consecuencias muy diversas, algunas graves.

Efectivamente, más de un centenar de Cds , conteniendo las diversas carpetas que engarza el sistema de escuchas SITEL, (Llamadas, SMS, Correos electrónicos, etc., etc.) han dejado de estar custodiadas por la jueza Montserrat Peña y ha sido puesto a disposición de las partes personadas en la causa. Aparentemente nada nuevo, porque se trata de las conversaciones telefónicas grabadas por la policía judicial desde el mes de abril de 2009 a algunos de los imputados en la O. P. Charlas, por lo demás, que fueron transcritas por la policía en su momento y cuyos textos llegaron en marzo pasado a la opinión pública con el levantamiento parcial del secreto sobre casi todas las conversaciones intervenidas.

Pero este avance en el conocimiento de la instrucción y los contenidos sonoros que han dado pie a la imputación de unas setenta personas lleva consigo unos riesgos muy delicados. Entre otras razones porque se han liberado “todas, absolutamente todas, las conversaciones”, las que tienen interés para la causa y aquéllas que pertenecen a la esfera intima de sus protagonistas.

Pero quizás eso, con suponer un grave riesgo de convertir en un lodazal de chismes la vida pública almeriense, no creo que sea finalmente el principal problema que se presente a corto plazo. Cabe suponer y desear que quienes logren manejar ese material tan sensible y delicado lo hagan con el respeto que se merece la intimidad de las personas citadas o implicadas en las conversaciones. Creo que ese material informativo debiera tener limitado su uso informativo tan solo a las cuestiones de interés general para la sociedad.

El problema que se presenta es otro bien distinto al de la posible intromisión en la intimidad de los imputados o allegados. Me refiero a aquellas conversaciones de las que ya se conoce su contenido, transcritas o calificadas como “sin interés”, y que se desarrollaron en los ámbitos de la actividad política. O sea, basándonos en jurisprudencia suficiente del Supremo, actividad política a la que el ciudadanos tiene todo el derecho a conocer. Así lo dijo también la Audiencia de Almería cuando Pepe Añez denunció a Onda Cero. Charlas en las que muchas veces al ser transcritas se notaba que le faltaban conocimientos al funcionario policial y destreza para trasladar con toda su intensidad cómo, de qué, para qué y quiénes hablaban o tramaban.

Me aseguran quienes ya han tenido acceso a las primeras grabaciones que las conversaciones más llamativas, ya conocidas por la opinión pública y que levantaron gran interés informativo en su día -las de mayor contenido político- resultan escandalosas cuando se escucha el tono empleado por los intervinientes. Se asegura que la continuación de algunas de estas conversaciones existen, pero calificadas como “sin interés” por la policía para la investigación. Pero desde el punto de vista político, escuchar la realidad de lo hablado en toda su extensión y en el tono que se dijeron muchas cosas, vaticinan efectos politicos mucho más devastadores que los causados en marzo cuando su lectura por la opinión pública.

Este parece que será el siguiente capítulo informativo dentro de la larga instrucción de la OP, profundizar, en base al material ahora liberado, en la responsabilidades éticas y políticas de dirigentes públicos que han pasado desapercibidos estos meses en el grueso sumario de escuchas.

Por lo demás, las fuentes más cercanas al caso siguen sin concretar fecha de levantamiento del secreto -“antes de 2011, pero no se sabe cuando”-. Insisten que a día de hoy no hay ningún político, "ni del PSOE ni del PP", imputados en la OP (só del PAL). Y siguen sosteniendo que toda la investigación se reduce al entramado de la empresa Elsur, de la que serían responsables como “cerebros” el interventor de El Ejido, Pepe Alemán, y el empresario Pepe Amate, todo con el supuesto conocimiento y complicidad del alcalde, Juan Enciso. Ese es grosso modo el resumen de cómo se quiere hacer ver desde instancias de la investigación la situación actual de la OP.

Personalmente creo que de ser así de simple, quedarían demasiadas lagunas e interrogantes en esta historia. Pero sobre todo quedaría una pregunta que alguien debería responder: ¿Tres años para descubrir algo que ya se sabía en 2007? ¿Y por hacer “eso” el Fiscal Superior les pide una condecoración policial a los policías intervinientes en este caso? Algo no encaja. Tiempo al tiempo.

(el blog de Pepe Fernández)