Pepe Fernández
Director regional de Onda Cero
En una de las conversaciones del Tomo XV del sumario levantado de la Operación Poniente, Pepe Alemán habla con un tal “Francisco” (Palau), según escribe el policía que transcribe hechos y situaciones, no palabras literales. Planifican un almuerzo entre ambos en el restaurante Sevilla y el Interventor de El Ejido le pregunta si va a traer a “la persona” de la Comunidad de Rambla Morales a lo que Palau le responde que todavía no, que debe andarse con mucho tiento -esa persona- ya que confía en ella la actual Junta Directiva y nadie puede saber que tiene reuniones al margen de los demás (se supone que de los miembros o directivos de la Comunidad de Regantes de Rambla Morales). No se cita ningún nombre de “la persona”, solo se dice que “lleva” la Comunidad, ayudado por un abogado y se afirma que también está metido “de por medio” el sindicato Asaja.
Ésta quizá sea una de esas conversaciones que algunos de los abogados de las partes personadas deseen cotejar, o lo que es lo mismo, escucharla con detenimiento ya que el asunto de Rambla Morales, trece meses exactamente después de aquella charla, empieza a adquirir tintes de escándalo político y quizás del otro.
A las denuncias públicas a través de los medios de comunicación y ante la misma Fiscalía de Almería de uno de los comuneros, ha respondido también la actual directiva con denuncias en los tribunales. De momento el comunero va perdiendo ya que ha sido condenado la pasada semana a pagar 250 euros por llamar “chorizo” al presidente de la Junta Directiva en un comentario en su muro del Facebook.
Pero viene de camino una querella, parece que más extensa y que previamente, según el comunero, habrían intentado “negociar” con él a cambio de que retirase sus denuncias ante Fiscalía por supuesta corrupción y ocultismo en las finanzas de la desaladora. Cambalache al que se habría negado tras sufrir cortes del suministro de agua a su pequeña explotación y recibir amenazas directas e indirectas, según ha declarado el pasado martes a Onda Cero Almería.
La desaladora de Rambla Morales, propiedad de la Comunidad de Regantes privada más numerosa de Europa, nació en términos políticos como un proyecto impulsado por el PSOE, frente a la desaladora pública de Carboneras, que fue obra del gobierno del PP. Al frente de la idea, políticamente hablando, se situó desde el primer momento el secretario general del PSOE en Almería, Martín Soler. A Soler, como biólogo de profesión, le tiene que apasionar el agua y como político el poder que da el control del agua. Especialmente en la provincia más desértica de España.
Por cierto, que hasta hace un par de semanas parece que albergó la ilusión de ocupar un nuevo cargo relacionado con la gestión de los recursos hídricos andaluces y de varias comunidades autónomas. Nada más y nada menos que presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con sede en Sevilla. Según fuentes socialistas Soler logró algunos apoyos en Madrid para ese nombramiento que dependía del Ministerio de Medio Ambiente y que incluso llegó a hablar con la propia ministra a la que se ofreció para el cargo. También parece cierto que la ministra recabó informes al respecto en Almería, informes que lógicamente llegaron a Madrid y por escrito. El 1 de octubre era nombrado un veterano al servicio del Estado, Joaquín Castillo Semper, de probada eficacia como funcionario de alto nivel y contrastada lealtad al proyecto socialista.
Soler, al comenzar la primera década del siglo, impulsa Rambla Morales que inicialmente iba a suministrar 30 mil metros cúbicos de agua desalada, pero finalmente se encarece el proyecto y se opta por un modelo que pueda fabricar el doble, 60 mil. A día de hoy nadie se explica cómo y por qué se abordó una obra faraónica de unos 120 millones de euros de coste, cuando la demanda actual y el consumo se sitúa más cerca de los treinta que de los sesenta mil metros cúbicos.
La comunidad de regantes, pequeños, medianos agricultores y también las sociedades mercantiles con propiedades e intereses en la zona, afrontaron el capitulo de la financiación solicitando un crédito. Se negoció con Cajasur, pero acabó haciéndose la operación con La Caixa. Ni Unicaja ni Cajamar vieron negocio con el insólito argumento sotto vocce de que ambas entidades no se la jugaban en negocios de desarrollo inmobiliario. También parece que coincide en el entorno de la desaladora intereses urbanísticos y de campos de golf.
Es cuando la comunidad de regantes se entrampa, hipoteca sus tierras, sus producciones y a cambio La Caixa les concede un crédito de unos 102 millones de euros. Dinero que ahora, cumplidos los plazos para devolverlo, reclama con buenos modales, pretendiendo que paguen poco a poco, incluso después de que se jubile más de uno y más de dos comuneros.
Junto al crédito de La Caixa, con el apoyo político de Soler ante la Junta de Andalucía, logran, además, subvenciones públicas andaluzas y europeas por un montante de unos 25 millones de euros. Dinero más que suficiente para afrontar la construcción de la desaladora cuyo proyecto mereció severas criticas iniciales de grupos ecologistas que, misteriosamente, se fueron acallando y silenciando conforme la construcción avanzaba y el tiempo pasaba.
A todo esto, el político impulsor, Martín Soler, había tenido que salvar algunos obstáculos internos, incluso en la propia ejecutiva provincial siendo Manolo García Quero y Juan Antonio Segura dos de los que se opusieron en su día a lo de Rambla Morales tal y como finalmente quedó planteada.
Soler cuidó, siguió, mimó y protegió el proyecto de forma increíble y extraordinaria, para muchos Soler pretendía con aquella obra pasar a la posteridad ante sus paisanos, por eso estaba en todo, cuenta uno de los comuneros. Tanto siguió de cerca el día a día de Rambla Morales, aseguran algunos comuneros, que nada de lo que allí se hacia le era ajeno al máximo dirigente socialista almeriense. Hasta el hombre destacado en Rambla Morales de la multinacional Técnicas Reunidas, la ejecutora del proyecto, iba diciendo que era “un hombre de Martín y amigo del partido”.
Pero aquello, al cabo de pocos años, tal y como muchos vaticinaron sin que se les hiciese caso, resultó una operación fallida desde varios puntos de vista. Sobre todo desde la perspectiva económica, insostenible según la opinión de todos y que ha colocado la extraordinaria inversión privada y pública poco menos que en el mercadillo de las subastas.
A todo esto La Caixa ha seguido apretando con dulzura letal a los modestos agricultores regantes, intentando lógicamente salvar lo suyo, mientras que la única salida en la que parece trabajar la directiva es en la venta de la desaladora a la empresa pública Acuamed. Todo ello parece que mezclado con asambleas donde los directivos dicen que informan sobre la venta, pero nadie se entera.
La máxima ejecutiva de la empresa pública estatal de aguas ha manejado públicamente criterios de rentabilidad económica como condición para adquirir finalmente la desaladora que, desde luego, parece que no vale lo que se ha invertido. Eso explicaría cómo se están solicitando compromisos con futuros y potenciales clientes de comunidades de regantes de la zona, una de ellas la de Cuatro Vegas, que posee abastecimiento suficiente procedente de la depuración de aguas de Almería. Acuamed, en esta negociación tan discreta y larga, discute la mayor y rebaja sensiblemente la cifra del valor invertido a la mitad, según dicen los comuneros.
Consultada oficialmente la empresa Acuamed, dependiente del ministerio de Medio Ambiente, su portavoz oficial ha confirmado que las conversaciones continuaban para la posible compra y que esas negociaciones no habían terminado ni mucho menos. Al mismo tiempo la portavoz de Acuamed manifestó que su empresa consideraba que la mejor política de comunicación en este tema era no hablar públicamente del asunto y llevarlo con la máxima discreción y sigilo. Una situación verdaderamente insólita, máxime cuando se está hablando de la adquisición de un bien privado con dinero público.
Un proceso de venta que viene de lejos. De hecho, como se indicó al principio, hace un año en las conversaciones del Poniente ya era objeto de atención la venta de la desaladora, precisamente con el empresario catalán Francesc Palau de por medio, contratado a su vez para servicios de contable en la administración de la desaladora.
¿Existen conexiones, a través de Rambla Morales, entre el Levante y el Poniente, pasando por Almería y el apasionante mundo de los impuestos? Esa es una de las interrogantes que se se abre paso entre las acusaciones jurídicas personadas en la Operación Poniente, objetivo, por tanto, de la revisión de grabaciones recientemente facilitadas y no requisadas por la Juez Peña.
Pero de momento nadie responde a la gran pregunta que los comuneros trasladan a los sucesivos responsables de la gestión en estos años, a los fiscales y a los representantes políticos : ¿Dónde está el dinero, ciento veinte millones, que dicen que se ha invertido en la desaladora de Rambla Morales?
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