Ante Dios y la Historia

Agustín de J. Muñoz Soler
Comentarista político

Los estados  mayores de los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones municipales que se celebrarán a finales de mayo próximo han puesto la maquinaria electoral a punto empezado por la elección de los candidatos a las alcaldías, a quienes seguirán el resto de la lista electoral que les acompañarán y que, salvo cambios que pudieren producirse el minuto antes de cerrarse el plazo, ya está configurada.

Desde mi punto de vista son unos comicios electorales que no tienen mucho valor político, por cuanto la proximidad del candidato al  pueblo amortigua el supuesto voto de castigo a los gobiernos central y autonómico y la preponderancia opositora muy rara vez consigue plebiscitar el voto. Empero, existe un antecedente, que fue en 1995, cuando el PSOE perdió las elecciones municipales y derrota que fue atribuida  al voto de castigo al gobierno de Felipe González, en tanto que la victoria del PP en los comicios municipales de 2003 sirvió para argumentar erróneamente para no admitir que el gobierno de José Mª Aznar había perdido las elecciones generales por méritos propios y atribuir la  victoria de José Luis Rodríguez Zapatero al 11-M y tener cuerda política durante los cuatro años siguientes.

Diríase que empleando términos futbolísticos defensores y detractores han quedado 1-1, por lo que  cualquier argumento a favor o en contra queda derrotado por la fuerza de los hechos. Pero sí está comúnmente aceptado que el referente social máximo en las elecciones municipales es el candidato y con el aval de la organización política que lo sustenta. Si bien el empate en la valoración política de las elecciones municipales es obvio, no menos evidente es que en estos comicios electorales se produce el añadido de la utilización que se ha hecho de las alcaldías, desde  donde han aflorado la inmensa mayoría de casos de corrupción política y donde mayores sospechas se encuentran de estar impregnadas por la corrupción, es decir por el uso indebido e ilegal del mandato popular.

Y justamente desde los ayuntamientos es de donde emanan las principales sospechas y controversias políticas que conducen al cuestionamiento de, nada más y nada menos, la Ley Electoral. Esto es fácilmente perceptible en el debate político cotidiano, donde se aprecia el consentimiento de un cargo político electo autonómico o nacional y sin embargo produce cansancio el cargo político electo municipal. Es decir, se está viendo al diputado en Cortes, Senador o diputado autonómico concurrir durante 20 o 25 años y se le observa con cierta aquiescencia, en tanto que al concejal que lleva quince o veinte años se le atribuye una cierta propiedad sobre el ayuntamiento si está gobernando o se le califica peyorativamente si se encuentra en la oposición.

Bastante tiene el cargo político electo que se encuentra en la oposición como para que yo lo cuestione, pero existe una extendida creencia en los cargos políticos gobernantes de haber adquirido un sentido patrimonialista del ayuntamiento que gobiernan, y tan es así que resulta fácil observar por la convecina o el convecino que el alcalde en cuestión se ha endiosado y situado ante Dios y la Historia, actuando en consonancia.

De los municipios, como decía, es de donde emana persistentemente el debate nacional sobre la necesidad de poner coto al número de mandatos legislativos, considerando, por el contagio internacional donde se ha producido el establecimiento de un número determinado de mandatos electorales consecutivos, que dos podría ser mayoristamente aceptado por las españolitas y los españolitos de a pie. Pero se da la circunstancia anómala en un sistema político de libertades públicas asentado que los legisladores hacen oídos sordos a este clamor popular, a esta demanda social.

Y tan en consideración tiene el españolito y la españolita de a pie esta limitación de mandatos que el que lo decide por voluntad propia abandona el gobierno con una catalogación elevada. En los treinta años de andadura democrática ha sido José María Aznar el único presidente del gobierno que los autolimitó y, en mi opinión, aún sigue viviendo de las rentas políticas que le dejó tal decisión, ya que fue el único mérito de su gobierno, porque me resisto a catalogar como éxito la situación económica de 'vacas gordas' que provocó con la construcción, causa admitida universalmente de la crisis económica que padecemos. En el terreno económico fue un desastre pero es que en el aspecto gestual y de valores merece un bajo cero elevado, por cuanto echó por tierra los valores y principios tradicionales de una sociedad que hasta entonces era la más conservadora de la Europa Occidental, por lo que la herencia, recogiendo una célebre expresión suya, es “cero patatero”, con la larga añadida de haber construido una fuerza política interesada y desideologizada sobre las cecinas de otra que fue la admiración europea por inspirar su filosofía política en el “humanismo cristiano”.

Por consiguiente, la demanda social sobre el acortamiento de los mandatos electorales es bien patente y debería ser atendida por el gobierno y demás fuerza políticas en la oposición, toda vez que se haría necesaria una reforma de la Constitución de 1978 y para ello no sería posible llevarla a cabo sin el concurso de todas las fuerzas políticas mayoritarias en el arco parlamentario.  Esta reforma constitucional si debería estar en la agenda política porque, repito, es una demanda social clamorosa y mayoritaria, que, a buen seguro, evitaría que muchos Ayuntamientos se envolvieran de sospechas y muchos concejales bajaran al mundo terrenal y no actuaran como si de su cortijo se tratara.

(Publicado en La Gaceta de Almería)