Rosario Soto
Portavoz del PP de Andalucía
Tengo una amiga que terminó el Bachillerato con Matrícula de Honor. En la Universidad se licenció en Filología Hispánica con un expediente calificado con sobresaliente. Tras dos años de intensos estudios aprobó, sin plaza, el examen de la oposición para profesores de secundaria. Su situación actual es de "aspirante a interina". En estos momentos, mi amiga compagina los estudios con un trabajo de dependienta en una librería en una céntrica calle de Sevilla. Ella sabe que las pruebas de acceso al empleo público están caracterizadas por la masificación y que sólo son unos pocos entre miles los que aprueban con plaza. También sabe que el acceso a la Administración Pública se ajusta a los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad y que esta última garantiza la publicidad y concurrencia. Por eso mi amiga está, y yo creo que con total justificación, absolutamente indignada con el presidente del la Junta, el socialista José Antonio Griñán, que sigue haciendo oídos sordos a las razonables protestas por su reciente e injusto decreto sobre la Función Pública. Y es que lo que dice mi amiga es absolutamente razonable: se trata de una decisión que destruye los principios con los que se rige (o al menos debería regirse) la Función Pública.
Estos días, miles de funcionarios repartidos por toda Andalucía, están tomando las calles para protestar por un decreto que pone en marcha unas medidas que no sólo son injustas, sino que también atentan a su dignidad profesional como funcionarios. Pero los mismos socialistas que llegaron al gobierno asegurando que iban a escuchar a la calle y que no iban a dar la espalda a los ciudadanos, ignoran el clamor de miles de personas que han intentado hacer del estudio, del mérito y del esfuerzo el eje de su vida profesional, y prefieren favorecer si rubor alguno a sus amigos, a sus conocidos, a sus afiliados. Francamente, me niego a permanecer callada ante esta nueva maniobra partidista y sectaria de una administración que es ya consciente de estar viviendo sus últimos meses en el poder y pretende, aún a costa de vulnerar sus propios principios, preparar el escenario del cambio de gobierno que propiciarán las próximas elecciones dejando bien situados a los suyos.Me parece lamentable que el gobierno andaluz, con José Antonio Griñán al frente, desprecie de este modo el clamor de más de 40.000 funcionarios que exigen la derogación del decreto y, lejos de admitir la prepotencia y sectarismo de su gesto, se limita a exigir tranquilidad y calma a los funcionarios, pero no acepta sentarse a negociar, estudiar o pactar una solución razonable. Griñán no quiere ciudadanos, sino súbditos que acepten y consientan en silencio sus ideas y ocurrencias.
Estoy de acuerdo con su discurso pero...¿me podría que han hecho ustedes en Valencia..por ejemplo? O me han engañado vilmente cuando me han dicho que el proceso de privatización y politización de las Administraciones Públicos está mucho más avanzado que en Andalucía.
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