Eugenio Narbaiza
Periodista
Se ha celebrado en el Ayuntamiento de El Ejido el primer pleno ordinario desde que su alcalde, imputado por cinco graves delitos y encarcelado durante ocho meses, saliera de prisión y retomara sus funciones de primer edil de la localidad. En este pleno, que ha concitado una cierta expectación tanto por la presencia del primer edil como por alguno de los temas a tratar, se ha producido algo realmente increible y esperpéntico, ¡la autoproclamación de la inocencia del principal imputado del caso Poniente! Para ello, el alcalde imputado no ha dudado en ponerse por delante el sumario para justificar que pronto se sabrá la verdad.
Desde el punto de vista democrático, aunque todavia el sumario del caso esté en fase de investigación y todavía en secreto, no es admisible que un imputado como el alcalde de El Ejido siga en sus funciones de regidor de la villa sin que nadie pueda evitar su presencia en las instituciones. Desde este sentido, creo que la Junta de Andalucía tiene algo que decir y la máxima responsabilidad de esta situación, ya que la similitud de lo sucedido en la segunda ciudad de la provincia con el caso Malaya no es que sea la misma, sino parecida. ¿Alli era preciso la disolución del ayuntamiento y el nombramiento de una gestora y en El Ejido no es necesario? ¿Por qué? ¡Que me lo expliquen!
Desde el punto de vista democrático, aunque todavia el sumario del caso esté en fase de investigación y todavía en secreto, no es admisible que un imputado como el alcalde de El Ejido siga en sus funciones de regidor de la villa sin que nadie pueda evitar su presencia en las instituciones. Desde este sentido, creo que la Junta de Andalucía tiene algo que decir y la máxima responsabilidad de esta situación, ya que la similitud de lo sucedido en la segunda ciudad de la provincia con el caso Malaya no es que sea la misma, sino parecida. ¿Alli era preciso la disolución del ayuntamiento y el nombramiento de una gestora y en El Ejido no es necesario? ¿Por qué? ¡Que me lo expliquen!
Por otro lado, en este pleno, se ha evidenciado la irracionalidad que la política tiene en la localidad, puesto que una vez más ha salido a colación el tema de Elsur, de los trabajadores y del servicio que esta empresa da a la localidad. Mientras que unos solicitaban la retirada temporal de la concesión, otros pedían que el ayuntamiento retomara para si todos los servicios que presta hasta la fecha esta empresa y que se planteara una auditoria, para determinar cuáles son las condiciones que hasta el momento se está enfrentando el ayuntamiento de El Ejido con el problema que le supone la concesión, las deudas y la inacción en la solución de los problemas que toda esta situación está generando a El Ejido. Pero una vez más no se han encontrado soluciones y todo queda como está, mal y con deudas y problemas que padecerán los ciudadanos sin tener ninguna culpa de ello.
Sinceramente, la celebración de este pleno, las circunstancias en las que se ha celebrado y todo lo que está conllevando la problemática que ha generado la Operación Poniente es una vergüenza para la democracia, una burla hacia los ciudadanos de El Ejido y un despropósito fuera de lo común desde caulquier planteamiento honrado de la política.
Aunque faltan apenas seis meses para las elecciones municipales, el caso del ayuntamiento de El Ejido, de su alcalde y la actuación que están llevando a cabo los partidos políticos que conforman la corporación, resulta realmente penosa, ya que ellos están alli para resolver los problemas a los ciudadanos y no para creárselos. Y realmente, en la segunda ciudad de la provincia de Almería nadie quiere meterle mano al asunto, dejando pudrir un tema que tiene fácil arreglo, tanto desde el punto de vista político como el administrativo, porque el judicial, del que lamentablemente también habría que hablar, parece que va a ir para largo, y no sería de extrañar que todavía por unas u otras causas viéramos al imputado Enciso concurrir a unas elecciones municipales con toda la tranquiklidad del mundo, sin que los delitos que supuestamente ha cometido puedan ser castigados no ya juridicamente, como parece que se hará en el momento en el que se produzca el juicio del caso Poniente, sino socialmente por parte de la población y políticamente por parte del mundo de la política, que no puede ni debe permitir que esperpentos como el de hoy se puedan repetir.
Si ponemos los medios para evitar que un proetarra se mantenga de concejal por no condenar un atentado, ¿no es también importante impedir que un edil imputado por graves delitos, encarcelado, pueda mantenerse en su puesto, manejando el ayuntamiento del que supuestamente se ha aprovechado?
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