Pedro Ruiz
Secretario Provincial del PA
La Función Pública de la Junta de Andalucía está viviendo la mayor crisis desde el inicio de nuestra autonomía. El intento de reordenación del sector público andaluz, mediante la publicación del Decreto Ley 5/2010 que, a su vez, modifica el Título III de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, que regula las entidades instrumentales de la Administración de la Junta, constituye un despropósito de consecuencias incalculables para la propia Administración Autonómica.
El intento de crear una tipología de agencias, de confuso régimen jurídico, se agrava con la ausencia del más elemental respeto a los funcionarios de la Junta, a sus condiciones laborales, a su carrera administrativa e incluso a su propia situación como ciudadanos en un Estado de derecho. Pretender crear una agencia en la que confluyan funcionarios, laborales y personal de fundaciones y organizaciones privadas, que han sido contratados sin el menor proceso de selección, es una de las mayores aberraciones que han tenido lugar en la, últimamente, triste historia de la Función Pública.
A la reciente agresión contra las retribuciones de los empleados públicos, se une ahora este proyecto, que tiene también como objetivo último disminuir la masa salarial de los funcionarios, pero que, además, se realiza machacando la propia naturaleza de la relación funcionarial, basada en la permanencia en el servicio a los intereses generales para garantizar la independencia de la Administración. Los andalucistas hemos apoyado y apoyaremos todas las movilizaciones que se convoquen contra el recorte salarial de los funcionarios o de sus derechos profesionales.
Los andalucistas queremos reivindicar una triple perspectiva para explicar nuestro apoyo a los empleados públicos de la Junta y a la irrenunciable reivindicación de la derogación del Decreto Ley 5/2010:
a) La defensa de la Autonomía andaluza, porque este intento de debilitar a la Junta de Andalucía, constituye una gravísima amenaza para la administración que la hace posible. Ya hemos visto cómo se han llevado Cajasur, cómo nos han timado pagando la deuda pública con solares, o incluso, cómo es probable que nos quiten las competencias sobre el Guadalquivir. Necesitan anular Andalucía para la contrarreforma del estado autonómico de la que participan tanto el PSOE como el PP.
b) La defensa del Estado Social. Sin una Administración fuerte es más fácil desmontar el Estado social: suprimir prestaciones sociales, como tramos del subsidio de desempleo, recorte en las pensiones, ayudas a la dependencia o la protección de los derechos de la mujer.
c) La defensa de los trabajadores. No podemos permitir que nos dividan. La reforma laboral, el decretazo contra los funcionarios, o este ataque a la Administración autonómica y a los derechos de los empleados públicos de la Junta, responden a la misma lógica. Quieren aprovechar la crisis para desapoderar a los empleados, sean públicos o privados.
Es por todo esto que desde el andalucismo, tenemos que decir claramente NO a esta reforma regresiva.
El intento de crear una tipología de agencias, de confuso régimen jurídico, se agrava con la ausencia del más elemental respeto a los funcionarios de la Junta, a sus condiciones laborales, a su carrera administrativa e incluso a su propia situación como ciudadanos en un Estado de derecho. Pretender crear una agencia en la que confluyan funcionarios, laborales y personal de fundaciones y organizaciones privadas, que han sido contratados sin el menor proceso de selección, es una de las mayores aberraciones que han tenido lugar en la, últimamente, triste historia de la Función Pública.
A la reciente agresión contra las retribuciones de los empleados públicos, se une ahora este proyecto, que tiene también como objetivo último disminuir la masa salarial de los funcionarios, pero que, además, se realiza machacando la propia naturaleza de la relación funcionarial, basada en la permanencia en el servicio a los intereses generales para garantizar la independencia de la Administración. Los andalucistas hemos apoyado y apoyaremos todas las movilizaciones que se convoquen contra el recorte salarial de los funcionarios o de sus derechos profesionales.
Los andalucistas queremos reivindicar una triple perspectiva para explicar nuestro apoyo a los empleados públicos de la Junta y a la irrenunciable reivindicación de la derogación del Decreto Ley 5/2010:
a) La defensa de la Autonomía andaluza, porque este intento de debilitar a la Junta de Andalucía, constituye una gravísima amenaza para la administración que la hace posible. Ya hemos visto cómo se han llevado Cajasur, cómo nos han timado pagando la deuda pública con solares, o incluso, cómo es probable que nos quiten las competencias sobre el Guadalquivir. Necesitan anular Andalucía para la contrarreforma del estado autonómico de la que participan tanto el PSOE como el PP.
b) La defensa del Estado Social. Sin una Administración fuerte es más fácil desmontar el Estado social: suprimir prestaciones sociales, como tramos del subsidio de desempleo, recorte en las pensiones, ayudas a la dependencia o la protección de los derechos de la mujer.
c) La defensa de los trabajadores. No podemos permitir que nos dividan. La reforma laboral, el decretazo contra los funcionarios, o este ataque a la Administración autonómica y a los derechos de los empleados públicos de la Junta, responden a la misma lógica. Quieren aprovechar la crisis para desapoderar a los empleados, sean públicos o privados.
Es por todo esto que desde el andalucismo, tenemos que decir claramente NO a esta reforma regresiva.
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