Tal vez ahora mismo

Jose Fernández
Asesor de Comunicación del Ayuntamiento de Almería

Sakineh Mohammadi Ashtiani, la mujer iraní acusada de adulterio y de ser cómplice en el asesinato de su marido, podría ser ejecutada hoy, según informa el Comité Internacional contra la lapidación. Supongo que todos ustedes conocen el caso de esta mujer de 43 años, madre de dos hijos, y condenada a muerte después de un juicio más que cuestionable. Me resulta indiferente el sistema elegido por las autoridades iraníes para matar a esta mujer o lo que al respecto pueda establecer el Codigo Penal de dicho país. Sólo sé que me repugna hasta extremos que no alcanzo a describir el hecho de que se asesine legalmente a una persona, con independencia del método utilizado o de los delitos por los que se le pretenda aplicar semejante pena. Sé que esta columna no alterará en lo más mínimo el destino final de esta mujer, al igual que tampoco cambiarán nada las miles de firmas (entre ellas la mía) remitidas para intentar detener esta muerte. Pero también sé que es preciso utilizar los instrumentos que pone a nuestro alcance nuestro Estado de Derecho para alzar la voz, aunque sea de modo testimonial, contra la barbarie que supone la pena de muerte, ya sea en Irán, en China o en los civilizadísimos Estados Unidos de América. Parece mentira que una sociedad que se moviliza como un resorte cuando se producen unas declaraciones estúpidas de un alcalde, o cuando algún afamado escritor se propone epatar al personal contando sus andanzas o llamando “perfecto mierda” a un ministro, no tenga el más mínimo gesto de repulsa, rechazo o asco ante un crimen que puede estar sucediendo, tal vez, al mismo tiempo que usted lee estas líneas.

Es preciso utilizar los instrumentos que pone a nuestro alcance nuestro Estado de Derecho para alzar la voz, aunque sea de modo testimonial, contra la barbarie que supone la pena de muerte.