El decreto de Cámaras, golpe a la internacionalización de las pymes

Diego Martínez Cano

Presidente de la Cámara de Comercio de Almería

Después de la decisión del Gobierno de suprimir el pago obligatorio de las cuotas camerales como medida de apoyo a las pymes, me sigo preguntando si quienes la han tomado tienen todo el conocimiento,  en primer lugar,  del mundo de las pymes;  en segundo, de la realidad de las actividades y servicios que ofrecen las Cámaras de Comercio en España. Y en tercero, de qué significa el concepto de competitividad.

Y he llegado a la conclusión de que se ha tenido poca o ninguna  ni idea, ni de lo primero ni de lo segundo, y que lo tercero, es un concepto abstracto, que todo el mundo maneja sin saber dónde ubicarlo.

A las pymes no nos ayudan eliminando una cuota que en el 50 % de los casos no pagan y, por ello, no tiene coste para ellas; en el 30 %, esa cuota es inferior a 20 euros, y en la mayoría de los casos es abonada por las grandes empresas de este país.

A las pequeñas y medianas empresas  se nos podría ayudar adoptando  las decisiones estructurales que tanto  tiempo llevamos reclamando: la primera, mejorando  la fiscalidad; la segunda,  con una justicia más eficaz; la tercera, con una energía más barata; la cuarta, con unos trámites administrativos más ágiles; la quinta, con una estructura administrativa más  eficaz y diligente. Y así con otras muchas que podríamos  seguir enumerando.

¿En serio el Gobierno está convencido de que ahorrando 20 ó 40 euros al año a una pyme se le va a mejorar su competitividad?

¿Alguien ahí  ha pensado cúanto  le costará ahora un servicio de asesoramiento, un programa de innovación o una acción de internacionalización?

Estoy seguro que esos servicios van a ser mucho más caros que antes, en que con esa tarifa plana que se pagaba  se abría automáticamente  el acceso a todos ellos. ¿Eso es mejorar o empeorar la competitividad?

Si el objetivo del Gobierno era cumplir su promesa electoral de suprimir la cuota a los autónomos, podría haberlo dicho así, de forma directa, y no hubiera hecho falta ningún decretazo, ya que en esa medida estaríamos totalmente de acuerdo.

En  los cincos años que llevo al frente de la institución, he sido siempre muy respetuoso con todas las decisiones de nuestra Administración, pero creo que en este caso  la medida ha sido improvisada, acordada sin diálogo y con unas consecuencias perjudiciales para las pymes,  puesto que les está privando del acceso a la innovación, a la formación directiva y a la internacionalización por un precio más económico del que va a tener que pagar  de ahora en adelante.

Créanme que las grandes perjudicadas van a ser las pymes, que queremos que sean competitivas en un mercado globalizado. Y además, con el estilo con el que  se  ha hecho y que no  corresponde a un gobierno de“ talante”.

Quizá el principal problema que hemos tenido en el mundo cameral es que no hemos sabido explicar a la sociedad nuestro papel y el trabajo que hacemos, así que también nos corresponde  entonar un mea culpa.

Las  empresas y los empresarios  entendemos de competitividad,  la que nos examina diariamente y la que nos compromete a entenderla cada final de mes.

Por ello, insisto, ¿realmente se ha valorado el alcance de la medida?

¿Qué va a ocurrir con los presupuestos de 2011,  con los compromisos adquiridos con las empresas y con otras instituciones incluida  la propia Administración ?

¿Cómo no se ha dialogado una medida que va a afectar a 3.500 puestos de trabajo directos en toda España  y a 8.000 indirectos?

¿Habrá que hacer una regulación de empleo masiva de forma inmediata?

¿No creen que los 250 millones de ahorro estimado por el Gobierno (y que recordemos que  en un 90 % lo pagan las grandes empresas) va a significar que por esos servicios haya que pagar cinco veces más y lo pagarán las propias pymes?

Si de ahorrar se trataba, podrían haberse endosado a las Cámaras los nuevos servicios de orientación laboral para los que habrán que generar  y sufragar con dinero público 1.500 nuevos empleos, cuando, paradójicamente, no podemos dejar de alarmarnos con que haya sido precisamente en este año cuando el empleo público ha aumentado en 90.000 nuevos puestos.

Descendiendo al entorno más próximo, nos preguntamos ¿qué va a ocurrir en el ámbito autonómico? Cada una de las Comunidades Autónomas legislará a su manera más conveniente.  Y tendremos otra vez, una brecha más en  la dichosa unidad de mercado.

Creo sinceramente que con esta medida se ha cercenado el carácter de derecho público que tenían las Cámaras, y que eran el verdadero lei motiv que ha aglutinado a miles de empresarios durante 125 años en defensa del interés general del país.

Ha sido un golpe en la línea de flotación de una de las instituciones que más han defendido  la importancia de la sociedad civil, sus derechos, sus valores y su compromiso con el desarrollo de las pymes y del interés general del país, proyectando en los últimos años  una imagen de modernidad y de la búsqueda de la competitividad en el contexto internacional.

Quiero  dejar constancia que desde mi compromiso como presidente de la Cámara de Comercio de Almería, voy a seguir luchando por un sistema en el que creo. Les recuerdo que la redistribución del recurso cameral permanente es un sistema por el que  el que más paga es el que más gana y de ello se beneficia el que menos paga  y que es precisamente  el que más utiliza los servicios de las Cámaras.

 Por ello, insisto, si lo que quiere el Gobierno es mejorar la competitividad, que lo haga de todas, todas y acometa  las reformas necesarias para que ello sea una realidad:

1.- Reestructurando el sector financiero, posibilitando el crédito a las empresas.

2.- Que optimice el modelo de la función pública, premiando la eficiencia y recortando tantos gastos superfluos que todos conocemos.

3.- Que elimine las dudas sobre el sistema de pensiones.

4.- Que pacte un modelo energético.

5.- Que reflexione sobre el último Informe PISA, con resultados demoledores.

6.- Que haga cumplir la ley de la morosidad que está fundiendo cientos de pymes en el país.

7.- Y que no recorte en el acceso a la innovación, la formación y la internacionalizacion  de las pymes

Estoy seguro de que nadie de los participaron en esta decisión de suprimir la obligatoriedad de las cuotas escuchó 24 horas antes al secretario de Estado de Comercio Exterior,  D. Alfredo Bonet, en su exposición ante el Pleno del Consejo Superior de Cámaras, donde se sientan 88 empresarios que presiden la red cameral. Señaló que una herramienta fundamental del futuro es la reactivación del Consejo Interterritorial de Internacionalización compuesto por el ministro de Industria, los 17 consejeros autonómicos, las Cámaras y la CEOE. Marcó como objetivo que a las 40.000 empresas exportadoras españolas se uniesen 2.000 más cada año.

¿Alguien le habrá preguntado su opinión a este alto funcionario, director del Instituto de Comercio Exterior de España?

Si el reto de nuestro país es la internacionalización de las pymes, que son las que generan el mayor empleo en España y las que menos exportan, tengamos presente que los diferenciales de paro respecto a Francia o Italia podrían acortarse  si, como ocurre en esos países, las pymes son las que capitalizan la exportaciones.

Muchos expertos sostienen que la internacionalización es una cuestión de Estado; ¿a quién se le ha ocurrido, entonces, suprimir la principal herramienta que tiene nuestro país para que las empresas se internacionalicen?

Parece que esta decisión la haya tomado nuestro enemigo (entiéndase nuestra competencia). Si en algo podemos estar  todos de acuerdo es que las Cámaras han ayudado a muchas empresas a internacionalizarse y hoy por ese motivo, pueden competir.

Creo sinceramente que a los fontaneros de Moncloa se les ha escapado la llave griffa y además estoy convencido de que los técnicos del Ministerio tutelante, el de Industria, Comercio y Turismo, es decir, el equipo del ministro Sebastián, no conocían la noticia ni  que pudieran compartirla.

Pero en todo caso, las consecuencias de este “calentón”, solo las van a sufrir las pymes, por un lado, y casi con toda seguridad, los profesionales de las Cámaras, por otro.

Y solo habrá unos responsables.

Los mismos, aquellos, que  en la  tramitación parlamentaria del Real Decreto puedan encontrar una alternativa para que las pymes, a través de las Cámaras, puedan continuar con una herramienta de ayuda a la mejora de su competitividad en un mundo cada más globalizado.