Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
Entre las medidas tomadas anteayer por el Consejo de Ministros no es de escasa entidad la de suprimir la obligatoriedad de las cuotas de las cámaras de comercio. Muy al contrario, es una medida de gran importancia para todas las empresas y autónomos, que nunca han llegado a explicarse cómo se les puede obligar a pagar unas cuotas de unas entidades que presuntamente les prestan unos servicios que nadie les ha demandado. Según un reciente estudio, más del ochenta por ciento de las pymes y autónomos no saben para qué sirven las cámaras de comercio y más del noventa y cinco por ciento manifiestan que jamás han hecho uso de sus servicios. Pese a ello, cada año, los servicios de recaudación les pasan un recibo cuyo importe consta de una cantidad fija y otra variable según beneficios, y su impago supone verse demandado en vía ejecutiva, llegando incluso al embargo de los propios bienes. Inexplicablemente, esta obligatoriedad estaba amparada por sentencias del Tribunal Constitucional.
No es mi deseo juzgar aquí y ahora la labor que desarrolla la Cámara de Comercio de Almería, y las cámaras de comercio en general. Sencillamente, porque de la misma no tengo más conocimiento que el que ofrece la prensa, que tampoco es que sea mucho. Sí puedo decir que, después de más de cuarenta años de actividad empresarial, aún no sé ni siquiera dónde está su sede social. Y nunca he requerido sus servicios para nada y nunca nadie de la Cámara se me ha ofrecido para nada. O sea, ignorancia mutua. ¿Es razonable que cada año estuviera obligado a pagar sus cuantiosas cuotas? Sinceramente, creo que no. En un estado democrático el asociacionismo debe ser voluntario, nunca impuesto. Y las cuotas camerales eran una imposición inexplicable, impropias de un Estado donde la libre elección debe ser sagrada.
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