A contar farolas

Iván Gómez

Periodista

Celedonio Añez es el mejor ejemplo del nefasto y fraudulento funcionamiento de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) desde que fue creada por el Ayuntamiento de El Ejido. Dicen sus compañeros que fue el único de la excesiva plantilla, de casi 400 empleados, que cobraba la nómina sin salir de casa. Sus jefes, sin embargo, aseguran que era muy conflictivo. Que lo enviaron a contar farolas para darle una ocupación efectiva y el operario les presentó un escrito diciendo que necesitaba un vehículo para el desempeño de sus funciones. Al final, el gerente optó por despedirlo, pero desde arriba le ordenaron su readmisión. Días más tarde se optó por una solución intermedia. Despido, pero improcedente y con indemnización. Un desconcierto absoluto. Lo cuentan sus compañeros, algunos en calidad de testigos protegidos, a lo largo de la instrucción de la Operación Poniente.

El sumario, liberado el secreto casi en su totalidad, permite conocer que Elsur era un cajón de sastre en el que entraba, y lo reconoce uno de los responsables de personal en su declaración ante la jueza, “todo el que pasaba por allí”. Por órdenes directas de los concejales del Ayuntamiento de El Ejido, de los empresarios de las subcontratas (Amate, Galán, Cuevas, Aragón, Lirola) o directamente porque así lo querían los jefes de área. Ni entrevistas, ni cualificación, ni méritos… sólo apellidos. Se colocó a diestro y siniestro y ahora no les quieren pagar. Pero ahí no queda todo. Elsur tenía un consejo de administración de lo más entretenido con representantes de Aguas y Gestión, que controla el 70% del capital, y del consistorio ejidense, que se queda con el 30% restante. Pues bien, los testimonios de los consejeros del caos evidencian que aquello de serio tenía más bien poco. Unos dicen que no habían leído los estatutos, otros que no sabían sus funciones, algunos no sabían ni que percibían dietas por asistir a las reuniones y los más despistados no se acordaban de que al final de cada ejercicio había reparto de dividendos.

Ese desconocimiento generalizado ante la magistrada Montserrat Peña es aún mayor cuando se le pregunta por las subcontrataciones a las que se destinaron nada menos que 93 millones de euros de los ejidenses, según las digilencias de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada que aparecen en el sumario de la Operación Poniente. Ninguno de los consejeros tuvo constancia de las subcontratas a pesar de recibir informes mensuales de las actuaciones de Elsur y, sin embargo, casi todos coinciden al señalar que el alcalde ejidense, Juan Enciso, sí estaba informado. Los gerentes aseguran que los propietarios de la Empresa Mixta de Servicios Municipales, desde la Plaza Mayor de El Ejido hasta el campus de Abengoa en Palmas Altas, estaban al tanto de todo. Menudo consejo de administración, lo más parecido al camarote de los Hermanos Marx, pero sin ninguna gracia para los ejidenses que cada mes pagan sus impuestos.

La instrucción de la trama político-empresarial llevará su tiempo y quedan muchas incógnitas por despejar aún (sobre todo si tenemos en cuenta que una parte de las actuaciones sigue bajo secreto de sumario), pero ya va siendo hora de que los dueños de Elsur, los que designaron a los consejeros del desatino, vayan dando las explicaciones pertinentes a la ciudadanía y a la sociedad en general, que después la justicia pondrá a cada uno en su sitio.
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