Desde El Ejido al "Campus de Palmas Altas"

Pepe Fernández

Periodista

El levantamiento del secreto de gran parte del sumario de la denominada Operación Poniente, ordenado por la Juez Montserrat Peña el pasado lunes, ha supuesto la confirmación en gran medida de la mayoría de informaciones y denuncias publicadas por diversos medios de comunicación en los últimos años sobre la empresa semipública de servicios municipales de El Ejido. Informaciones basadas en denuncias de trabajadores, sindicatos y algunos políticos del Poniente almeriense.

De lo instruido, además, se deducen graves responsabilidades éticas, estéticas y quizás penales de altos ejecutivos del Grupo Abengoa, colaboradores necesarios de una trama donde se mezclan familiares, empresarios amigos, testaferros, delincuentes y la política almeriense de la mano del Partido de Almeria (PdAL). Partido unipersonal creado y presidido por Juan Enciso tras marcharse del PP en 2005, que ha sobrevivido gracias a un extraño e inexplicable maridaje con el PSOE a nivel provincial y regional durante casi un lustro. Recuérdese que con Chaves y Pizarro como valedores desde Sevilla del pacto almeriense de Martín Soler. Todo ello con la intención de debilitar a una derecha que electoralmente, a día de hoy según los sondeos, puede arrasar Almeria el 22 de mayo. Una etapa de alianzas políticas y estratégicas durante la cual, según se está sabiendo ahora, la trama ha podido cometer un rosario de delitos muy graves y escandalosos contra los impuestos de los ejidenses y andaluces.

De momento y a falta de conocer otras piezas separadas que hayan emanado de la investigación del Caso Poniente, aparecen un total de 67 personas imputadas en el sumario que supera ya los sesenta mil folios. Entre los acusados figura el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, y tras él seis decenas largas de personas donde se mezclan funcionarios, familiares, empresarios, amigos y miembros del Consejo de Administración de la empresa semipública municipal de El Ejido (hasta el primo de una Consejera de Griñán aparece en la lista de empapelados).

Elsur está participada por el ayuntamiento con un 30% y el 70% restante es propiedad de Agua y Gestión, del Grupo Abengoa, con Cajasol y la BBK (Ex CajaSur) como socios financieros y en este caso parece que como sufridos pagadores. Un alto ejecutivo de Cajasol, Miguel Angel Abad, aparece como uno de los imputados en tanto que representante durante años de "las participadas" de El Monte en el Consejo de Elsur. Por Abad llegó a interceder ante Antonio Pulido, presidente de Cajasol, para su mantenimiento como consejero el mismisimo Pepe Alemán, a través del entonces consejero de Innovación de la Junta Martín Soler.

El sumario, sus informes periciales más exactamente, han colocado el escándalo de El Ejido en las puertas mismas de Sevilla, en el Campus de Palmas Altas, donde se ubica la solitaria, majestuosa y ultramoderna sede del Grupo Abengoa.

En un informe demoledor, elaborado por inspectores del Ministerio de Hacienda, entregado a la juez en enero de 2009, se realiza una detallada radiografía de la empresa Elsur que explica en parte cómo ha sido utilizada como caja de aprovisionamiento por parte de los miembros de esta extensa trama de corrupción, saqueando de forma continuada e impunemente, a la luz del día, las arcas del ayuntamiento de El Ejido. Una situación que lleva a los inspectores de Hacienda a escribir que no entienden “cómo la soporta Abengoa”, algo que consideran “impensable en un grupo empresarial de su nivel”.

Tras dejar constatado que el canon municipal a Elsur ha estado inflado en unos diez millones de euros anuales, asegura el informe pericial que el Grupo Abengoa “ha renunciado a una gestión empresarial solvente de Elsur y accedido a soportar las consecuencias a cambio de lograr dos líneas de negocio, una como subcontratista de su propio Grupo y otra aparentemente gratuita, ya que cobra por una gestión cuyas decisiones toman otros”.

Para los inspectores, la gestión de Elsur ha tenido también efectos negativos en los intereses generales de los ciudadanos y contribuyentes. Y constatan literalmente que:

-”El ayuntamiento ha estado pagando a Elsur en el periodo analizado un canon general sumamente excesivo por los servicios encomendados.

-El Ayuntamiento, como propietario del 30% de Elsur, soporta parte de los malos resultados económicos de la gestión.

-El ayuntamiento ha ocultado la situación real de endeudamiento a los efectos del cumplimiento de las normas que rigen las haciendas locales y, en especial, las presupuestarias”.

Afirman finalmente que en caso de tener que afrontar la deuda contraída por Elsur, el ayuntamiento también se vería “fuertemente afectado” por las enormes pérdidas ocasionadas.

La lectura del contenido de los primeros cuatro tomos liberados confirma la “complejidad” de la investigación de la que habló por primera vez el Fiscal del Estado, Cándido Conde Pumpido, en Almería, un mes antes de que comenzasen los pinchazos telefónicos vía SITEL. Complejidad económica de la trama y que explica la lentitud de la instrucción. No obstante, queda constatado fehacientemente en qué medida la falta de medios de la juez está influyendo en la desesperante marcha de esta, por otra parte, enrevesada instrucción.

Especialmente llamativa es la providencia firmada el uno de julio de 2010, tras serle retirado el juez de apoyo y que obligó a la magistrada Peña Martinez a suspender una ristra de declaraciones de imputados gaditanos, vinculados todos ellos a una red de facturas millonarias falsas usada por la trama. La Juez justifica en su escrito que suspende las comparecencias porque deberá atender “la totalidad de los asuntos del Juzgado, el servicio de Guardia, los señalamientos de Juicios de Faltas, las declaraciones de imputados, y la instrucción del resto de causas con preso del Juzgado”. Verdaderamente insólito y desolador que la instructora de un sumario de este calibre deba presidir, de vez en cuando, juicios de faltas o atender guardias.

Entre los testimonios manifestados ante la Juez, destaca el de operarios de Elsur, que confiesan haber realizado obras en las sedes ejidenses del PSOE, del PAL y del PP sin que conste oficialmente el abono de esos trabajos. También, afirman, en casas particulares de concejales, incluso en la del diputado socialista y miembro de la dirección regional del PSOE Manuel García Quero, quien ha desmentido que sea cierto que le arreglasen los cuartos de baño de su casa y anuncia acciones judiciales para defender su honor. Y también, por vez primera, aparece el nombre de Pepe Añez, al que supuestamente le habrían hecho trabajos en la farmacia de su esposa o en sus jardines privados. Desde IU, Rosalia Martín, se apresuró a decir ayer: “está claro que ya no está inmaculado Pepe Añez en el Caso”.

En los primeros tomos liberados el lunes, solo cuatro, nuevamente por retrasos debidos a problemas en la informatica que debe dotar la Consejería de Gobernación y Justicia, quedan reflejadas las dos declaraciones que la Juez tomó al alcalde Enciso, una recién detenido y otra con dos meses pernoctando en prisión. La primera, el 23 de octubre de 2009. Y la segunda, a petición del interesado, el 30 de diciembre de 2009.

Juan Enciso, en su primera comparecencia judicial, confesó tener un sueldo como alcalde de 3.500 euros, que el cargo de presidente de Elsur era honorífico y que sus funciones no eran ni ejecutivas ni retribuidas.

En esa primera comparecencia tras su detención quiso hacer constar que ya fue objeto de denuncias falsas tiempo atrás desde el periódico El Mundo, que, según Enciso, le acusó de mediar para que se contratase en el Ayuntamiento a su suegro, ¡que había fallecido en el año 81! Según afirmó Enciso a la Juez todo procedía “de una denuncia del Partido Popular” y, de paso, desmintió que tuviese en su finca una máquina quitanieves propiedad del ayuntamiento (parecía una leyenda urbana que circuló profusamente en la época por Internet y que el sumario ha confirmado como cierta).

Juan Enciso, sin embargo, no pudo explicar la coincidencia de fechas en la venta de una finca urbana de Plaza Mayor, 2, en pleno centro de El Ejido, finca que había sido de su empresa Enciso y Aguilera y que fue vendida a la municipal Desarrollo Urbanístico de El Ejido, a través de una nueva sociedad con distinto propietario pero socio del alcalde.

En su segunda declaración, tras reiterar Enciso que su presidencia de Elsur es honorifica, reconoce gestiones de pagos entorno al gerente de la empresa semipública, intercediendo de igual forma por otras empresas y que eso “era el pan de cada día”.

Enciso, al que la declaración de la renta le sale a devolver -“un error” afirma- justificó las solicitudes mensuales de dinero al empresario Juan Antonio Galán, grabadas por la policía, argumentando que lo hacía porque es su amigo y estaba pasando apuros económicos mientras cerraba una “operación bancaria” con Cajamar por importe de un millón de euros y que finalmente fueron 450.000.

Aclara Enciso en su voluntaria comparecencia del penúltimo día de 2009 lo que quiso decir cuando afirmó sobre el empresario sevillano Jose Amate que “tanto había tirado de la olla que se le iba a acabar”, afirmando el alcalde que se refería a que se quedaría sin efecto su contrato con Elsur, según le había informado José (Pepe) Marañón, alto ejecutivo del Grupo Abengoa y máximo responsable de Befesa, también notable imputado en la causa como Javier Molina.

Preguntado Enciso por qué recibía mensual y puntualmente dinero de Galán, se reiteró que eran préstamos de amigo a amigo, hasta cerrar su operación con Cajamar. Y al ser repreguntado sobre la confesión anterior de que ingresaba mensualmente entre 65.000 y 70.000 euros fruto de los invernaderos, concluyó afirmando que “este año no, que la cosecha de melones y sandias hubo que tirarlas”.

Preguntado si alguna vez intercedió para que le quitasen una multa a una persona, aclaró que se trata de un tal Figueredo, pero no aclara si realizó intervención alguna ante el Seprona para que le fuese retirada la multa.

Enciso, al que le van colocando grabaciones con sus conversaciones grabadas por orden judicial para que se explique, argumenta que debe ser un error que Jardines del Poniente tenga el 25% de su empresa Gestora Ejidense, aunque reconoció que si lo es a través de Galán “si podría ser”.

Cuenta que el capital social de la empresa familiar del alcalde, Enciso y Aguilera, de 300 mil euros, fue aportado por su mujer en bienes inmuebles y su parte "cree" que se realizó en metálico.

También se le pregunta por el famoso cortijo de Larores (Alpujarras) y confiesa que lo compró con dinero procedente de “los iguales” -el cupón de la Once- y que la inversión de la obra de reforma no superó los cuatro mil euros. La obra, dijo, le había costado poco dinero “porque la piedra es de allí” y el declarante le confiesa a la juez que las piedras las ha recogido personalmente él, “que lo mismo coge el tractor y labra” que realiza cualquier actividad junto a su hermano y un ayudante.

Para concluir dos breves pinceladas sobre el glamuroso mundo de la trama del Poniente.

Las joyas y relojes intervenidos alcanzan en tasación más de 300 mil euros, destacando un broche de oro blanco y diamantes valorado en 45 mil intervenido a Jose Alemán, el interventor municipal. Al parecer el regalo de compromiso con su segunda esposa Isabel Carrasco, también imputada.

Por cierto, la boda y su celebración por todo lo alto en el Hotel del Ritz costó 113 mil euros, casi 19 millones de las antiguas pesetas.

Sin conocer aún el contenido detallado de lo que resta por leer en el sumario, quizás se pueda concluir con la frase pronunciada el lunes en Onda Cero Andalucía por el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón: “en este asunto creo que hay que seguir investigando más”.

Mientras todo esto empieza a salir a la luz, la Almería que lidera la sociedad guarda silencio. No sé muy bien si por respeto algunos o por vergüenza ajena la mayoría. En realidad, en los casi dos Gigabites de documentos liberados por la juez esta semana, queda reflejada gran parte de nuestra sociedad en general y la almeriense en particular. El asunto, cuanto menos, es para meditarlo en silencio.