Juan Antonio Segura Vizcaíno
Secretario de Política Institucional del PSOE de Almería
LA reforma de un instrumento que gestiona el 40% del presupuesto de la Unión Europea no podía pasar desapercibida, y efectivamente la propuesta realizada el pasado mes de noviembre por el nuevo comisario de Agricultura de la UE, Dacian Ciolos, de reforma la Política Agraria Común (PAC) ha levantado ampollas.
La mayoría de las críticas se han centrado en la nueva fórmula de reparto de fondos que está previsto aplicar a partir de 2014. La propuesta de Ciolos incluye un reparto supuestamente "más equilibrado", lo que en la práctica supone rebajar la cuota de algunas regiones favorecidas hasta ahora, como Andalucía, para que también tengan un trozo de tarta los países que se han incorporado más recientemente a la UE.
Personalmente, creo que cometemos un error de bulto si nos cegamos únicamente en la cuestión de los subsidios, en lugar de tomar una perspectiva más amplia sobre lo que queremos que sea la nueva PAC. Efectivamente, para Andalucía es fundamental el mantenimiento de las ayudas en su cuantía actual y la existencia de unas reglas claras de reparto. También es necesario que sean las regiones las que determinen la aplicación de los fondos.
Sin embargo, es necesario mirar más allá, por una cuestión muy sencilla: la agricultura andaluza no puede recibir ayudas 'ad infinitum'. No puede recibirlas, en primer lugar, porque la UE no es la gallina de los huevos de oro, pero sobre todo porque Andalucía no puede resignarse a ser una región subvencionada.
El gran problema que padece actualmente nuestra agricultura es la falta de unos precios justos. Y para conformar esos precios no basta con distorsionar la realidad a base de ayudas: hay que actuar en los mercados, corrigiendo sus desmanes. El agricultor no puede seguir viendo cómo su peso en el precio final de los productos se hace más y más pequeño.
Necesitamos que se actualicen los precios de intervención, y también un mayor control en la importación de productos de países terceros: tanto en cantidad, vigilando estrictamente las fronteras; como en calidad, garantizando que en estos países se cumplen las exigencias sanitarias y medioambientales. Y todo ello porque su agricultura, como la nuestra, ha de ser sostenible. Debemos apostar por una producción que respete el medio ambiente, que combata el cambio climático y que ayude en el desarrollo del entorno rural. Actualmente los agricultores andaluces reciben una media de 350 euros por hectárea, una cantidad superior al conjunto español y a la media europea (280 euros). Debemos luchar para que, de momento, no se reduzca, pero también para que llegue el día en que podamos prescindir de ella. Eso es mirar de verdad al futuro.
La mayoría de las críticas se han centrado en la nueva fórmula de reparto de fondos que está previsto aplicar a partir de 2014. La propuesta de Ciolos incluye un reparto supuestamente "más equilibrado", lo que en la práctica supone rebajar la cuota de algunas regiones favorecidas hasta ahora, como Andalucía, para que también tengan un trozo de tarta los países que se han incorporado más recientemente a la UE.
Personalmente, creo que cometemos un error de bulto si nos cegamos únicamente en la cuestión de los subsidios, en lugar de tomar una perspectiva más amplia sobre lo que queremos que sea la nueva PAC. Efectivamente, para Andalucía es fundamental el mantenimiento de las ayudas en su cuantía actual y la existencia de unas reglas claras de reparto. También es necesario que sean las regiones las que determinen la aplicación de los fondos.
Sin embargo, es necesario mirar más allá, por una cuestión muy sencilla: la agricultura andaluza no puede recibir ayudas 'ad infinitum'. No puede recibirlas, en primer lugar, porque la UE no es la gallina de los huevos de oro, pero sobre todo porque Andalucía no puede resignarse a ser una región subvencionada.
El gran problema que padece actualmente nuestra agricultura es la falta de unos precios justos. Y para conformar esos precios no basta con distorsionar la realidad a base de ayudas: hay que actuar en los mercados, corrigiendo sus desmanes. El agricultor no puede seguir viendo cómo su peso en el precio final de los productos se hace más y más pequeño.
Necesitamos que se actualicen los precios de intervención, y también un mayor control en la importación de productos de países terceros: tanto en cantidad, vigilando estrictamente las fronteras; como en calidad, garantizando que en estos países se cumplen las exigencias sanitarias y medioambientales. Y todo ello porque su agricultura, como la nuestra, ha de ser sostenible. Debemos apostar por una producción que respete el medio ambiente, que combata el cambio climático y que ayude en el desarrollo del entorno rural. Actualmente los agricultores andaluces reciben una media de 350 euros por hectárea, una cantidad superior al conjunto español y a la media europea (280 euros). Debemos luchar para que, de momento, no se reduzca, pero también para que llegue el día en que podamos prescindir de ella. Eso es mirar de verdad al futuro.
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