El totalitarismo del Consejero Luis Pizarro

Rafael Leopoldo Aguilera Martínez

Funcionario de Administración Local

 Se ha pasado “siete pueblos”, como solemos decir los andaluces y andaluzas, Luis Pizarro, consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, al comparar a los sindicatos de funcionarios y a los propios funcionarios o funcionarias sin vinculación sindical ni política alguna,  que se manifiestan contra el decreto de reordenación del sector público "como lo que hace HB en las elecciones autonómicas o municipales con los actos del PSOE o el PNV y eso se parece bastante al fascismo". No, señor mío, ellos luchan con lo que mejor saben hacer, dialogando, o, mejor dicho, intentándolo, porque ustedes cerraron las puertas a los sindicatos más representativos y sólo escucharon a quien a ellos le  interesó. Ahora la única palabra que les queda es echarse a la calle y gritar que basta ya.

Son muchos años monopolizando el control absoluto en Andalucía, muchos años utilizando las empresas públicas como algo particular, pero que está sostenido con dinero público, y  ahora con la incertidumbre política que se avecina ante las próximas elecciones municipales y autonómicas, sólo les queda inventarse pasar a 20.000 personas de esas empresas, formadas por familiares, amigos y simpatizantes, al sector público, aunque ello suponga anular al funcionario de sus funciones y derechos.

Por no querer callar las injusticias se compara  a los funcionarios y funcionarias con HB y se les llama “fascistas”, y con estas palabras de insulto y descalificación,  tan desafortunadas e hirientes, lo único que hacen es aumentar la tensión y el malestar entre los empleados públicos de la Comunidad autónoma de Andalucía.

El Sr. Luis Pizarro no tiene educación alguna, al vulnerar  un código de conducta que debe de prevalecer en una autoridad pública, y cuya actuación es  un atentado a los derechos fundamentales y libertades públicas, al querer amordazar la libertad de expresión de los funcionarios de la Junta de Andalucía, familiares y amigos frente a una norma legal que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la Función Pública.

Se puede reordenar el sector público sin perjudicar a los empleados públicos autonómicos ni a los empleados de las empresas públicas, al diferenciar el estatus jurídico de ambas situaciones, que por su propia configuración no pueden igualarse jurídicamente ni técnicamente, y menos aún, que por imperativo de oportunidad política electoralista y familiar,  se obligue a los funcionarios de la CCAA, con formas caciquiles, más propias de épocas pasadas, al cambio de un régimen jurídico funcionarial a un régimen jurídico laboral de los empleados públicos.

Con estas normas del Partido Socialista, ni obrero ni español,  que pretende introducir en la Función Pública estamos haciendo una Administración Pública masificada, política, carente de formación técnica especializada con autonomía e independencia de sus funcionarios, de súbditos del poder político, de servidumbre, de “estómagos agradecidos”, de enchufismo, de sectarismo.

Los funcionarios de la Comunidad Autónoma, como el resto de la Función Pública, han tenido que superar las pruebas selectivas correspondientes, tomando posesión de su cargo, y en el mismo, con nombramiento por el órgano o autoridad competente, y publicación en el  diario oficial correspondiente, y acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.

Sí esto no lo han realizado los empleados de las empresas públicas no se pueden equiparar jurídicamente, y menos aún, al contrario, equiparar a los funcionarios con los empleados de estas empresas, porque ni es legal, ni ético, ni de justicia social.

Por ello, no cabe más solución al Consejero Luis Pizarro que le cesen o dimita por haber ofendido con sus provocadoras palabras no solo a los funcionarios de la Función Pública Andaluza,  sino también a todos los andaluces, pues con esas 20.000 personas que van a acceder a la función pública a través de un procedimiento alegal se les acaba la oportunidad a miles de ciudadanos de la comunidad autónoma de poder acceder a un empleo público a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad, y por supuesto, los más perjudicados, los opositores actuales, interinos y laborales que esperaban su ocasión para poder continuar prestando un servicio público, que en su mayoría tienen un sentido vocacional y de servicio.

Si tanto respaldo tiene el gobierno andaluz, por qué no convoca una concentración de apoyo al nefasto decretazo, y vemos qué respuesta sindical tiene, salvo los liberados que tendrán que ir de forma obligacional.

 A ver sí son capaces de congregar 50.000 personas como las que se congregaron este último sábado en Sevilla, en defensa del derecho a una Administración Pública no privada, con empleados públicos profesionales, sujeta al Derecho Administrativo, objetiva e imparcial, que evite el poder y la discrecionalidad política, una Administración que haga avanzar a Andalucía protegiendo a los andaluces y a sus intereses.