Eugenio Gonzálvez
Alcalde de Gádor y Senador
La inmigración ha ido escalando en los últimos seis años puestos en el 'ranking' de las preocupaciones que tienen los españoles. No ha sido ni mucho menos por azar, sino una consecuencia directa de las irresponsables políticas migratorias que ha llevado a cabo Rodríguez Zapatero desde que llegó a la Moncloa. Y es que, además de las encuestas del INE, uno de los indicativos de que la Inmigración realmente importa a la ciudadanía ha sido el vuelco electoral que se ha producido en las elecciones de Cataluña, donde el PP que era el partido que afrontaba con mayor seriedad su programa en materia de inmigración ha aumentado sobremanera su representación en el Parlamento Catalán.
Pero dentro de la Inmigración ya no hay que centrarse sólo en el control de fronteras. No podemos olvidar que, si bien, se ha triplicado en los cuatro últimos años el número de extranjeros con permiso de residencia el mayor problema al que nos enfrentamos ahora es de integración tanto social como laboral. Para ello es necesario ofrecer salidas laborales y que los inmigrantes se comprometan con un contrato de convivencia a asumir los valores y costumbres. Y es que los inmigrantes que llegan a España tienen ahora menos oportunidades que antes por culpa de la campaña socialista 'papeles para todos'. La tasa de paro entre el colectivo inmigrante se ha disparado y, según la EPA, hay más de 1.078.000 extranjeros en situación de desempleo.
Ahora, que es cuando más políticas e inversiones en materia de inmigración se necesitan, el Gobierno ha vuelto a equivocarse y ha dado el mayor y más nefasto tijeretazo de la historia de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, puesto que ha reducido en 190 millones su presupuesto anual. Todo ello sin hablar del importantísimo Fondo de Integración que es fundamental para que las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo políticas de integración, pasando de los 200 millones de 2009 a los 61,6 de 2011. Un montante ridículo para poder efectuar una política efectiva de integración. Pero haciendo gala de su irresponsabilidad, ZP no ha hecho otra cosa descargar todas sus responsabilidades en las comunidades y los Ayuntamientos que son las administraciones más cercanas y son las que se ven obligadas a dar respuesta a sus demandas, ahora que las arcas están maltrechas por la crisis económica y por la ausencia de transferencias del Estado.
Lo que España necesita no es un presidente que mira para otro lado y lanza la pelota al resto de administraciones, sino una política rigurosa que además de controlar los flujos migratorios sea capaz de garantizar el bienestar de los que ya están residiendo aquí. Y eso no se hace recortando gastos y fondos o 'maltratando' a las ONG que son la 'familia' con la que cuentan los extranjeros cuando se hayan en una situación complicada.
Pero dentro de la Inmigración ya no hay que centrarse sólo en el control de fronteras. No podemos olvidar que, si bien, se ha triplicado en los cuatro últimos años el número de extranjeros con permiso de residencia el mayor problema al que nos enfrentamos ahora es de integración tanto social como laboral. Para ello es necesario ofrecer salidas laborales y que los inmigrantes se comprometan con un contrato de convivencia a asumir los valores y costumbres. Y es que los inmigrantes que llegan a España tienen ahora menos oportunidades que antes por culpa de la campaña socialista 'papeles para todos'. La tasa de paro entre el colectivo inmigrante se ha disparado y, según la EPA, hay más de 1.078.000 extranjeros en situación de desempleo.
Ahora, que es cuando más políticas e inversiones en materia de inmigración se necesitan, el Gobierno ha vuelto a equivocarse y ha dado el mayor y más nefasto tijeretazo de la historia de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, puesto que ha reducido en 190 millones su presupuesto anual. Todo ello sin hablar del importantísimo Fondo de Integración que es fundamental para que las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo políticas de integración, pasando de los 200 millones de 2009 a los 61,6 de 2011. Un montante ridículo para poder efectuar una política efectiva de integración. Pero haciendo gala de su irresponsabilidad, ZP no ha hecho otra cosa descargar todas sus responsabilidades en las comunidades y los Ayuntamientos que son las administraciones más cercanas y son las que se ven obligadas a dar respuesta a sus demandas, ahora que las arcas están maltrechas por la crisis económica y por la ausencia de transferencias del Estado.
Lo que España necesita no es un presidente que mira para otro lado y lanza la pelota al resto de administraciones, sino una política rigurosa que además de controlar los flujos migratorios sea capaz de garantizar el bienestar de los que ya están residiendo aquí. Y eso no se hace recortando gastos y fondos o 'maltratando' a las ONG que son la 'familia' con la que cuentan los extranjeros cuando se hayan en una situación complicada.
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