La toma de las calles

Agustín de J. Muñoz Soler

Comentarista político

Las calles de Almería recobraron su esplendor con el comienzo del Año Nuevo por partida doble: porque ya suele ser una característica del paisaje urbano encontrarse solamente con inmigrantes y porque la flamante legislación antitabaco ha poblado las terrazas de los bares, restaurantes y pubs de fumadores.

Hace un cuarto de siglo que a los españolitos de a pie que viajaban a Holanda, por ejemplo, le extrañaban ser servidos por un camarero o camarera con la piel trigueña o negra en pleno contraste con la imagen estereotipada de piel blanca, cabello rubio y ojo azules de los nórdicos. Y regresaban   pensando que esa imagen jamás la verían en su país de origen, España. Pero hete aquí que en unos años, unos veinte años, recuerdo, se cuantificaba la población inmigrante en la provincia de Almería en unas escasas decenas de miles, y residentes mayoritariamente en el Poniente Almeriense.

Empezaba a hablarse de 'negreros' como de aquellos empresarios desaprensivos  que empleaban a los inmigrantes que arribaban para llevar a cabo los trabajos más duros o al menos aquellas labores de las que los españoles ya desistían. Pero a medida que avanzábamos hacia el final del siglo las calles y los campos de nuestra provincia se fueron poblando de jóvenes de color en tanto que ya se había empezado a asumir que en los bares y restaurantes seríamos atendidos por bellas y esculturales chicas jóvenes.

Y se fue integrando socialmente esta población eminentemente joven que las comenzaron a confundirse en las calles y en los centros de trabajo con los almerienses. Sin embargo la asunción de esta mezcolanza social, pienso, no ha sido aún sumida plenamente, toda vez que se mira de soslayo tanto laboral como peatonalmente. Es evidente que cualquier extranjero sigue siendo visto como tal y la evidencia es que las referencias a ellos son por su lugar de origen y no por su identidad, por supuesto salvo honrosos casos excepcionales.

Pero lo más grave de todo ello es que cualquier referencia o atribución negativa es catalogada como xenófoba y/o racista, en pleno contraste con similares comportamientos en Centro-Europa, donde nadie se cuestiona que atribuciones negativas puedan ser catalogadas de este modo, lo que me induce a pensar que en España se hace como recurso para la prevalencia de derechos que en muchas ocasiones se abusa tan excesivamente que les colocan por encima de los constitucionales.

Digo esto porque las calles almerienses adquieren un paisaje variopinto a determinadas horas  del día y de la noche, siendo objeto de la desconfianza ciudadana, socialmente la más vulnerable. Es obvio que una chica caminando por una calle sumida en la soledad recela al encontrarse con un joven del Este apostado de pie en una esquina o dos africanos sentados en un banco, como también sume en la desconfianza a personas mayores paseando por las calles de la ciudad y con un panorama paisajístico humano como el descrito.

Esa desconfianza y esos recelos provocan inseguridad en la ciudadanía, habiéndose erigido la seguridad ciudadana, a mi entender, en una de las asignaturas pendientes de nuestro ya no tan joven sistema político de libertades públicas. En los 33 años de democracia ni la asociación de seguridad ciudadana como tabú a la derecha ni la atribución de complejo represor a la izquierda ha sido resuelto por los gobiernos de derechas o izquierdas que ha tenido España, en perfecto contraste con la consideración de Derecho Fundamental que inspira a los gobiernos de uno y otro signo político, por ejemplo, en Alemania, donde un canciller socialdemócrata acabó con la única banda terrorista que tuvo este país.

En España todavía es impensable, tras 33 años de andadura democrática -y habiendo pasado por el gobierno UCD, PP y PSOE-, que los  miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le obliguen a declarar a un presunto autor de un delito sobre el que se posee la certidumbre de haberlo cometido para imputarlo judicialmente. O que la presión ejercida  policialmente sobre ciudadanos sobre los que existe constancia pero no pruebas provoque su alejamiento o el desistimiento para la comisión del delito. En consecuencia, entiendo que nuestra democracia posee  un déficit de seguridad ciudadana que está provocando psicosis social en zonas del país.

Líbreseme de entender que asocio inseguridad ciudadana con inmigración sino que se trata de una percepción muy extendida en nuestra sociedad que se ha conformado por la constatación de que la inmensa mayoría de los delitos que se están cometiendo lo están siendo por inmigrantes, atribuyéndosele una especialización y con el agravante de que exista en la provincia de Almería uno de los tres municipios de España donde más denuncias por delitos se produzcan.

Medios existen, capacidad se da por descontada, lo que hace falta es implantar el valor en nuestros gobernantes para que se resuelva satisfactoriamente esta asignatura pendiente que es la inseguridad ciudadana como lo han hecho los países de nuestro entorno europeo.

(Publicado en La Gaceta de Almería. Autorizada su reproducción)