Eugenio Narbaiza
Periodista
Por fin se ha abierto el sumario de la Operación Poniente, después de año y medio de incertidumbre respecto a la manera en la que han actuado determinados políticos y funcionarios a la hora de administrar y esquilmar los bienes pertenecientes a los ciudadanos de El Ejido. En estos días, oiremos y leeremos sobre la vida ostentosa que estos imputados llevaban a cabo mediante la compra de relojes, el uso de tarjetas de crédito especiales, la adquisición de inmuebles de lujo tanto en la provincia como fuera de ella, demostrando un absoluto desprecio hacia los ciudadanos que en muchas ocasiones, alguno de ellos, se han empeñado en defender, cuando realmente se han burlado de ellos mediante sus actuaciones.
Lo que realmente nos debe hacer reflexionar este sumario es sobre cuál ha sido el papel de determinadas instituciones que tienen como obligación el control y la fiscalización de los patrimonios públicos de los ciudadanos y por qué hemos llegado a una situación en la que nadie ha logrado controlar que se esquilmen cerca de 300 millones de euros. Por otro lado, también desde el punto de vista de la legislación española no es comprensible que cualquiera de estos imputados pueda tener la oportunidad cercana a presentarse a unas elecciones municipales, como si nada hubiera pasado. O que por razones que cualquiera sabe se sigan manteniendo en sus cargos municipales, sin que nadie pueda hacer nada para impedirlo.
Gracias a esta actuación judicial que ha desembocado en la Operación Poniente, los ciudadanos de Almería y de El Ejido ya sabemos quién es cada cuál y cómo ha actuado en todo este lamentable episodio, que ha hecho que una de las ciudades más importantes de la Andalucía Oriental se vea sumida en la ruina más absoluta, sin remedio y con unas perspectivas de futuro realmente lamentables.
Ahora vienen unas elecciones municipales y ya ha llegado el momento en el que los ciudadanos tomen la palabra, haciendo que personajes como los que todos conocemos no puedan acceder a la política municipal ejidense, ni tampoco a la política provincial, preocupándose de pasar la factura correspondiente a unos por acceder a lo que no es suyo y a otros por mirar hacia otro lado, cuando todo lo que estaba pasando en la ciudad era realmente evidente.
Por eso es importante que no nos centremos en todo aquello que hayan hecho los imputados, en los objetos que han comprado ni en la vida tan holibudiense que han llevado, sino en las consecuencias que suponen todos los acontecimientos de alrededor por los que estos imputados han actuado con absoluta impunidad y como dueños del cortijo. Ha llegado el momento de la mesura y de la tranquilidad y de que los ciudadanos fiscalicen, analicen y actúen en consecuencia respecto a quién es cada cual y por qué estos cada cuales han actuado de la manera que lo han hecho. El Ejido, su ayuntamiento y la ciudadanía, deben volver a la normalidad, pero pasando las facturas correspondientes por las faltas de actuación de algunos organismos de carácter provincial, regional, así como por el papel que han jugado al respecto ciertas formaciones políticas.
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