José Antonio Martínez Soler
Periodista almeriense
Los legisladores y los gobiernos autonómicos nos toman por imbéciles o, peor aún, por menores de edad. ¿A qué viene regular legalmente las rebajas e impedir así la sana competencia, que es tan benéfica para bajar los precios en favor de los consumidores?
¿De dónde nos viene esa rara herencia de regular las fechas de las rebajas? ¿A quién beneficia y a quién perjudica tan estricta regulación?
Según marca el Ministerio de Comercio estas son las “normas” a seguir por un comercio o tienda para poder realizar rebajas:
1-Las ventas en rebajas sólo podrán tener lugar como tales en dos temporadas anuales; una iniciada al principio de año; y la otra, en torno al período estival de vacaciones.
2-La duración de cada período de rebajas será como mínimo de una semana y como máximo de dos meses, de acuerdo con la decisión de cada comerciante, dentro de las fechas concretas que fijarán las comunidades autónomas competentes.
¿Por qué no puede un comerciante bajar legalmente los precios cuando quiera y como quiera? Por crisis, por cierre de negocio, por exceso de stocks, porque le falta espacio de almacenaje de productos que no se venden a ese precio, por liquidación, por mudanza o, sencillamente, porque le da la gana… Hay tiendas especializadas en rebajas permanentes (los “factory”, por ejemplo). Y los grandes almacenes lo hacen cuando quieren y tienen plantas de “oportunidades” con rebajas.
Estas normas tan absurdas, propias de los tiempos reglamentistas del arbitrismo franquista, me recuerdan las de los excéntricos horarios comerciales para proteger a los pequeños comerciantes frente a los grandes, a costa de hacer la pascua al consumidor.
No olvidaré una vez que lo pasé fatal para conseguir unos bocatas camino del Zoo un domingo por la mañana. Todas las tiendas del pueblo estaban cerradas, salvo las panaderías. Pero, claro, hecha la Ley, hecha la trampa. Una de las llamadas panaderías tenía entrada disimulada a un pequeño supermercado que estaba completamente a oscuras para evitar las eventuales multas de la autoridad competente. Compramos el pan y pedimos un poco de chorizo, mortadela o cualquier otra engañifa para almorzar en el Zoo. El tendero nos dijo que estaba totalmente prohibido vender otra comida que no fuera pan y que se arriesgaba a recibir una multa si lo hacía.
Le convencí con el argumento de que mi hijo David se quedaría en la puerta vigilando, por si venía algún guardia, mientras nosotros comprábamos, a escondidas, con oscuridad y alevosía, un poco de mortadela para engañar al pan. No vino ningún policía municipal ni guardia civil. Por eso, pudimos pagar la comida sigilosamente y salir por pies de la tienda como alma que lleva el diablo o, peor aún, como si hubieramos robado algo a alguien.
Mi hijo pequeño me vió esconder la mortadela y me preguntó preocupado si habíamos hecho algo malo de lo que tuvieramos que escondernos a arrepentirmos. Naturalmente le dije que no. Se trataba solo de una falta leve, sin importancia. Pero le advertí que las leyes había que cumplirlas aunque, a veces, fueran tan absursas como esa que prohibía al tendero vendernos unas rodajas de mortadela para ir al Zoo un domingo por la mañana. (Aún no existían los chinos ni Opencor, abiertos cualquier día y a buenas horas).
La gente de Almería puede ir a Murcia a comprar los juguetes de sus hijos a mejor precio que si lo hiciera en su tierra. Los de Toledo pueden hacer lo mismo en Madrid pero no en Toledo. Y así, de manera económicamente incomprensible, las autoridades se desprestigian. No hay forma de explicar a un niño por qué los Reyes Magos compran en Murcia y en Madrid (desde el 1 al 7 de enero) más barato que si lo hicieran en Almería, en Toledo o en el resto de España.
Deberíamos tener leyes que pudieramos defender y explicar a nuestros hijos sin sonrojarnos. Si no, acabaremos creyendo que, en la hipócrita España, las leyes no son leyes sino meras orientaciones. Y que sólo las cumplen quienes no pueden pagar un buen abogado…
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