Francisco Giménez Alemán
Periodista
Este 28 de febrero en que Andalucía conmemora el XXXI Aniversario del referéndum para la aprobación el Estatuto de Autonomía viene marcado por el signo de la corrupción, y sobre los actos institucionales convocados por el Parlamento y por la Junta sobrevolará el fantasma de las irregularidades del Gobierno regional en el vidrioso asunto de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) cometidos en la tramitación de numerosos expedientes de empresas en dificultades.
El 28-F es un día de fiesta en Andalucía porque viene a recordarnos cómo la voluntad de todo un pueblo hizo realidad el sueño de Blas Infante, trasladado a la realidad política actual en el pacto autonómico de Antequera (4 de diciembre de 1978) a fin de lograr para Andalucía la autonomía más amplia en el tiempo más breve posible. Desde entonces, un único partido, el socialista, ha podido formar gobierno tras las sucesivas victorias alcanzadas en todas las elecciones celebradas hasta hoy.
Sería profundamente injusto no estimar los progresos de todo orden que ha experimentado la Comunidad Autónoma en estos treinta años. El panorama de Andalucía a finales de los setenta nada tiene que ver con el que hoy disfrutan los ciudadanos, pese a la tasa de paro, por encima del 28 por ciento (más de un millón de personas sin trabajo) y el encefalograma plano de la actividad económica, más plano y más severo como consecuencia de la crisis económica. Pero es de sentido común comprobar como nuestros pueblos, en su mayoría con Ayuntamientos del PSOE, y las grandes ciudades en manos del PP, han experimentado un salto cualitativo respecto de estado de postración en que la dictadura franquista dejó esta región sureña de más de ocho millones de habitantes y 87.597 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo el 17.3 por ciento del territorio nacional.
La educación y la sanidad alcanzan hoy niveles más que aceptables. Los equipamientos públicos de ciudades y pueblos, entonces inexistentes, han transformado los paisajes urbanos. Y el turismo, racionalizado y con una política de incentivos, aparece como pujante industria en los puestos de cabeza de España. No así se puede predicar de los sectores productivos, la industria y el campo, que como rémoras de la economía andaluza pesan de manera fundamental sobre el PIB y sobre la creación de empleo. Con sus luces y sus sombras, la Administración autonómica ha digerido las transferencias del Estado, con deficiencias notables en Justicia y en Medio Ambiente y con algunos dislates como la absorción de las antiguas y muy eficaces Confederaciones Hidrográficas o la reciente competencia sobre los más de ochocientos kilómetros de costas.
Andalucía vive este 28-F en un ambiente de posible cambio político, sensación que está en la calle y que confirman todas las encuestas publicadas. Los vicios adquiridos en treinta años por la Administración socialista le está pasando factura, cuyo vencimiento está a quince meses vista.
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