Rafael Leopoldo Aguilera
Han comenzado a recibir los sindicatos una avalancha de propuestas de ERES, expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos, provenientes de Ayuntamientos. Con independencia de que no haya habido acuerdo en la negociación entre los sindicatos y las entidades locales, o que la autoridad laboral ha desestimado los mismos, no cabe duda que en los próximos meses, y tras las elecciones municipales del 22 de mayo, la situación económica-financiera de muchos ayuntamientos se hará insostenible para poder mantener a unas administraciones públicas sobredimensionadas de personal, y en muchos de los casos, con la dificultad técnica de reconvertir y especializar a este personal con otros perfiles y habilidades que permitiese su reubicación a otros puestos.
Lo contradictorio es que viendo la situación tan grave del erario público local, lo que ha sucedido, entre otros municipios, en Jerez de la Frontera, con un ERE de 900 contratos, y Huércal de Almería, aunque desistió finalmente de esta opción, siguen ofertándose plazas de personal laboral fijo mediante convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La situación es complicada y tiene soluciones complejas y áridas políticamente, que deberán de pasar en primer lugar por incrementar la participación en los ingresos del Estado para poder sostener los servicios básicos y, por tanto, sus plantillas; poder acudir a los créditos aunque supere el 75% de los ingresos corrientes; la realización de planes sociales que no sigan agravando la situación, y permita la empleabilidad de los empleados públicos; la externalización de servicios; que los Ayuntamientos solo realicen aquellas competencias que le son propias, y no asumir otras competencias del ámbito autonómico o estatal sin las correspondientes transferencias de recursos financieros; que la Comunidad Autónoma regule la Función Pública Local en su ámbito territorial, que permita los traslados y desplazamientos a otros centros directivos autonómicos y locales que precisen personal, y que con el pésimo Decreto de reestructuración del sector público andaluz han perdido una oportunidad de haber codificado un texto normativo con cambios legislativos, que sin perjudicar a los empleados públicos autonómicos, como ha sucedido, también hubieran dado respuestas y soluciones técnicas a las Entidades Locales; optimizar las plantillas tanto en su cualificación como en su tamaño, con la amortización orgánica y no funcional de puestos de trabajo por causas económicas obedeciendo a la situación de crisis o dificultad grave; mejorar la productividad en la gestión de los servicios para contribuir a superar la situación de crisis del sector público; la gestión por desempeño, etc.
Temo una multitud de ERES en los Ayuntamientos, sí no cambia en los próximos meses la situación económica y salen “brotes verdes”.
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