Iván Gómez
Periodista
La Consejería de Vivienda puso en marcha el programa de Fomento del Alquiler en 2005 con la firme intención de impulsar en las ocho provincias andaluzas un mercado de arrendamiento fuerte, maduro y rentable. Fue una de las medidas más publicitadas por la Junta de Andalucía al amparo de la entrada en vigor del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 que quiso dinamizar al maltrecho sector durante la crisis con ayudas de hasta el 40% para los inquilinos. Sin embargo, la administración andaluza midió mal y el éxito y aceptación que han tenido las políticas de fomento del alquiler, sobre todo en Almería, Sevilla y Málaga, desbordaron las previsiones alcistas. La Junta se ha encontrado en los últimos años con que no cuenta con capacidad económica suficiente para poder satisfacer todas las expectativas generadas por su propia gestión y sus promesas incumplidas han acabado con la paciencia de las partes implicadas (inmobiliarias, propietarios e inquilinos).
El hartazgo y desesperación ha obligado a los afectados a iniciar una serie de medidas de protesta cuyo punto de inflexión tendrá lugar el miércoles 23 de febrero con la movilización a las puertas de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. En torno a medio millar de almerienses se unirán bajo el lema ‘Junta paga lo que debes a agencias, inquilinos y propietarios’ al no ver la luz al final de un largo túnel que se prolonga desde mediados de 2008. Para la decena de agencias inmobiliarias de la provincia afectadas por los retrasos e impagos del programa de fomento del alquiler han sido muy difíciles los últimos años. Les deben a algunas de las empresas importes de hasta 400.000 euros y no todas han podido sobrevivir a la tardanza en los pagos, viéndose obligadas a echar el cierre. Ahora no solo reclaman el dinero que les adeudan, casi con total probabilidad le pedirán a la Consejería de Vivienda daños y perjuicios ante los tribunales. De hecho, los bufetes de abogados más importantes del país llevan meses detrás de una causa judicial millonaria. Pero la sinrazón de la administración andaluza, que ofreció lo que no puede dar, no sólo está provocando el cierre de inmobiliarias. Detrás del problema de las agencias de fomento del alquiler hay miles de ciudadanos que contaban con unos recursos que ahora no tienen. Dramas reales que se plasman en aquellas familias que han tenido que abandonar el hogar en el que vivían porque sin las subvenciones no pueden pagar cada mes el contrato de arrendamiento.
La Junta argumenta que desde el inicio del programa de fomento del alquiler ha realizado un gran esfuerzo inversor para conseguir la dinamización de esta fórmula de acceso a la vivienda y ha llegado a destinar en incentivos más de 58 millones de euros. Entre 2008 y 2010, por ejemplo, se han abonado más de 13,3 millones, una cantidad que multiplica por cuatro la inversión prevista. La deuda en Andalucía con las agencias de fomento del alquiler supera los 14 millones de euros (20.000 expedientes pendientes de pago y resolución) y de más de 32 millones con los propietarios (5.486 expedientes). El conjunto de agencias homologadas en la comunidad suma 205, de las que 133 han cesado la actividad por la asfixia económica.
El gobierno socialista de la Junta de Andalucía, en plena crisis por los ERE podridos, las jubilaciones fraudulentas y los fondos de reptiles, se enfrenta a otro grave problema que le acabará pasando factura muy pronto, el 22 de mayo en las municipales. Si no ofrece una solución convincente y pragmática a los miles de afectados tras la primera movilización del miércoles, tendrá abierto un nuevo frente cuyo origen está en sus propias políticas sociales. De nada vale alardear legislatura y media de unas ayudas en materia de vivienda que ahora no pueden pagar. Que la consejera de Obras Públicas y Vivienda tire de calculadora porque como no cuadren las cuentas pronto no podrán pagar el alquiler a fin de mes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario