Pepe Fernández
Periodista
Al presidente de la Junta y Secretario General del PSOE-A, Pepe Griñán, se le acaba de abrir una crísis de incalculables consecuencias judiciales (y políticas) a cuenta de parte de la herencia dejada por su predecesor en la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, actual Vicepresidente tercero del Gobierno. En este caso concreto por la utilización de fondos de la Consejería de Empleo de forma presuntamente fraudulenta y parece que sin demasiado control de la Intervención de la Junta, Cámara de Cuentas o del Parlamento de Andalucía.
Centenares de millones de euros, miles de millones de pesetas, que han sido definidos ante investigadores judiciales por un ex Director General socialista como un “fondo de reptiles” para empresas andaluzas “en crísis”. Y en el escenario un puñado de inevitables y reiterados personajes desde el famoso ERE en Cárnicas Molina en Jaén, cuna de algunos de los imputados claves en este procedimiento judicial, vinculados directa o indirectamente al PSOE-A o a dirigentes relevantes como el Secretario de Estado Gaspar Zarrías.
Cuadros socialistas veteranos, en privado, afirman que “nunca en treinta años de gobierno nos hemos enfrentado a una situación tan delicada y explosiva como la que se nos presenta. Lo del edificio Presidente en los ochenta, con Borbolla y el empresario Nicolas Osuna de por medio, Costa Doñana o lo de Juan Guerra y el despachito, al lado de esto son anécdotas, una coña marinera”, afirman.
La irrupción de la Policía Judicial buscando documentación en dependencias claves y sensibles de la administración autonómica avalan esa inquietud “que no nos va a traer nada bueno”, sentencian inquietos. Gran preocupación, también, se percibe entre los funcionarios que han sido testigos pasivos en estos años de todo lo que se está empezando a conocer e investigar.
Un socialista notable, que fue alcalde de una capital, llega incluso más lejos en sus reflexiones: “Si Griñán hubiese conocido lo que había bajo las alfombras, seguro que no acepta la herencia envenenada de Manolo (Chaves), hubiese actuado de otra forma, incluso rechazando ser presidente”. Otros socialistas, sin embargo, sus más críticos adversarios internos, ya comienzan a responsabilizarle de que todo “está empezando a saltar por los aires por su culpa” por haber “desmontado” el aparato de Chaves tras el Congreso extraordinario de marzo pasado.
Las “encomiendas” de Empleo
El consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio Menéndez, se ha visto forzado esta semana a comparecer ante la opinión pública de forma urgente y precipitada tras conocerse, a raíz de una investigación judicial, que desde su departamento han salido -desde 2002- en torno a los 650 millones de euros canalizados a través de la Agencia IDEA (antiguo IFA) mediante sucesivas “encomiendas” oficiales de la propia Consejería de Empleo. (En IDEA también se tramitó el expediente para MATSA que tantos dolores de cabeza le está dando a Chaves y a su familia).
Un departamento, el de Empleo, que, históricamente, ha estado controlado por personas significadas como “hombres del aparato” del partido y en los últimos años más concretamente por gente muy cercana al exvicesecretario de Chaves, Luis Pizarro Perales, titular de Gobernación y Justicia. (Manuel Recio también tiene ese perfil al haber llegado al Gobierno desde Almería como el “alumno” más aventajado de Martín Soler Márquez, el frustrado candidato de Pizarro para sustituir a Chaves en lugar de Griñán).
El destino de ese importante presupuesto, que supera con creces los ¡cien mil millones de las antiguas pesetas!, ha sido para, según consta en la última Orden de 27 de abril de 2010 firmada por Recio en el Boja, “encomendar la ejecución material y técnica de la materialización de pagos de ayudas excepcionales y socio laborales a empresas situadas en Andalucía, con dificultades económicas transitorias, en aras a evitar el cese de la actividad productiva y, por extensión, sus negativas repercusiones en el empleo facilitando la reestructuración de las mismas y garantizando la correspondiente viabilidad”. Por cierto, parece que sin demasiado éxito a la vista del 30% de parados andaluces.
En la rueda de prensa de Recio, empujado por lo declarado ante la Policía Judicial por quien ha ocupado durante casi una década la Dirección General de Trabajo y SS de la Junta de Andalucía –con tres consejeros distintos- , el consejero se dedicó a desmentirlo todo y, de alguna manera, a desacreditar el testimonio de su compañero Javier Guerrero, imputado por la Juez Mercedes Alaya, calificando sus palabras como una declaración “de parte”, o sea, para defenderse. Y no solo eso, aprovechó para arremeter contra el PP por haber hecho público lo manifestado por Guerrero ante la Policia Judicial, definiendo esas partidas presupuestarias de dinero público como “un fondo de reptiles”. (El PP está personado en la Causa de Mercasevilla que, curiosamente, fue denunciando por empresarios chantajeados y llevado a Fiscalía por vez primera por la propia Consejería de Empleo, según consta en las actuaciones conocidas).
Javier Guerrero no es un recién llegado al PSOE ni mucho menos y su carné socialista tiene más antigüedad que el del actual consejero de Empleo. Llegó a ser alcalde de la localidad sevillana de El Pedroso (Sierra Norte) y, apadrinado por el tándem Pepe Caballos /Jose Antonio Viera, acabó nombrado Director General de Empleo por Guillermo Gutiérrez Crespo.
No es el primer escándalo que el exgerente del Hospital del Poniente en El Ejido, exdelegado de la Junta en Almería y exsecretario General de Economía tiene que afrontar desde que ocupa la Consejería de Empleo.
Hace unos meses saltó el asunto de los fondos de formación otorgados a empresas vinculadas a altos cargos socialistas, denuncia que provocó la extraña e inexplicada dimisión irrevocable del número dos de Griñán en el partido, Rafael Velasco. En este contexto de tensión y con el ERE de Mercasevilla investigado judicialmente, el consejero protagonizó un chusco incidente al llamar a la Policía para que abriese una caja fuerte que había encontrado oculta en su despacho y que resultó estar vacía. Aparentemente una anécdota que no pasó desapercibida para quienes han comprobado y padecido “la limpia” que Recio realizó nada más llegar a la Consejería, quitando prácticamente a todos los cargos de confianzas de sus predecesores Gutierrez, Viera y Fernández. En la mayor parte de los puestos el responsable de Empleo ha colocado a personas de su cuerda, casi todas ellas procedentes de Almería. Una circunstancia, por cierto, que aseguran que ha generado tensiones internas en el PSOE, especialmente en las agrupaciones sevillana y gaditana, las que han controlado ese departamento en la última década y que se han sentido “marginados y maltratados”.
Es evidente que con este asunto no solo está servido el escándalo judicial y político, también la alarma social. El propio Defensor del Pueblo, José Chamizo, al que he preguntado esta tarde, no ha ocultado su “inquietud y gran preocupación” ante las evidencias que se están conociendo por la opinión pública en las últimas horas. Chamizo, no obstante, no actuará de oficio junto a la Fiscalía Superior como en otros asuntos, “en tanto que ya existe una investigación judicial en marcha y a ella me remito de momento”.
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