Javier Salvador
Director de Teleprensa
Un juez, muy conocido por eso de sus controvertidas sentencias, muchas de ellas tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha anulado un decreto por el que el Ayuntamiento de El Ejido retira la concesión de servicios a Elsur, empresa participada en un 30% por el consistorio y en un 70% por un conglomerado de empresas y cajas de ahorro liderado por una filial de Abengoa, que digamos es la empresa bandera de Andalucía. Elsur es la empresa sobre la que se organiza la Operación Poniente y desde que la policía llegó al ayuntamiento para detener a alcalde, interventor y amigos de éstos, todo va literalmente de culo.
Los trabajadores empezaron a no cobrar y con ello iniciaron una serie de huelgas salvajes instigados por grupos políticos de la oposición. Se saboteó el suministro de agua y otros servicios básicos, y protagonizaron encierros en iglesias y cosas así. Les deben igual una parte de la paga extra, un atraso de tal cosa, pero los sueldos más o menos los han venido cobrando, una suerte que no tienen 4,2 millones de españoles. El ayuntamiento, en un arrebato de huevitis política, decidió que ya estaba bien y rescató los servicios para ser ellos quienes paguen a los trabajadores y se hagan cargo de la coordinación de servicios, y así, supongo, evitar el río de tinta de periódico que lleva el caudal de la Operación Poniente.
Ahora llega el famoso juez Rivera y dice que no, que el decreto queda anulado, y seguro que no le faltan argumentos legales, pero volvemos a dar un paso atrás, porque los servicios y la gestión vuelven a las manos de quienes no pagan a los trabajadores, así que no sabemos si ahora se manifestarán a las puertas del Ayuntamiento o del Juzgado de Rivera.
Pero no podemos olvidar algunas cosas, como que este juez fue el que sentenció el cierre del Centro Comercial Gran Plaza en Roquetas de Mar. Una sentencia que luego ratificó el TSJA tras los recursos pertinentes. Pero ahí entró nuevamente el súper juez en acción y una vez demostrada la ilegalidad del centro comercial, con una orden del máximo tribunal andaluz para su cierre, llegó él y dijo que la sentencia era inejecutable.
Los trabajadores empezaron a no cobrar y con ello iniciaron una serie de huelgas salvajes instigados por grupos políticos de la oposición. Se saboteó el suministro de agua y otros servicios básicos, y protagonizaron encierros en iglesias y cosas así. Les deben igual una parte de la paga extra, un atraso de tal cosa, pero los sueldos más o menos los han venido cobrando, una suerte que no tienen 4,2 millones de españoles. El ayuntamiento, en un arrebato de huevitis política, decidió que ya estaba bien y rescató los servicios para ser ellos quienes paguen a los trabajadores y se hagan cargo de la coordinación de servicios, y así, supongo, evitar el río de tinta de periódico que lleva el caudal de la Operación Poniente.
Ahora llega el famoso juez Rivera y dice que no, que el decreto queda anulado, y seguro que no le faltan argumentos legales, pero volvemos a dar un paso atrás, porque los servicios y la gestión vuelven a las manos de quienes no pagan a los trabajadores, así que no sabemos si ahora se manifestarán a las puertas del Ayuntamiento o del Juzgado de Rivera.
Pero no podemos olvidar algunas cosas, como que este juez fue el que sentenció el cierre del Centro Comercial Gran Plaza en Roquetas de Mar. Una sentencia que luego ratificó el TSJA tras los recursos pertinentes. Pero ahí entró nuevamente el súper juez en acción y una vez demostrada la ilegalidad del centro comercial, con una orden del máximo tribunal andaluz para su cierre, llegó él y dijo que la sentencia era inejecutable.
Bien, muchos salvaron su puesto de trabajo, otros salieron perjudicados, pero sobre todo hay que entender que aunque la justicia puede parecer gratuita, su funcionamiento no lo es, y todas esas vueltas de expediente nos costaron a los ciudadanos un dinero que no cae del cielo y que, finalmente, no sirvió de nada. Y tenemos claro que hubo sentencia, pero no que se hiciese justicia.
La Operación Poniente tiene el triste récord de ser la causa con más días de secreto sumarial acumulado, y pese a los miles de folios que tiene el sumario, sólo son eso, folios que pueden contener pruebas y declaraciones que luego pueden llevar o no a la conclusión de que se han cometido delitos.
A ver si me entienden, que yo también soy de los que tienen claro que unos cuantos se lo llevaron calentito, y hasta creo que el alcalde debió dimitir en el primer momento, pero también respeto que no lo haga mientras elementos como el presidente de la Diputación de Castellón, el de Alicante y el presidente de la Comunidad de Valencia y otros muchos de Madrid no lo hagan antes, porque el PP ha dejado esas puertas abiertas y las ha justificado por muchos golpes en el pecho de honradez que se den.
Pero visto este panorama, lo que no tengo claro es si prefiero aquí los jueces de Castellón, Alicante o Valencia o prefiero, sencillamente, que los de aquí estén allí. Lo que sí me ha quedado claro es que aparentemente la justicia no parece ser la misma aquí que allí, y cuando hacía periodismo de tribunales creí entender que uno de los principios fundamentales de nuestro sistema era ese precisamente, que ya fuese en Valencia o en Almería, la justicia era exactamente igual.
La Operación Poniente tiene el triste récord de ser la causa con más días de secreto sumarial acumulado, y pese a los miles de folios que tiene el sumario, sólo son eso, folios que pueden contener pruebas y declaraciones que luego pueden llevar o no a la conclusión de que se han cometido delitos.
A ver si me entienden, que yo también soy de los que tienen claro que unos cuantos se lo llevaron calentito, y hasta creo que el alcalde debió dimitir en el primer momento, pero también respeto que no lo haga mientras elementos como el presidente de la Diputación de Castellón, el de Alicante y el presidente de la Comunidad de Valencia y otros muchos de Madrid no lo hagan antes, porque el PP ha dejado esas puertas abiertas y las ha justificado por muchos golpes en el pecho de honradez que se den.
Pero visto este panorama, lo que no tengo claro es si prefiero aquí los jueces de Castellón, Alicante o Valencia o prefiero, sencillamente, que los de aquí estén allí. Lo que sí me ha quedado claro es que aparentemente la justicia no parece ser la misma aquí que allí, y cuando hacía periodismo de tribunales creí entender que uno de los principios fundamentales de nuestro sistema era ese precisamente, que ya fuese en Valencia o en Almería, la justicia era exactamente igual.
(teleprensa.es)
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