Antonio Felipe Rubio
Periodista
Uno de los famosos “chiringuitos” que la Junta de Andalucía lanzó recientemente para dinamizar el mercado de las viviendas de alquiler ha resultado ser un fiasco. Exactamente, y en palabras de uno de los afectados, un “fraude”. Recordemos. Corrían los de 2005 cuando la Junta anuncia, con gran profusión de medios, la creación de Agencias para el Fomento del Alquiler. Se trataba de sacar al mercado un gran stock de viviendas que no encontraban inquilinos por varios motivos: altos precios de los alquileres, bajo poder adquisitivo de los potenciales arrendatarios y, lo más importante, inseguridad jurídica que disuade al arrendador a confiar su propiedad a inquilinos que pueden no pagarle o destrozarle su vivienda sin que, entonces, existiese una cobertura legal ágil para proceder al desahucio por incumplimiento del alquiler o resarcimiento por daños materiales.
La Junta “invita” a emprendedores externos para facilitar la infraestructura empresarial y prestadora de servicios que gestionen, por su cuenta, todo el proceso. Para ello, han de homologarse con los parámetros exigidos por la Administración andaluza: empleados, contabilidad, custodia documental, seguros de responsabilidad civil… etc.
El propietario de la finca confía su vivienda -por periodo de cinco años- a la Agencia de Fomento de Alquiler, y ésta se compromete a localizar inquilinos y a desarrollar el procedimiento administrativo de trámite de subvenciones y cobro de alquileres.
Por sacar al mercado de alquiler la vivienda, el propietario recibe una subvención de seis mil euros. El arrendatario, por su parte, paga una cuota mensual mínima que se complementa con otra subvención de la Junta, que sirve para que la Agencia se cobre sus servicios y, por supuesto, para el propietario de la finca. Todo ello, con la contratación de un seguro de responsabilidad civil (600.000 €) y la garantía (¿?) de cobertura de posibles daños o/y desahucio por incumplimiento.
Así las cosas, propietarios de una vivienda que en muchos casos suponía un complemento vital a sus exiguas rentas, contaban con la seguridad de un procedimiento reglado y con atractivas garantías. Sólo existió un problema: ¡la Junta no ha pagado ni un euro! Así como suena. De las 250 Agencias que iniciaron la singladura sólo quedan a flote casi cincuenta. Y, como era de esperar, la Junta aporta soluciones tan razonables como que “no tiene dinero”.
Consecuencia: las agencias cierran, los propietarios no cobran o, en el mejor de los casos, cobran la mitad de lo pactado. Por supuesto, de los 6.000 euros, nada de nada; y así sucesivamente… hasta la imparable modernización de Andalucía.
La Junta “invita” a emprendedores externos para facilitar la infraestructura empresarial y prestadora de servicios que gestionen, por su cuenta, todo el proceso. Para ello, han de homologarse con los parámetros exigidos por la Administración andaluza: empleados, contabilidad, custodia documental, seguros de responsabilidad civil… etc.
El propietario de la finca confía su vivienda -por periodo de cinco años- a la Agencia de Fomento de Alquiler, y ésta se compromete a localizar inquilinos y a desarrollar el procedimiento administrativo de trámite de subvenciones y cobro de alquileres.
Por sacar al mercado de alquiler la vivienda, el propietario recibe una subvención de seis mil euros. El arrendatario, por su parte, paga una cuota mensual mínima que se complementa con otra subvención de la Junta, que sirve para que la Agencia se cobre sus servicios y, por supuesto, para el propietario de la finca. Todo ello, con la contratación de un seguro de responsabilidad civil (600.000 €) y la garantía (¿?) de cobertura de posibles daños o/y desahucio por incumplimiento.
Así las cosas, propietarios de una vivienda que en muchos casos suponía un complemento vital a sus exiguas rentas, contaban con la seguridad de un procedimiento reglado y con atractivas garantías. Sólo existió un problema: ¡la Junta no ha pagado ni un euro! Así como suena. De las 250 Agencias que iniciaron la singladura sólo quedan a flote casi cincuenta. Y, como era de esperar, la Junta aporta soluciones tan razonables como que “no tiene dinero”.
Consecuencia: las agencias cierran, los propietarios no cobran o, en el mejor de los casos, cobran la mitad de lo pactado. Por supuesto, de los 6.000 euros, nada de nada; y así sucesivamente… hasta la imparable modernización de Andalucía.
Libre mercado. Fuera subvenciones, fuera ayudas.
ResponderEliminar