Juan Antonio Segura Vizcaíno
Secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Almería
La aprobación esta semana en el Parlamento de Andalucía de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz ha tenido como telón de fondo las protestas de algunos grupos de trabajadores, jaleadas fervientemente por el Partido Popular. Sobre dicha Ley se han vertido tantas falsedades que a estas alturas resulta complicado distinguir qué es verdad y qué es invento.
La verdad de esta Ley es que con ella se intenta conseguir una administración más eficiente. Dicho de otro modo: mejorar los resultados sin que eso suponga gastar más dinero. La nueva Ley supone la supresión de 111 empresas públicas y la utilización, en su lugar, de una figura más ágil: la agencia pública.
Con estos cambios, sin embargo, no habrá despidos, ni enchufismo, ni ejercicio de potestades públicas por personal no funcionario, ni traslados obligatorios a las agencias públicas, como algunos han venido repitiendo interesadamente.
La Ley prevé la eliminación de 180 puestos directivos, necesaria para alcanzar el objetivo de austeridad, pero no habrá ni un solo despido. Los funcionarios conservarán todos sus derechos y el personal laboral mantendrá su convenio colectivo. La adscripción a las nuevas agencias públicas será voluntaria y nadie ingresará en el cuerpo de funcionarios sin superar unas pruebas que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Los socialistas creemos en lo público, estábamos convencidos de que esta reforma era necesaria y hemos actuado en consecuencia. Además, hemos buscado la transparencia y el diálogo. Durante la tramitación parlamentaria, todos los grupos políticos han podido hacer sus aportaciones. También se ha escuchado a los sindicatos y el texto incorpora, incluso, las demandas de colectivos ciudadanos como Facua, Al Ándalus, UCA o CAVA.
Por lo tanto, ni ha habido oscurantismo, ni nadie se va a convertir en funcionario sin pasar por una oposición, ni va a habar despidos, ni a nadie se le va a mandar a trabajar a una agencia pública en contra de su voluntad. Todos esos mensajes han sido lanzados a la opinión pública de manera intencionada e irresponsable por aquellos que, de cara a la galería, se muestran como los mayores defensores del sector público… pero que, en cuanto tienen la oportunidad, se lanzan alegremente a privatizar servicios públicos.
Mientras Arenas dice que defiende lo público, su partido intenta privatizar la sanidad y la educación en Madrid y Valencia. Rajoy apoya con entusiasmo el plan de Cameron, que dejará en la calle a medio millón de empleados públicos, y se le escapa que, si llega al gobierno, cerrará 4.000 empresas públicas. El PP nunca ha defendido lo público. Que no nos cuenten historias.
La verdad de esta Ley es que con ella se intenta conseguir una administración más eficiente. Dicho de otro modo: mejorar los resultados sin que eso suponga gastar más dinero. La nueva Ley supone la supresión de 111 empresas públicas y la utilización, en su lugar, de una figura más ágil: la agencia pública.
Con estos cambios, sin embargo, no habrá despidos, ni enchufismo, ni ejercicio de potestades públicas por personal no funcionario, ni traslados obligatorios a las agencias públicas, como algunos han venido repitiendo interesadamente.
La Ley prevé la eliminación de 180 puestos directivos, necesaria para alcanzar el objetivo de austeridad, pero no habrá ni un solo despido. Los funcionarios conservarán todos sus derechos y el personal laboral mantendrá su convenio colectivo. La adscripción a las nuevas agencias públicas será voluntaria y nadie ingresará en el cuerpo de funcionarios sin superar unas pruebas que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Los socialistas creemos en lo público, estábamos convencidos de que esta reforma era necesaria y hemos actuado en consecuencia. Además, hemos buscado la transparencia y el diálogo. Durante la tramitación parlamentaria, todos los grupos políticos han podido hacer sus aportaciones. También se ha escuchado a los sindicatos y el texto incorpora, incluso, las demandas de colectivos ciudadanos como Facua, Al Ándalus, UCA o CAVA.
Por lo tanto, ni ha habido oscurantismo, ni nadie se va a convertir en funcionario sin pasar por una oposición, ni va a habar despidos, ni a nadie se le va a mandar a trabajar a una agencia pública en contra de su voluntad. Todos esos mensajes han sido lanzados a la opinión pública de manera intencionada e irresponsable por aquellos que, de cara a la galería, se muestran como los mayores defensores del sector público… pero que, en cuanto tienen la oportunidad, se lanzan alegremente a privatizar servicios públicos.
Mientras Arenas dice que defiende lo público, su partido intenta privatizar la sanidad y la educación en Madrid y Valencia. Rajoy apoya con entusiasmo el plan de Cameron, que dejará en la calle a medio millón de empleados públicos, y se le escapa que, si llega al gobierno, cerrará 4.000 empresas públicas. El PP nunca ha defendido lo público. Que no nos cuenten historias.
Vaya caradura que tenéis y la tuya con alevosía, Sánchez, que hay que tener poca decencia para escribir ésto sin que se te caiga el boli
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