Antonio Hernández-Rodicio
Director de El Correo de Andalucía
El asunto de los eres no puede ser más impúdico: llega justo cuando más aprieta el paro y justo cuando se agotan las prestaciones para miles de andaluces. El problema capital de Andalucía se llama desempleo y cualquier irregularidad que se cometa en su nombre lleva aparejado el agravante de lesa patria. En el momento procesal en el que nos encontramos, y a ciencia cierta, aún no es posible dictaminar qué ha ocurrido exactamente con la gestión de los famosos 643 millones de euros destinados a ayudar a empresas en crisis mediante ayudas directas a los trabajadores sometidos al proceso de jubilación, si bien es cierto que nos acercamos ya al medio centenar de casos irregulares prácticamente demostrados. Y sin restarle la gravedad que la comisión de un solo caso ya tiene de por sí, el asunto se sitúa por el momento en 39 de los más de 6.000 expedientes tramitados. En estos casos concretos se trataría de personas que han cobrado irregularmente una prejubilación a cargo de la Junta por su supuesta pertenencia a la plantilla de empresas en las que en realidad jamás han puesto un pie. En paralelo, alguno de los afectados sostiene que pese a que su nombre figura en las listas negras nunca ha percibido un duro por ese concepto.
El proceso de investigación judicial deberá dilucidar si se trata de una práctica irregular, ilegal o simplemente deficiencias administrativas que debieron ser subsanadas cuando la intervención alertó hace años de que era preferible optar por el sistema de subvenciones excepcionales antes que por el de transferencias de financiación de explotación al IFA, un organismo público que en todo caso tiene autorizada por ley tal encomienda. Aquel informe de la intervención de Hacienda fechado en 2005 auditó 20 expedientes y, si bien cuestiona el procedimiento, no halló irregularidades. De hecho, los servicios jurídicos de la propia Consejería de Empleo opusieron argumentos contrarios a tal recomendación. Si los datos no fallan, la última intervención de la Junta hace sólo dos meses en los Astilleros de Huelva se ha hecho por el mismo sistema.
Se trata de un asunto feo que exige llegar al fondo y depurar todas las responsabilidades políticas y legales que sean pertinentes, pero a la vez es imprescindible que quede de manifiesto si nos encontramos ante una trama urdida por la Administración para que algunos tengan beneficios propios, una hipótesis que a día de hoy no parece sustentada por ningún hecho relevante, o si estamos ante un claro caso de pillaje y enriquecimiento por parte de algunos avispados de guardia que han merodeado en el entorno de la Consejería, de las aseguradoras y de las empresas en crisis.
La oposición está haciendo su trabajo, le toca exigir que se aclaren los hechos, que se depuren responsabilidades y que alguien las asuma. No le falta ningún ápice de razón. Cualquier partido de la oposición reaccionaría de la misma forma. Sin embargo, en el ardor del ejercicio de la oposición, se da ya por hecho que se trata de fondos ilegales, una denominación elevada a la escena nacional por los más preclaros portavoces del PP. Sin embargo, si se aspira a la verdad, que al menos sea toda la verdad. Se trata de fondos legales, públicos y auditados. Figuraron en los presupuestos, en la memoria presupuestaria, iban reflejados en el informe económico-financiero pertinente y fueron aprobados en el Parlamento.
Y al Gobierno andaluz, por el momento, es difícil reprocharle un intento de opacidad. Recordemos que el llamado caso Mercasevilla, que arranca con la grabación de un intento de extorsión de los responsables de Mercasevilla a unos empresarios hosteleros, fue puesto a disposición de la Justicia por el entonces viceconsejero de Trabajo.
El actual consejero está aportando a la jueza no sólo los datos requeridos, sino información complementaria que no le había sido solicitada. El Gobierno andaluz ha pedido a la Cámara de Cuentas que fiscalice las ayudas sociolaborales concedidas a trabajadores afectados por EREs desde 2001. El Ejecutivo se ha personado como parte perjudicada en la causa. Ha decido adelantar al juez la investigación interna, aún inconclusa, y el consejero de Empleo ha solicitado su comparecencia parlamentaria.
La oposición reclama una comisión de investigación. La experiencia dicta que ni una sola comisión de investigación ha servido para nada, sólo para instalar una carpa de circo donde se ofrezca un espectáculo a gusto del consumidor durante un tiempo ilimitado. Si las investigaciones internas de la Junta y la Justicia funcionan llegaremos al fondo de la verdad.
Por el momento, la única verdad es que se trata de un caso escandaloso, que arroja sombras sobre la gestión de las ayudas por prejubilaciones, en el momento más inadecuado posible y en la coyuntura más adversa. Los ciudadanos exigen explicaciones contundentes y cuanto antes mejor. Y la ortodoxia socialista también exige que los actuales miembros del Gobierno de la Junta repongan sin cortapisas la honorabilidad y la presunción de inocencia de los tres exconsejeros afectados por esta crisis.
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