Andrés García Lorca
Profesor de Análisis Geográfico Regional de la UAL
Dice Felipe González que hay que eliminar las diputaciones provinciales porque son redundantes. No sé si la intención del Sr. González es la de utilizar el término "redundante" en su sentido justo o por el contrario ha utilizado el término como sinónimo de superfluo o inútil. Analizado el contexto de la declaración, parece ser que estas últimas acepciones son las que en definitiva sirven para calificar a las diputaciones provinciales. Personalmente creo que decir que las diputaciones provinciales son inútiles, me parece un exceso, aunque lo diga quien fuera un Presidente de Gobierno.
Ahora bien, si nos atenemos a la literalidad del término y a su origen etimológico, el término redundar significa rebosar, salirse una cosa de sus límites; en consecuencia, es posible, que con este sentido la frase pudiera generar cierto consenso, o cuanto menos ser un argumento discutible, pero desgraciadamente no era esa la intención del Sr. González, como aclara en su discurso.
De una forma muy sintética, afirmamos que las diputaciones se justifican cuando atienden a las necesidades y servicios, de aquellas corporaciones locales insertadas en el mundo rural. La incapacidad de los pequeños municipios para hacer frente a los desarrollos administrativos y a las inversiones públicas necesarias, que aseguren unos niveles de calidad de vida aceptables para sus habitantes, obliga a generar una institución, como las diputaciones, que asesore, preste y financie todo aquello que exige la justicia distributiva.
Otra cosa es que las diputaciones, como de hecho está ocurriendo, se conviertan en instrumentos clientelares al servicio de los partidos políticos. Es decir, desborden sus funciones o sean redundantes en sus estructuras. Todo lo que suponga detraer recursos para los municipios rurales es sumamente injusto, máxime si ello se hace duplicando funciones que corresponden a otros niveles de la administraciones territoriales. Somos conscientes, de que la actual estructura del sistema territorial de la administración pública, es sumamente ineficiente; pero ello no nos puede hacer perder la cabeza, toda vez que esta ineficiencia es mas un problema de gestión que de estructura. No se solucionan las cosas quitando o rompiendo las estructuras constitucionales, sino reformando y acotando aquellos desarrollos institucionales que se han ido haciendo sin cabeza y/o sin escrúpulos.
Las elecciones locales serán un momento adecuado para dilucidar estas cuestiones y los programas políticos un excelente escaparate para ver y valorar, la voluntad de construir el modelo de política local, más justo con la ciudadanía y más eficiente en la gestión.
Ahora bien, si nos atenemos a la literalidad del término y a su origen etimológico, el término redundar significa rebosar, salirse una cosa de sus límites; en consecuencia, es posible, que con este sentido la frase pudiera generar cierto consenso, o cuanto menos ser un argumento discutible, pero desgraciadamente no era esa la intención del Sr. González, como aclara en su discurso.
De una forma muy sintética, afirmamos que las diputaciones se justifican cuando atienden a las necesidades y servicios, de aquellas corporaciones locales insertadas en el mundo rural. La incapacidad de los pequeños municipios para hacer frente a los desarrollos administrativos y a las inversiones públicas necesarias, que aseguren unos niveles de calidad de vida aceptables para sus habitantes, obliga a generar una institución, como las diputaciones, que asesore, preste y financie todo aquello que exige la justicia distributiva.
Otra cosa es que las diputaciones, como de hecho está ocurriendo, se conviertan en instrumentos clientelares al servicio de los partidos políticos. Es decir, desborden sus funciones o sean redundantes en sus estructuras. Todo lo que suponga detraer recursos para los municipios rurales es sumamente injusto, máxime si ello se hace duplicando funciones que corresponden a otros niveles de la administraciones territoriales. Somos conscientes, de que la actual estructura del sistema territorial de la administración pública, es sumamente ineficiente; pero ello no nos puede hacer perder la cabeza, toda vez que esta ineficiencia es mas un problema de gestión que de estructura. No se solucionan las cosas quitando o rompiendo las estructuras constitucionales, sino reformando y acotando aquellos desarrollos institucionales que se han ido haciendo sin cabeza y/o sin escrúpulos.
Las elecciones locales serán un momento adecuado para dilucidar estas cuestiones y los programas políticos un excelente escaparate para ver y valorar, la voluntad de construir el modelo de política local, más justo con la ciudadanía y más eficiente en la gestión.
(elalmeria.es)
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