José Fernández
Periodista
La prensa aparece estos días cuajada de expresiones rimbombantes que explican la carta de naturaleza legal que la Junta de Andalucía ha otorgado a algo más de trece mil (13.000) viviendas ilegales reconocidas como tales a lo largo de todo el Valle del Almanzora. Qué verde era mi valle y qué poquito se miraban las leyes en él.
Los medios siguen con cierto interés el meandro administrativo con el que las autoridades responsables tratan de alambicar un mejunje inmobiliario de altísima graduación. Y es que la clave no está, al menos a mi juicio, en dirimir si las fórmulas administradas para el enjuague tienen o no el rango legal suficiente, sino en retrotraernos al momento en el que, al menos en trece mil ocasiones, un promotor ordenó a unos albañiles comenzar a cavar unos cimientos porque contaba con alguna señal, promesa o documento que autorizase dichas obras.
Podemos admitir el error, la casualidad o el traspapele en algunos casos, pero cuando se reconoce que hay por lo menos 13.000 viviendas construidas ilegalmente, día a día y ladrillo a ladrillo, es legítimo pensar que alguien con suficiente capacidad de organización y mando ha establecido zonas carentes de cobertura legal para que este tipo de actuaciones pudieran llevarse a cabo a plena luz del día. Y es que no conozco a ningún promotor inmobiliario lo suficientemente intrépido como para ordenar meter palas sin saberse plenamente respaldado. Y tampoco conozco a muchos promotores que no sepan o puedan recompensar esos niveles de permisividad de un modo contante y sonante. Pero bueno, no faltarán voces que tilden de alarmistas estas reflexiones. Si se ha decretado borrón y cuenta, solacémonos con la orden. Aquí paz y después gloria.
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