Diego Suárez
Director de El Correo de Andalucía
El caso de los ERE es grave, escandaloso; insoportable. Ataca a la credibilidad, desprestigia la política y erosiona la democracia. Chaves y Griñán han reconocido que está dañando a su partido como ya ratifican las encuestas. El Gobierno andaluz intenta evitar nuevos sondeos porque sus resultados son demoledores. La atmósfera irrespirable mantiene en estado de shock a buena parte de la militancia y provoca desapego, desdén o indiferencia en la mayoría de los votantes socialistas. Se ha activado el escrúpulo de la izquierda y los sentimientos de buena parte del electorado progresista navegan entre la impotencia, el hastío o el desconcierto. El PSOE andaluz está noqueado, no para de recibir golpes y no suena la campana. Los intrusos en las prejubilaciones continúan apareciendo mientras salen a la luz pública investigaciones de la Fiscalía con nuevas presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos. Y todo tiene un denominador común: la falta de control, no tanto en el procedimiento de concesión de las ayudas –que también– como en su posterior fiscalización para garantizar el uso correcto del dinero. Esta es hoy la situación.
La realidad, sin embargo, corre el riesgo de deformarse y derramarse como un vertido tóxico al servicio de intereses espurios y cíclicos que ansían una imagen de Andalucía fullera, indolente y subsidiada. El escándalo de los ERE, que no se corresponde ni mucho menos con el patrón de un uso generalizado en la administración pública, es el ariete perfecto con el que los enemigos de Andalucía pretenden llevarse por delante el espíritu del 28F, arrasar el bienestar conquistado durante tres décadas y llevar a la pira el cuerpo difunto de nuestra autonomía. No es la primera vez que ocurre, pero ahora va en serio. Quizá a eso se refería esta semana Rafael Escuredo cuando, al ser entrevistado en el Meridiano de Canal Sur, alertó sobre el peligro de bajar los brazos, un sentimiento bastante extendido hoy en el PSOE pese a los mensajes públicos de transparencia y firmeza con que los socialistas resisten en el Parlamento los embates de la oposición. Y es posible que Felipe González pensara en algo similar al exigir recientemente “militancia pura y dura” para salvar a su partido de la crisis. En estas horas bajas, cuando todo está oscuro, los referentes andaluces del PSOE piden a los suyos justamente lo contrario de desaparecer y meter la cabeza bajo tierra sin saber a ciencia cierta si escampará. Les conminan a alzar los brazos por la dignidad y la ética desde lo público. Y en esa magna encomienda juega un papel fundamental la transparencia.
Se está actuando con diligencia llevando al juzgado los 73 ‘intrusos’, ofreciendo a la juez todas las ayudas directas otorgadas por Empleo, informando al Parlamento. No son ayudas ilegales ni se han destinado 647 millones a irregularidades. Se concedieron con control administrativo, si bien es cierto que los procedimientos se han revelado inservibles. Pero el huracán sopla en contra. Y es difícil mantener la serenidad y la prudencia cuando, como ha dicho José Antonio Viera, “las sospechas se convierten hoy en imputaciones y las imputaciones en condenas”, sin ni siquiera haberse cerrado la instrucción judicial. No sólo hay que perseguir a los socialistas corruptos, como demandó el PP en el Parlamento. Hay que desterrar a los corruptos, allá donde militen. Y lo cierto es que ningún partido anda hoy sobrado para dar lecciones. De hecho, hubo prejubilaciones legales pero maquilladas en el expediente gestionado por el Gobierno del PP en Minas de Riotinto. Participaron todos porque el dinero público se usaba para dar protección a los desempleados y mantener los puestos de trabajo. Era el precio de la paz social. Había dinero público y los sindicatos presionaban para salvar, con buen criterio, empresas cuyo cierre provocaría dramas en comarcas de Andalucía. El objeto, por tanto, era loable pero maquiavélico. El fin justificaba los medios. Buscarle una paga a un alcalde sexagenario que se queda en paro es tan humanitario como ilegal, inmoral y demoledor en términos de coste político como se ha comprobado. La solidaridad mal entendida es incompatible con los procesos reglados de la Administración. Al PSOE le queda vomitarlo todo en el juzgado con contundencia, rapidez y comparecer con total transparencia en el parlamento cuantas veces haga falta. A la oposición, seguir fiscalizando y denunciando al Gobierno sin caer en la tentación de escenificar circos mediáticos que erosionan su imagen y alimentan a aquellos que nos tienen ojeriza desde que ofrecimos un café para todos en la histórica barra de las autonomías.
En 1993, en medio del ruido ensordecedor de los GAL y Filesa y de una campaña de acoso en Andalucía, las encuestas –como ahora– daban como claro favorito para gobernar al Partido Popular y vaticinaban el descalabro de los socialistas. Al final, el PSOE perdió 17 escaños pero Chaves ganó y revalidó el gobierno. El PP tiene hoy una fidelidad de voto del 80% y el PSOE apenas llega al 45%. ¿El cambio es irreversible? El precedente del 93 señala que no. Pero ocurrirá si el PSOE no levanta las alfombras. Y los brazos.
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