El tiro de gracia a las cámaras de comercio

David Uclés

Director del Instituto de Estudios de Fundación Cajamar

Vaya por delante que posiblemente en este terreno yo no sea lo neutral que me gustaría. Me he pasado casi 15 años de mi vida (en dos períodos distintos) trabajando en la Cámara de Comercio de Almería de la que fui director del servicio de formación, primero, y del servicio de estudios en la fase más larga de mi presencia en ella, entre 1998 y 2008. Sin embargo creo que es de justicia plantear una cuestión evidente: el decreto de diciembre de 2010, que formaba parte del segundo paquete de medidas contra la crisis, es un tiro en mitad de los ojos de las cámaras; una ejecución sumaria en la que no ha habido ni juicio previo, ni última confesión ni posibilidad de apelación.

En realidad, no pongo en duda que las intenciones del gobierno sean buenas y que de verdad piense que de esta forma facilita la vida a las empresas. No voy a entrar en disquisiciones ni números en los que se demuestren que las empresas que pagan no son todas o que la mayoría paga cantidades ridículas. Tampoco quiero entrar a valorar si las cámaras han hecho bien su trabajo (ese que tenían determinado por ley). Ni siquiera voy a considerar la torpeza o no de estas corporaciones a la hora de ganarse la simpatía o simplemente el respeto de las empresas de sus correspondientes demarcaciones.

Lo que quiero poner aquí de manifiesto es la forma en la que se ha cometido su ejecución sumaria. De la noche a la mañana y sin avisar. No hubiera estado de más que se les dejara un mínimo de margen para reorganizarse, repensarse o incluso liquidarse. No hubiera resultado de más que en ese decreto se aclararan extremos como la propiedad del patrimonio de las cámaras en caso de disolución, o la situación en la que quedarían los funcionarios de cámaras, una rara avis, que sin embargo sigue volando, porque quedan algunas.

En lugar de eso se ha optado por segar de cuajo la fuente de financiación de las cámaras: las cuotas camerales, que previamente habían sido legalizadas con la ley de 1993 (que sustituía a la muy veterana e inconstitucional ley de cámaras de 1911). De esta forma se les ha negado cualquier margen de maniobra. Los plenos recién elegidos, que a día de hoy ya no representan a nadie (o a casi nadie, tan sólo a las empresas que manifiesten expresamente su voluntad de pertenencia), tienen la papeleta de hacer rentables sus estructuras o liquidar las corporaciones, si es que ello es posible, dada su curiosa naturaleza de entes privados de derecho público. Está claro que algunas lograrán sobrevivir, sobre todo aquellas que  han sabido rentabilizar sus servicios, aquellas que han sido capaces de obtener un precio de mercado de los servicios prestados a sus electores: organización de ferias y congresos, servicios de información comercial, de asesoría del comercio exterior y de formación. Estos dos últimos capítulos, además, reglados por Ley. Pero otras (casi seguro que todas las pequeñas) terminarán desapareciendo, con sus activos liquidados para pagar las indemnizaciones a sus trabajadores o en manos de las administraciones tutelantes.

En cualquier caso, la medida es sorprendentemente inconsecuente, pues lo lógico hubiera sido hacer lo propio con los colegios profesionales, algunos mucho menos útiles que las propias cámaras, los cuales, sin embargo, ahí siguen y es obligatoria la colegiación para ejercer ciertas profesiones (de hecho, es requisito previo la pertenencia para la obtención del alta de la actividad en Hacienda). También hubiera resultado consecuente con la media de las cámaras y con la Directiva de liberalización de servicios que se acabara con el monopolio regulado de las farmacias, o con el monopolio fiscal de los estancos. ¿Por qué unos sí y otros no?

En fin, y en resumen: las cámaras de comercio hubieran merecido otro final distinto a éste. Gracias a ellas muchas empresas han accedido a los mercados internacionales, gracias a ellas muchas empresas han formado a sus trabajadores y cuadros, gracias a ellas se han conocido las realidades económicas de muchas provincias, y se han logrado escuchar a través de sus encuestas las voces de las empresas. Gracias a ellas, muchas leyes han mejorado, y gracias a ellas se han logrado algunos avances en materia de infraestructuras.

Descansen en paz las cámaras de comercio y quede sobre la conciencia de sus ejecutores la forma en la que fueron finadas.