Agustín de J. Muñoz Soler
Comentarista político
Juan Enciso ha anunciado su intención de concurrir a las elecciones municipales próximas como candidato a la alcaldía de El Ejido por el Partido de Almería, PAL, lo que ha producido una agria e inusual controversia por hallarse imputado judicialmente en la celebérrima Operación Poniente, que, a esta fecha, sigo desconociendo si así se denominó por su ámbito territorial y no por su forma de operar.
Más que por haber protagonizado la Operación Poniente, lo que ha provocado la polémica ha sido su situación judicial, imputándosele una serie de presuntos delitos como consecuencia de unos supuestos comportamientos en los que no debieran reflejarse personaje político alguno. Este estado judicial en el que se encuentra el todavía alcalde de El Ejido es lo que ha provocado el escándalo, por cuanto resulta indigno que un cargo público pueda concurrir a unos comicios en una situación ante la Justicia como la que se encuentra. La sorpresa social generalizada me parece normal que se haya producido en una democracia, por mera mecánica de la concepción democrática.
Me parece obligado manifestar públicamente que nunca he sido un adepto de Juan Enciso, con el que solo hablé el día en que anunció su acuerdo con el CDS de Luis Maldonado en el Círculo Mercantil, y desde esa fecha solo han sido desencuentros que supongo habrán determinado que José Añez no me haya concedido la entrevista que le solicité, por cauces ordinarios, al poco tiempo del desencadenamiento de la Operación Poniente. Debo asegurar, en un alarde de sinceridad, que no me esperaba menos, tanto como del alcalde de Garrucha. La democracia, o sistema político de libertades públicas, como a mí me gusta denominarla para diferenciarla de la inorgánica, tiene esta grandeza, justamente de la que algunos se sirven para comportarse en determinados casos como nazis, y no exagero.
En fin, disquisiciones aparte, con estos antecedentes, fui el único, es decir que no ha habido otro comentarista, que defendiera ardorosamente que Juan Enciso no debería dimitir como alcalde de El Ejido cuando se lo pedían con ahínco y perseverancia algunos, entre otros sus excompañeros del PP, a los que le arregló la sede en su ciudad. Entonces pensaba, y sigo pensando, que no debía presentar su dimisión porque suponía la aceptación de su culpabilidad y obviamente el reconocimiento de los hechos que se le imputan. Y decía también que en medio de la legislatura municipal solo debía abandonar la alcaldía de El Ejido por decisión judicial, por lo que tan solo, en mi opinión, debería dejar el sillón de la alcaldía una vez conocidos los resultados electorales del 22-M. Parece que no iba muy desacertado, a tenor de los hechos.
Por consiguiente, el escándalo social que ha producido la decisión de Juan Enciso de concurrir a la reelección como candidato a la alcaldía me parece lisa y llanamente tan antidemocrática como injusta. Y me explico.
Me parece antidemocrático no compartir la decisión de Juan Enciso de concurrir a la reelección, por nauseabundo políticamente que resulte democráticamente, porque no existe decisión legal alguna para prohibirle ser candidato, ¡y nada menos que a la alcaldía! Juan Enciso se encuentra en plenitud de derechos constitucionales para concurrir a las elecciones municipales, en este caso. A día de hoy, tan solo una decisión personal hubiese impedido presentarse.
Y me parece injusto que a Juan Enciso se le martirice por optar a la reelección porque las listas electorales en nuestra provincia de Almería están llenas de candidatos que se encuentran imputados judicialmente y el más tupido velo se ha tornado sobre ellas. No me importan los presuntos delitos que se les imputan, sí el hecho de hallarse en la misma situación judicial que el alcalde de El Ejido. Obvio mencionar los candidatos que se encuentran imputados judicialmente allende nuestra fronteras provinciales, entre los que se encuentran algunos que han traspasado las nacionales.
El que me parezca antidemocrático e injusto no implica que sienta auténtica repugnancia política por el mero hecho de que pueda concurrir a unos comicios electorales quien posee la sospecha más o menos cierta por parte de la Justicia de haberse aprovechado de su cargo público para fines personales execrables políticamente. Y la única forma de luchar contra estos hechos que socavan la credibilidad y los fundamentos de un sistema político de libertades públicas es la de no otorgarle su confianza, que es lo mismo que decir que no votarle.
Y esta desvirtualización del sistema político de libertades públicas ha llegado a tal denigración que sus representantes políticos consiguen la anuencia de los dirigentes de las fuerzas políticas por las que concurren y embaucar a una mayoría de españolitas y españolitos de a pie para que les voten y lograr resultar elegidos Concejales. Obviamente, mientras existan ciudadanas y ciudadanos que introduzcan en la urna la papeleta en la que figuren imputados judiciales no se acabará con esta lacra política que está minando el sistema político de libertades públicas. Se podrá hacer lo habido y por haber para mostrar las náuseas que producen ver el nombre de un candidato que está imputado judicialmente en una papeleta pero nada se conseguirá si sus conciudadanos le vota, y la corrupción política por su propia definición da votos porque se corrompe.
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