Dacian Ciolos
Comisario europero de Agricultura
El sector agrícola está expuesto a unos riesgos que ningún otro sector padece: es vulnerable al clima, a las plagas y, como hemos visto recientemente, también a las crisis sanitarias. Los productores españoles de frutas y verduras se han visto dramáticamente afectados por la sospecha –que después se confirmó errónea– de que pepinos producidos en España podían ser los responsables de las infecciones por E. coli que se han cobrado ya más de 30 vidas en Europa. El pánico provocó una caída fulminante de las ventas de hortalizas españolas y el cierre de varios mercados internacionales, en especial Rusia y Canadá. El enorme sufrimiento causado al sector agrícola español en estas circunstancias ha generado una comprensible sensación de frustración que llevó a muchos a buscar responsables. Es un sentimiento que comprendo, pero, en mi opinión, lo urgente no era buscar culpables sino soluciones. Para ello hacía falta en primer lugar identificar la fuente real de la infección para eliminar –definitivamente– cualquier sombra de sospecha sobre los productos españoles. En segundo lugar, debíamos ofrecer todas las garantías a nuestros socios comerciales internacionales para que reabrieran sus mercados. Y en tercer lugar, teníamos que buscar de modo inmediato el máximo de ayudas para ayudar a los agricultores afectados en los próximos días, no el año que viene. Esto es exactamente lo que la Comisión Europea ha hecho. Me gustaría explicarles cómo.
Cuando las autoridades alemanas activaron las redes de alerta sanitaria europeas (EWRS y RASFF) empezó una carrera contrarreloj para identificar la fuente de la infección. El 26 de mayo, unas muestras de pepino procedentes de Almería y Málaga dieron positivo en los tests de E. coli, aunque luego se comprobó, tanto en pruebas realizadas en Alemania como en España, que no pertenecían a la cepa O104 que había causado la epidemia. En consecuencia, el 1 de junio la Comisión retiró la alerta del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) e informó públicamente que los pepinos españoles eran aptos para el consumo. Los esfuerzos para identificar la cepa se redoblaron. La Comisión Europea, el Centro Europeo para el Control de Epidemias (ECDC) y la Agencia Alimentaria Europea enviaron siete expertos para ayudar a las autoridades alemanas en sus investigaciones. Finalmente, el 10 de junio se identificó la fuente de contaminación en una granja al sur de Hamburgo. Al identificar el origen del brote de E.coli se pudo frenar la crisis sanitaria y restablecer la confianza de los consumidores de hortalizas europeas.
Restablecer la confianza era también esencial a nivel internacional, en especial tras el bloqueo ruso a todas las hortalizas europeas decretado el 2 de junio, el libanés del 3 de junio, y las limitaciones a la importación canadienses, estadounidenses y de otros países. La Comisión denunció estas medidas como inaceptables y pidió el levantamiento inmediato del bloqueo.
Eso desde luego no compensó por las perdidas y perjuicios que sufrieron los agricultores españoles los días anteriores. Muchas toneladas de verduras se perdieron y los agricultores necesitaban ayudas para superar esta situación lo más pronto posible. Para ello, convocamos dos reuniones de ministros de agricultura para conocer de forma más precisa la magnitud de los perjuicios y estudiar las medidas más adecuadas para ayudar a los agricultores. Después de estas dos reuniones, decidí ampliar el plan de emergencia previsto en principio para los pepinos, los tomates y la lechuga a otros dos productos: el calabacín y el pimiento.
También decidí aumentar el nivel de compensación que será de hasta el 50% del precio de referencia de los productos en cuestión para el conjunto de todos los productores de estos productos, formen parte o no de a una organización aunque los productores agrupados en asociaciones podrán obtener hasta un 70% de compensación.
En total propusimos una partida de 210 millones de euros para afrontar las reclamaciones de indemnización para el período comprendido entre el 26 de mayo al 30 de junio. Estos fondos estarán disponibles para todos los productores, a través de las organizaciones de productores o de los organismos nacionales de pagos si los Estados miembros así lo desean. No dudo que algunas víctimas de la crisis considerarán estas ayudas insuficientes, pero quiero dejar claro que hacemos todo lo posible con las herramientas disponibles hoy y dentro de las posibilidades financieras actuales. En mi opinión, es mejor actuar rápido y ofrecer una forma sencilla de apoyo ahora que buscar formas más complejas que no llegarán a los agricultores que tanto las necesitan hasta mediados del año que viene.
En el futuro tendremos que hacerlo mejor. La crisis de la E.coli ha puesto de manifiesto que la Política Agrícola Común (PAC) no está suficientemente equipada para hacer frente a este tipo de situaciones. Es algo que tenemos que tener en cuenta ahora que las discusiones para la reforma de la PAC están en curso. Sin embargo, la crisis también ha dejado claro que los sistemas europeos de trazabilidad, de alerta rápida, de control de las epidemias han funcionado; que la fuerza de una Europa unida frente a nuestros socios comerciales ha reducido enormemente las consecuencias de la crisis y que la PAC sigue siendo esencial para un sector de tanta importancia estratégica como es nuestra agricultura.
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