Las espinas de la alcaldía de Garrucha

Agustín de J. Muñoz Soler

Comentarista político

Me comentaba un amigo, al ser interrogado si había felicitado al alcalde electo, que “nunca felicitaré a quien ha ganado unas elecciones con trampas, chapuzas y dinero, es decir suciamente”, y reconozco que me impactó esta aseveración tras conocer la magnitud del comportamiento torticero que se está produciendo en el sistema político de libertades públicas de que gozamos.

Y estupefacto quedé escuchando a una señora de mi quinta asegurando en la mesa de al lado en una terraza de la playa de Mojácar que “necesitamos otro Franco” y argumentar la afortunadamente inviable necesidad que la justificaba. Esto último acontecía el sábado por la tarde en Mojácar y justo a unos minutos de distancia me relataban que se había producido una sentencia judicial que estaba pasando desapercibida para los garrucheros, como es la condena a la empresa constructora de una urbanización frente al Castillo de Jesús Nazareno a pagar al Ayuntamiento de Garrucha dos millones de euros, cantidad que se correspondía exactamente con la que le reclamaba el entonces alcalde a la sociedad mercantil por la sobreedificación.

No es la primera vez que existe un litigio judicial Ayuntamiento/empresa y el que he reseñado no tendría mayor relevancia si no existiera la escalofriante secuencia de hechos que paso a relatarles.

Garrucha ha sido históricamente ejemplo de honradez y honestidad políticas, y estas cualidades que han caracterizado a sus gobernantes se han encarnado en grado sumo y solemne durante estos treinta y dos años de democracia local. Y en gran medida se han ejemplificado estas dos cualidades por la grandeza de la personalidad de sus protagonistas, Adolfo Pérez y Andrés Segura.

Conocí a ambos gobernantes en el ejercicio de mi labor profesional y por ello ahora hablo de ellos con suma admiración, porque se han erigido en Garrucha, como decía, en un ejemplo de esas dos cualidades -honradez y honestidad- que los españolitos de a pie de mi generación tanto valorábamos y que ahora me satisface observar cómo se recuperan en amplios sectores de la juventud. Siempre me atendieron con el pensamiento puesto en los almerienses que leerían lo que yo escribía, y no como ahora, que se pasan por la bocana del puerto a los lectores, porque, a su juicio, lo que importa es condenar al mensajero como castigo al no sometimiento.

Sirva este inciso para introducirme en la valoración de unos comportamientos políticos acaecidos en Garrucha y que tanto daño personal han producido al haber sido utilizados políticamente como exponente en la conjugación 'ladrillo'/maletines" para rebatir la sólida honradez y gran honestidad de Andrés Segura Soler. Llama poderosamente la atención que se reclame prudencia en las críticas a los personajes políticos aduciendo que siempre hay detrás una familia y sean algunos de estos personajes políticos quienes vulneren esta demanda tan extendida.

La sobrelimitación edificadora de la constructora fue convertida por el Partido Popular, en la oposición, como una acción de la que se responsabilizaba al alcalde de connivencia con el empresario para lucrarse personalmente. Nada menos que se le llegó a acusar a Andrés Segura de haber llegado a un acuerdo con el empresario para repartirse los beneficios económicos a su venta, exactamente de haber autorizado la sobreedificación a cambio de 2'6 millones de euros, produciéndose un mayúsculo escándalo que ocupó titulares informativos en la prensa nacional. Decía literalmente la dirigente local del PP y actual concejal-delegada de Personal, Mari Paz Bonet, que los 2'6 millones de euros pactados  por la sobreedificacion “no es la totalidad de los beneficios percibidos” sino que alcanzaban los 4'7 milloncejos de euros.

Recurro a la memoria para reseñar la lapidaria frase pronunciada por el actual alcalde, Juan Francisco Fernández, sobre el particular, apuntando que es lo que siempre ha defendido, que el convenio urbanístico denunciado a la Fiscalía de Medio Ambiente por el PP estaba muy bien hecho y que la empresa deberá abonar al Ayuntamiento los dos millones de euros, sospechosamente no los 4'7 que los 'populares' valoraban los beneficios económicos sobre los que se sostenía la recaudación municipal.

Podríase, haciendo un esfuerzo de benevolencia y generosidad, entender que el PP manifestase su arrepentimiento mediante el silencio por la atrocidad cometida contra quien hasta ahora ha resultado   inocente en cuantas causas judiciales le han abierto, pero lo que resulta altamente impropio en un alcalde es que diga todo lo contrario de lo que ha hecho hace tan solo unos meses. También se puede medir el tiempo transcurrido así, y no tenga el más elemental detalle de urbanidad con un compañero de Corporación Municipal, que además ha sido su antecesor en la Alcaldía. de llamarle por teléfono o tener la humildad de visitarle en casa, que bien sabe donde se ubica, para comunicarle la buena nueva al haber sido quien incoara la causa judicial y encima está pendiente de resolución judicial otra por motivos colaterales. En fin, para conocer a Juan Francisco se le ha tenido que dar un carguico.