30-J, empresarios indignados

Diego Suárez

Director de El Correo de Andalucía

Griñán ha salido reforzado del Debate sobre el Estado de la Comunidad. Incluso podría haber acrecentado esa valoración de haber aceptado más propuestas de la oposición. Tras tomar nota del durísimo correctivo electoral del 22M, el presidente de la Junta ha logrado recuperar la iniciativa política y marcar la agenda con una batería de iniciativas de corte social que pondrá en marcha en este mismo año. Dos de ellas han tenido la virtud de traspasar las fronteras regionales y ocupar protagonismo en la escena mediática nacional. El escaño 110 –un claro guiño al 15M– y las becas de 400 euros para reactivar la formación académica de jóvenes en paro han logrado eco mediático pese a coincidir con el Debate del Estado de la Nación.

Griñán, aunque no lo reconozca públicamente, ha pretendido un viraje a la izquierda incorporando medidas de corte social mientras Arenas ha mantenido su discurso tremendista, centrado en debilitar al Gobierno con su tradicional batería de frases hechas y un paquete de propuestas tan numeroso como poco desarrollado. Tampoco necesita más. Lo último que le interesa a los populares ahora es mostrar sus cartas, decir lo que harán si gobiernan. El PP no tiene varitas mágicas y sabe que sus medidas no invertirán una crisis de causas globales y consecuencias aún impredecibles. Acierta, sin embargo, al enarbolar la austeridad como bandera y reclamo electoral.

El éxito de Griñán en el debate –con poca audiencia televisiva pero seguido en las redes sociales, con más de un millón referencias– no sólo es positivo por la recuperación de la imagen pública del presidente, sino por la motivación en clave interna para su partido. Los militantes socialistas, aturdidos por el mazazo electoral de mayo, han visto luz en el túnel, algo fundamental para activarse y frenar la sangría. Griñán continuará haciendo guiños a la izquierda. Un detalle –simbólico o no, según se mire– será el de intervenir en el foro Los Diálogos de El Correo el próximo 13 de julio en Sevilla presentado por Concha Caballero, después de haber incorporado a su gobierno y elevado a categoría de ministra a Rosa Aguilar.

Con todo, el escenario es de tal volatilidad que apenas se pueden realizar estrategias más allá de unas semanas. En clave interna, la incertidumbre está asociada a la incógnita de cuándo abandonará Rubalcaba el Gobierno y si se celebrarán elecciones generales anticipadas en el mes de noviembre.

Mientras se intentan clarificar algunas de esas cuestiones y Griñán avanza en su pretendido viraje social, no debiera el presidente perderle la cara a lo ocurrido el pasado jueves en el Palacio de Congresos de Sevilla, donde la patronal andaluza hizo una auténtica exhibición de fuerza. Sería un error pensar que el acto obedece en exclusiva a las intenciones del Partido Popular de erosionar al Gobierno utilizando a la Confederación de Empresarios, que se ha posicionado claramente en las últimas fechas cerca de Javier Arenas. Es evidente que esa lectura es correcta, pero lo ocurrido va mucho más allá de esa visión cortoplacista. El jueves se vio en Fibes a centenares de pequeños, medianos y grandes empresarios hastiados de las trabas burocráticas de la administración. El 30J en Sevilla fue el día de los empresarios indignados que exigen reglas de juego claras para sus proyectos empresariales atascados en los despachos de la administración.

Demandan seguridad jurídica y celeridad en los pagos a los proveedores. Claman contra la arbitrariedad y el exceso de celo medioambiental que eterniza proyectos que generan riqueza y empleo. El dragado del río Guadalquivir es un buen ejemplo. Tras más de una década, aún no ha sido posible que el Puerto obtenga una autorización medioambiental. Pero lo peor es que tampoco tiene una negativa. Los meses y los años transcurren en una especie de limbo administrativo mientras se ponen en riesgo 17.000 empleos.

El paro es hoy el principal problema de Andalucía. Y la administración, además de favorecer la cultura emprendedora, debe aportar celeridad –no una burocracia desesperante– a las empresas que arriesgan su esfuerzo y su dinero en Andalucía; compañías que están dispuestas a aplicar la última tecnología medioambiental y resueltas a cumplir condiciones razonables de prevención, pero que se ven atrapadas en un laberinto administrativo que las lleva a la ruina. Esos gritos de los empresarios indignados del 30J son los que la administración también debe escuchar para que se genere riqueza y empleo.

Eso es lo urgente. Más allá de aquellos empresarios que hayan pretendido una utilización política del cónclave, predomina en ellos un sentimiento común de legítima indignación. Aplacarlo cuanto antes debiera ser prioridad de la administración, con arreglo a la legalidad y respeto al medio ambiente, pero con la convicción de que la urgente necesidad es la de crear empleo en Andalucía. Se puede ser sostenible sin tener que debilitar la economía. Así también se construye ese viraje social que debe favorecer el Gobierno andaluz.