Emilio Ruiz
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Durante el periodo de tiempo comprendido entre marzo de 2010 y marzo de 2011 un total de 23.443 pymes españolas cerraron sus puertas. Es decir, 781 cada mes o, lo que es lo mismo, 64 cada día. En Almería, en abril de 2011 había 18.269 empresas inscritas en la Seguridad Social , las mismas que en 2004 y 4.000 menos que en 2007. Las causas que motivan la desaparición de tantas empresas son muy variadas. Todas ellas tienen su raíz en la situación que atraviesa nuestro país. Disminuye el consumo, disminuye la demanda, disminuye la actividad y sobra oferta. El día que se comience a generar empleo habrá mayor capacidad de compra, mayor demanda y, por consiguiente, mayor oferta. Y a mayor oferta, más actividad, más empresas y más puestos de trabajo. El círculo, como se ve, es perfecto.
Hay, además, dos problemas muy graves que están deteriorando la capacidad de subsistencia de muchas pymes y autónomos. Uno de ellos es la restricción del crédito. El pequeño empresario español siempre ha sabido sobrevivir a situaciones delicadas, pero para ello ha tenido como fiel aliado a la banca, que en momentos críticos acudía en su ayuda. Hoy, la banca lucha no porque las empresas sobrevivan, sino por su propia supervivencia.
El otro problema está ocasionado por la propia administración pública. El Estado –y cuando hablamos del Estado hay que incluir a todas las administraciones públicas- es muy exigente con sus deudores y cumple mal con sus acreedores. Miles de pymes son embargadas cada día por no poder atender sus obligaciones tributarias. Y, también, miles de empresas cierran cada año porque les asfixian las deudas que con ellas tienen las propias administraciones públicas. Exactamente, 38.000 millones de euros. Inaguantable, pues.
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