Nada sobra, todo falta

Rafael Leopoldo Aguilera

Director del Instituto de Estudios Almerienses

Parece mentira que determinados cargos electos municipales no se hayan leído los estatutos que regulan la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. ¿Por qué no se ha convocado la sesión constitutiva de la Asamblea General de la FAMP tras las últimas elecciones municipales, para poner en marcha las funciones de la misma y la elección del presidente? ¿Cómo es posible que todavía, después de tres meses desde las elecciones municipales, sigan perteneciendo a la FAMP personas que no tienen la condición de alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas, y que no se haya convocado la sesión para la elección del presidente?

La FEMP y la FAMP son de las pocas entidades que tanto su permanencia como su funcionamiento tienen sentido, con arreglo a sus estatutos, en la Organización Territorial del Estado. Son entidades que racionalizan, ponderan y optimizan los recursos de las entidades locales, al tener como objetivos el fomento y la defensa de las autonomías locales, así como la representación y defensa de los intereses generales de las entidades locales ante otras administraciones públicas o instituciones privadas; la prestación, directamente o través de sociedades o entidades, a las corporaciones locales de aquellos servicios que sean de su interés; la difusión de las instituciones locales entre los ciudadanos y demás instituciones públicas y privadas; el desarrollo y consolidación del espíritu comarcal y de cooperación entre los municipios directamente, con el objetivo de mejorar los servicios, el desarrollo socioeconómico y las comunicaciones, y la promoción y el desarrollo de la cooperación internacional, de las políticas de igualdad y demás políticas sectoriales de las entidades locales.

A veces, los responsables de que los ciudadanos, que poco sabrán de qué es la FAMP, y más ahora con el conflicto de no convocar su asamblea general, comiencen a tener una visión desvirtuada de las funciones que debería de estar ejerciendo desde el mismo día 22 de mayo, con lo que está cayendo a nivel municipal y provincial, que están en la quiebra económica. Al final oiremos voces que también piden la supresión de la FAMP por tener mayoría para ser gobernado, tal y como está sucediendo con las Diputaciones Provinciales, que quieren convertirlas en "consejos de alcaldes", como si cambiar el nombre fuese suficiente para sacar del fondo del pozo la descentralización y desconcentración administrativa de los últimos treinta y cinco años.

¿Cómo va a ser presidida la FAMP por quien está diciendo el PSOE, cuando está muy claro en sus estatutos que el Presidente deberá de ser elegido en la asamblea general, la cual se constituye a nivel de votación con los votos de cada socio titular, expresados según una escala de población, atendiendo a la rectificación padronal de cada municipio incorporado en la FAMP? ¿Qué tendrá que ver si tienen más o menos concejales en su conjunto, y si ha sido por consenso anteriormente? Lo que hay que cumplir son los estatutos, y cumplir la norma en su totalidad.

Es necesario que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias asuma un mayor papel en la implementación de las políticas públicas municipales y provinciales, con total sujeción a los principios inspiradores de una mayor racionalización y optimización de los recursos humanos y materiales.

Ahora que se están cuestionando las provincias y los municipios con pocos recursos, por ser esta entidad quien puede suplir con garantía jurídica en la Organización Territorial del Estado, y a mayor abundamiento, en nuestra Andalucía, donde existen todavía muchas desigualdades en la gestión pública, con un especial papel, en la participación con sociedades o entidades prestadoras de servicios a las Corporaciones Locales, y cualquier otra actividad que favorezca el logro de los fines de la FAMP. No sobran, y menos aún cambiar un nombre por otro, las Entidades territoriales o institucionales del Título VIII de la Constitución, sino que cada una de ellas se dedique a lo que competencialmente le corresponde, con los recursos financieros suficientes, mayor control presupuestario por parte de la Cámara de Cuentas, y fiscalización por parte del Estado, así como evitar, por otro lado, la sobredimensión de recursos humanos afectos al régimen, y en su caso, sin proceso selectivo alguno que garantice los principios de profesionalidad, independencia e imparcialidad de la Función Pública.

Mañana veremos a ver con qué propuesta nos encontramos, ¡ah si!, en vez de llamarse municipios, las llamarán "agencias municipales", que es el mismo perro con distinto collar, que es lo que le gustan a ellos, crear confusión para seguir haciendo lo mismo, y si no, que miren la página web del empleado público de la Junta de Andalucía que lo han cambiado por el término "empleado" para politizar la Función Pública y ganar unos cuantos votos cautivos.