Investigar a la Policía Local de Almería

Teleprensa

Editorial

Desde que hace unos días la concejala socialista Déborah Serón denunciase una serie de irregularidades concernientes a la Policía Local de Almería, la redes sociales se han convertido en un hervidero donde los diferentes colectivos del cuerpo de seguridad mantienen una guerra sin cuartel en la que denuncian tratos de favor, enchufismo y en cierta medida hasta abusos de poder.

Uno de los casos que más llama la atención es la pregunta de por qué se necesitan en Almería más guardaespaldas que en los ayuntamientos del País Vasco. Como muestra se denuncia en reiteradas ocasiones que sólo el alcalde cuenta con cuatro a su servicio y cada uno de ellos con una retribución mensual superior a los 3.500 euros. Además hay otros tres asignados a otros tantos concejales con los mismos beneficios económicos y, por si fuera poco, las últimas oposiciones a la escala técnica fueron denunciadas con un acta notarial en la que un individuo daba unos meses antes el resultado de unas oposiciones.

Faltan policías, pero en las últimas hornadas no han faltado primos y hermanos de altos cargos del Partido Popular en la capital y por si fuera poco se denuncia que la fiscalía anticorrupción investiga, a instancias de denuncias formuladas por los propios agentes, comportamientos que presuntamente están fuera de Ley.

Cierto o no el hecho de que exista una fractura entre el jefe de la Policía Local y su concejala responsable, María Muñiz, o incluso con el propio alcalde de la capital, la situación exige un pronunciamiento al respecto por el mero hecho de que de esos agentes depende una parte de la seguridad del conjunto de los ciudadanos.