Manuel Recio
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía
Iniciamos el mes de septiembre y el PP vuelve al ataque utilizando el arma letal de la mentira. Diría mejor las medias verdades que, como todo el mundo sabe, son mucho peor que las mentiras. Vuelven a hacer del centro del debate político el conocido como caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), con la intención de darle una vuelta de tuerca más y exprimirle hasta la última gota de rédito electoral que pudieran obtener de él. No comparto esta manera de hacer política, pero no voy a rehuir tampoco el debate sobre la actuación que desde la Consejería de Empleo estamos llevando a cabo.
Lo he dicho públicamente ante la sociedad andaluza y el Parlamento de Andalucía: me avergüenza, como ciudadano y como socialista, que cualquier persona pueda aprovecharse de lo público, sea en beneficio propio o de terceros. Me da igual su profesión, apellidos, origen, empresa, sindicato o partido político al que pertenezca. Cuando antes de dedicarme a la política veía estos casos, de los que no sólo he conocido en el ámbito público sino también el privado, siempre pensé que había que actuar de la siguiente forma: en primer lugar, teniendo un conocimiento profundo y lo más imparcial posible de los hechos que habían ocurrido; en segundo lugar, en el caso de encontrar evidencias de irregularidades, poniéndolo en conocimiento de las instancias administrativas y/o judiciales oportunas; y, por último, tratando de recuperar hasta el último céntimo que pudiera haber estado mal utilizado.
Es así como hemos actuado también en el caso de los ERE. Se nombraron grupos de investigación independientes, formados por funcionarios de la Consejería de Empleo, para tener el conocimiento más objetivo e imparcial posible de los hechos que hubieran ocurrido. Cuando se detectó algún problema, se trasladó inmediatamente a la Justicia para que delimitara las posibles responsabilidades que pudieran concurrir. Y, por último, se están adoptando las medidas administrativas oportunas para que se pueda recuperar hasta el último céntimo que pudiera estar mal utilizado.
De la investigación interna realizada se concluyó que aproximadamente el 1% de la actividad de apoyo sociolaboral de la Junta de Andalucía realizada en los 10 últimos años podría tener problemas. La Justicia determinará. Mientras tanto, el PP parece haber encontrado la gallina de los huevos de oro. Y para ello no deja de utilizar las medias verdades. La última es acusar al Gobierno andaluz de ocultar a la juez encargada del caso un total de 327 expedientes.
Existe una partida presupuestaria anual, la 31L, recogida en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, pública y transparente, conocida por el PP y por toda la Cámara, fiscalizada y sometida a los controles de fiscalización e intervención habituales, debatidas en el Parlamento andaluz y conocida por todos.
La Junta de Andalucía ha enviado a la jueza 67 expedientes en los que encontró indicios de irregularidad o anomalías, y envió asimismo un listado con la relación completa de ayudas del fondo 31 L, por si la jueza quería reclamar más información. No sólo no se le ha ocultado nada a la Justicia, sino que como siempre hemos mantenido la máxima colaboración porque somos los primeros interesados en que se aclare todo, y recuerdo asimismo que fuimos los primeros denunciantes. Pero además, el PP miente a sabiendas, porque una comisión de su partido estuvo durante dos días revisando en la Consejería de Empleo todos los expedientes del Fondo 31 L y los tuvo a su entera disposición.
Y lo peor no es que mienta a la opinión pública y que genere un grado de alarma que en nada ayuda a los andaluces en estos momentos tan difíciles. Lo más terrible es que, con el único objetivo de sacar el mayor rédito electoral posible, el PP está generando una intranquilidad infundada en las cientos de familias que tienen una prejubilación absolutamente merecida y legal.
No comparto esa manera de hacer política que está desarrollando el PP. No es lo que los ciudadanos nos demandan día a día. Luz y taquígrafos, caiga quien caiga. Ese fue mi compromiso ante el Parlamento de Andalucía y, por lo tanto, ante los andaluces. Y pienso cumplirlo.
Es así como hemos actuado también en el caso de los ERE. Se nombraron grupos de investigación independientes, formados por funcionarios de la Consejería de Empleo, para tener el conocimiento más objetivo e imparcial posible de los hechos que hubieran ocurrido. Cuando se detectó algún problema, se trasladó inmediatamente a la Justicia para que delimitara las posibles responsabilidades que pudieran concurrir. Y, por último, se están adoptando las medidas administrativas oportunas para que se pueda recuperar hasta el último céntimo que pudiera estar mal utilizado.
De la investigación interna realizada se concluyó que aproximadamente el 1% de la actividad de apoyo sociolaboral de la Junta de Andalucía realizada en los 10 últimos años podría tener problemas. La Justicia determinará. Mientras tanto, el PP parece haber encontrado la gallina de los huevos de oro. Y para ello no deja de utilizar las medias verdades. La última es acusar al Gobierno andaluz de ocultar a la juez encargada del caso un total de 327 expedientes.
Existe una partida presupuestaria anual, la 31L, recogida en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, pública y transparente, conocida por el PP y por toda la Cámara, fiscalizada y sometida a los controles de fiscalización e intervención habituales, debatidas en el Parlamento andaluz y conocida por todos.
La Junta de Andalucía ha enviado a la jueza 67 expedientes en los que encontró indicios de irregularidad o anomalías, y envió asimismo un listado con la relación completa de ayudas del fondo 31 L, por si la jueza quería reclamar más información. No sólo no se le ha ocultado nada a la Justicia, sino que como siempre hemos mantenido la máxima colaboración porque somos los primeros interesados en que se aclare todo, y recuerdo asimismo que fuimos los primeros denunciantes. Pero además, el PP miente a sabiendas, porque una comisión de su partido estuvo durante dos días revisando en la Consejería de Empleo todos los expedientes del Fondo 31 L y los tuvo a su entera disposición.
Y lo peor no es que mienta a la opinión pública y que genere un grado de alarma que en nada ayuda a los andaluces en estos momentos tan difíciles. Lo más terrible es que, con el único objetivo de sacar el mayor rédito electoral posible, el PP está generando una intranquilidad infundada en las cientos de familias que tienen una prejubilación absolutamente merecida y legal.
No comparto esa manera de hacer política que está desarrollando el PP. No es lo que los ciudadanos nos demandan día a día. Luz y taquígrafos, caiga quien caiga. Ese fue mi compromiso ante el Parlamento de Andalucía y, por lo tanto, ante los andaluces. Y pienso cumplirlo.
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