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Editorial

Que la oposición del PSOE se ande con paños calientes en Almería era de esperar, apenas tienen puestos donde colocar a su gente y no quieren exponerse a la pérdida de prerrogativas llegadas con acuerdos que van más allá de lo estrictamente legal en cuanto a asignaciones económicas, pero no son los únicos a los que la política de recortes y rodillo parece haber congelado. Los propios medios de comunicación dan hoy una lección de lo que nunca debería haber pasado.

Si hace un par de años publicaban nombres y fotos de asesores de la Diputación Provincial contratados por el PSOE o el PAL, con parentescos incluidos, hoy la mayoría absoluta parece haber coartado esa defensa de lo público que se hacía hace unos meses, porque el detonante real del nuevo escándalo en torno a los asesores de la Diputación no se ve en las páginas impresas.

Y ese detonante no es otro que el hecho de que Guadalupe Hueso Salas, esposa del alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendor, ocupe un cargo de asesora de Diputación, contratada por designación directa, sin que a día de hoy se sepa qué cualificación profesional tiene esa persona. Pero mucho más lamentable es que en un país con casi cuatro millones y medio de parados, cinco según el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, una única familia sin hijos directos a su cargo sume más de 10.000 euros mensuales de sueldo que llegan desde las arcas del estado sin haber mediado concurso o examen. No, no es precisamente un buen ejemplo de que aún quede algo de dignidad.